Jueza difirió para el viernes fallo sobre coerción a implicados en Operación Falcón

La jueza de la Oficina de Atención Permanente de Santiago, Iris Borgen Santana, difirió para el próximo viernes a las 11:00 de la mañana su decisión sobre las solicitudes de medidas de coerción contra 23 personas implicadas en la supuesta red de lavado de activos y narcotráfico desmantelada mediante la Operación Falcón.

El Ministerio Público pide 18 meses de prisión contra 17 y arresto domiciliario para los seis restantes. Además, que el caso sea declarado complejo.

La prisión preventiva fue pedida contra María Olimpia Tavares Rodríguez (Oli y/o La Princesa); Juan Maldonado Castro (Marcial y/o El Líder), Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera (El Gordo), Luis Daniel Nieves Batista, Adolfo Antonio Torres Sanabia (Tony y/o Presidente), Julio César Jiménez Talavera (domínico-venezolano) y Juan Bautista Carpio Reynoso.

También, José Alejandro de la Cruz Morales (Omar La Moña); Raúl Antonio Castro Mota, Yana Iris Maldonado Castro, Lenin Bladimir Torres Bueno, Marisol López Ceballos, Delfina Asunción Polanco, Erich Fernando Meléndez Gómez, José Miguel Castillo Taveras (Migue), Elva Teresa Polanco y Felipe Espino Germán.

El arresto domiciliario fue solicitado para Amadeo Garibaldi Read Ruiz, Javier Antonio Tavárez, Ana Margarita Collado, Andrés Guzmán Collado, Angélica Maldonado y Juan Carlos Durán.

Rafaelina Torres, representante legal de Andrés Guzmán Collado, aseguró que el Ministerio Público no cuenta con evidencias que vinculen a su defendido a la supuesta organización.

A juicio de Elvin Acosta, abogado de otro de los imputados que no fue favorecido con la decisión del órgano, la acusación del Ministerio Público se cae con la variación de las medidas a seis de los encartados.

Entiende que la magistrada Borgen Santana debe otorgar la prisión domiciliaria a todos los encartados “porque no sostienen bien el expediente y se desvanece”.

El grupo de 23 está vinculado a imputación de tráfico internacional de drogas, tráfico de armas, lavado de activos, financiamiento ilícito de campañas y asociación de malhechores.

Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dijo esperar que el tribunal acoja la solicitud que hace el Ministerio Público por la cantidad de pruebas que, según dice, aportó el órgano acusador.

Indicó que cuentan con conversaciones telefónicas que comprometen a los imputados con la red.

“Además, esperamos que la jueza acoja el pedimento por la debilidad de los argumentos de las defensas”, externó Camacho.

Sobre la variación de la solicitud de prisión preventiva por arresto domiciliario a seis de los implicados, el funcionario judicial explicó que el Ministerio Público decidió flexibilizar la solicitud ya que los seis están decididos a colaborar con la investigación.

Cabecilla

Según la acusación, Erick Randhiel Mosquea Polanco, quien está prófugo, es el presunto cabecilla de la red de lavado y narcotráfico desmantelada mediante la Operación Falcón. Conocido también como Rodolfo Beltrán, El Sony 7, El Chiquito, El Hombre y/o Chite, operaba la organización desde Santiago.

La supuesta red fue desmantelada durante la realización de más de 100 allanamientos en distintos puntos del país. En esos operativos fueron ocupados vehículos, relojes costosos y varios millones de dólares en efectivo.

La solicitud de medidas de coerción fue depositada por el Ministerio Público el día 10 de septiembre y se ha extendido por casi un mes.

Otros implicados

El Ministerio Público también vincula a la supuesta organización a Juan Carlos Mosquea Eduardo y a Alejandro Rafael Pérez Pérez, hermano y padrastro del presunto cabecilla de la organización, respectivamente. Ambos serán presentados ante el juez de Atención Permanente de Santiago. A Pérez Pérez conocerán la medida el próximo jueves y a Mosquea Eduardo el miércoles 13.