¿Qué establece la ley sobre las licencias de los funcionarios?

La noche del miércoles, el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, informó que solicitó al presidente una licencia de sus funciones después de revelarse que un hijo suyo está entre los implicados en el caso Operación Medusa, que encabeza el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez.

Al hacer el anuncio, Macarrulla expresó que hacía la solicitud de “conformidad con las facultades establecidas en la Ley de Función Pública (41-08)”, pero ¿qué establece esa norma en cuanto a ese derecho que poseen los empleados y funcionarios públicos?

El artículo 58 de la mencionada ley incluye las licencias y los permisos entre los “derechos individuales” de los empleados públicos y explica, en el artículo 56, que la diferencia entre ambas es que la primera es “toda dispensa de asistir al trabajo que exceda los tres (3) días”, mientras que la segunda es menor a ese período de tiempo.

Contempla la “licencia ordinaria sin sueldo” y las “licencias especiales con o sin disfrute de sueldo”, pero en su mensaje por las redes Macarrulla no especifica a cuál de éstas se acogió.

Además de la Ley 41-08, las licencias también están reguladas por el decreto 523-09, que aprueba el Reglamento de Relaciones Laborales en la Administración Pública, en su artículo 74 y 75.

La ley 41-08 estatuye que “las autoridades competentes pueden conceder a los servidores públicos” diferentes licencias, las cuales se incluye por enfermedad, matrimonio, por causa de fuerza mayor, pre y post natal, entre otras.

Según el expediente acusatorio de Operación Medusa, la empresa MAC Construcciones, ligada a la familia del ministro de la Presidencia, está involucrada en este caso y es regenteada por su hijo Lisandro José Macarrulla Martínez.

Macarrulla:“Avalo todo lo que esa empresa hizo”

En una entrevista en el programa El Dia el pasado año, el ministro de la Presidencia informó que cuando la empresa MAC Construcciones fue adjudicada como contratista para levantar la cárcel La Nueva Victoria, en ese momento él ya tenía dos años trabajando en la campaña del candidato del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader.

La Nueva Victoria no está en funcionamiento porque supuestamente tiene vicios en su edificación, conforme al Ministerio Público

“Había anunciado públicamente que me había retirado de los negocios inclusive, pero ese no es el problema, porque esa es una empresa que pertenece a un grupo familiar que inclusive yo presidí por mucho tiempo, aunque en ese momento no la estaba presidiendo y yo avalo todo lo que esa empresa hizo y particularmente en ese caso (el de La Nueva Victoria)”, dijo.

Sostuvo que MAC Construcciones tiene muchos años de creada y fue a concurso público, por lo que no se originó exclusivamente para ese contrato.

La acusación que hace el Ministerio Público a las 22 empresas sometidas junto a 42 personas en el caso Medusa, es haber pagado un “peaje” del 20 por ciento del monto total del contrato a favor de los integrantes de la red para ser favorecidas con las adjudicaciones.

A Jean Alain Rodríguez y a sus principales colaboradores en la Procuraduría General de la República se les atribuye haber estafado al Estado con más de 6,000 millones de pesos.

Solicitaron licencias y fueron finalmente destituidos

Aunque no es el caso de Macarrulla por no ser él imputado en ningún caso, varios funcionarios han solicitado licencias al presidente Luis Abinader después de ser señalados por irregularidades en sus funciones o por acusaciones de otra índole, y finalmente han sido destituidos por el mandatario.

Entre esos ahora exfuncionarios se incluyen los exdirectores del Instituto Postal Dominicano (Inposdom), Adán Peguero, y del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Leonardo Faña.

Adán Peguero solicitó una licencia de tres meses luego que fuera acusado  de contratar de manera irregular a la empresa extranjera Mia Cargo y meses después el Poder Ejecutivo lo suspendió.

A Faña se le destituyó también mientras estaba de licencia, la que pidió para enfrentar una acusación de agresión sexual que le hizo la encargada financiera del IAD.

Asimismo, la exministra de la Juventud, Kimberly Taveras, primeramente pidió una licencia "sin disfrute de sueldo" y dos meses después ella misma renunció al cargo por las investigaciones en su contra por tráfico de influencia, debido a que sus empresas tenían contratos con varios ayuntamientos en violación a la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas.

La sustituta de Taveras en el Ministerio de la Juventud fue involucrada en manejos irregularidades durante una licitación, no solicitó licencia, pero fue cancelada por el jefe de Estado.