Violencia intrafamiliar sigue como el delito más denunciado, pese a reducción de feminicidios
El informe presentado por el presidente Luis Abinader revela impacto en huérfanos y avances institucionales
La violencia intrafamiliar continúa encabezando las estadísticas como el delito más denunciado en la República Dominicana, según el informe presentado ayer por el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional en LA Semanal. El mandatario expuso datos actualizados sobre la evolución de la violencia de género en la última década, un periodo en el que se han registrado 842,288 denuncias por violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales.
La cifra equivale a más de 230 denuncias cada día durante diez años consecutivos, lo que revela la persistencia de un problema que desborda los ámbitos policial y judicial y se instala como una crisis social de amplio alcance.
El informe subraya que la mayoría de los hechos violentos ocurre dentro del hogar, lo cual profundiza el riesgo al que se exponen mujeres, niñas, niños y adultos mayores. Como explicó el presidente, esta característica convierte a la violencia intrafamiliar en un delito particularmente complejo, pues suele desarrollarse en espacios privados, con fuertes vínculos emocionales y económicos entre víctima y agresor, y con limitadas oportunidades para escapar o denunciar sin peligro inmediato.
Feminicidios bajan
A pesar de ese panorama, Abinader destacó un dato que el Gobierno considera alentador: los feminicidios se redujeron en un 28.17 % al pasar de 71 casos en 2024 a 51 en 2025. Se trata, dijo, de “la disminución más significativa de los últimos años”, lo cual atribuyó a la ampliación de medidas de protección, a la intervención temprana de las autoridades y a la mayor articulación entre las instituciones del sistema de justicia. Sin embargo, el presidente reconoció que ninguna reducción estadística elimina el sufrimiento causado por este delito ni atenúa sus efectos colaterales.
Uno de los indicadores más dramáticos incluidos en la presentación fue el número de niños y niñas huérfanos a causa de feminicidios: 54 menores quedaron sin madre en 2024, una cifra que da cuenta del impacto traumático de la violencia en la infancia. Muchas de estas víctimas colaterales requieren apoyo psicológico, acompañamiento institucional y, en muchos casos, soluciones de cuidado familiar o estatal.
Respuesta del Estado
El informe también mostró un incremento sustancial en la capacidad de respuesta del Estado. Durante 2025, las unidades especializadas del Ministerio Público brindaron 42,542 atenciones a víctimas de violencia intrafamiliar, mientras que las medidas de protección alcanzaron una tasa de efectividad del 84 %. Asimismo, 12,354 hombres participaron en programas de intervención conductual, una estrategia orientada a modificar patrones de agresión y disminuir la reincidencia.
El presidente detalló además que el Ministerio de la Mujer ofreció 563,833 atenciones en 2025, entre asesoría legal, apoyo psicológico y acompañamiento en procesos judiciales. En ese mismo período, los tribunales emitieron 13,316 sentencias favorables para víctimas, lo que refleja —según Abinader— una mayor coordinación interinstitucional y un fortalecimiento de las rutas de denuncia y protección.
Programa Puntos VIDA
La presentación también incluyó la puesta en marcha del programa Puntos VIDA, una red de espacios seguros diseñada para ofrecer refugio y asistencia inmediata a mujeres en riesgo. Abinader junto a la ministra de Interior, Faride Raful, explicó el alcance.
El mandatario dijo que muchas víctimas no pueden llamar al 9-1-1 frente a su agresor, no tienen acceso rápido a una fiscalía o sufren agresiones cuando están en la vía pública o en establecimientos.
Puntos VIDA pretende llenar ese vacío mediante la habilitación de espacios públicos y privados donde personal capacitado pueda brindar resguardo temporal y conectar a la víctima con los servicios de emergencia, siguiendo un protocolo de actuación claro y sin revictimización.
La meta, según el presidente, es que ninguna mujer esté a más de unos minutos de un espacio seguro. Para lograrlo, todas las instituciones del gobierno deberán certificarse primero, y luego el programa se expandirá al sector privado, incluyendo supermercados, plazas, bancos, estaciones de combustible y centros de salud.