Noticias que fueron tendencia

Durante la última semana, cinco informaciones marcaron la conversación pública y se posicionaron entre las de mayor impacto en Diario Libre. Desde decisiones judiciales en Estados Unidos hasta cambios administrativos locales y medidas económicas, los temas captaron la atención por sus implicaciones legales, financieras e institucionales.

Exjefe de la DEA en RD enfrenta cargos federales por presunta venta irregular de visas

Melitón Cordero, quien fue jefe de la oficina de la Drug Enforcement Administration (DEA, por sus siglas en inglés) en la República Dominicana, fue arrestado el 12 de febrero en Washington, D.C., y enfrenta cargos federales por conspiración para cometer soborno y fraude de visas. La acusación fue inicialmente sellada y posteriormente hecha pública por un tribunal del Distrito de Columbia.

En su primera comparecencia ante el juez magistrado G. Michael Harvey, la fiscalía no solicitó prisión preventiva, por lo que Cordero fue dejado en libertad bajo reconocimiento personal. Esto significa que no pagó fianza en efectivo, pero debe cumplir condiciones judiciales y presentarse a todas las citaciones del proceso.

La Fiscalía sostiene que Cordero habría utilizado su posición dentro de la embajada estadounidense en Santo Domingo para agilizar al menos 119 solicitudes de visa hacia Estados Unidos. Según la denuncia, las solicitudes eran presentadas como si los interesados fueran “fuentes confidenciales valiosas” para investigaciones, aunque muchos nunca habían colaborado con la agencia.

La investigación incluyó una operación encubierta de Homeland Security Investigations en la que una fuente confidencial entregó US$7,000 en efectivo en un estacionamiento en Santo Domingo, como parte de un pago total de US$10,000 para acelerar la cita y la aprobación de una visa estadounidense. La transacción fue documentada bajo vigilancia federal, según informaron los medios.

El caso se inició tras la denuncia de un exempleado de la embajada de EE. UU. en Santo Domingo, lo que llevó a las autoridades federales a abrir la investigación. Mensajes y coordinación entre intermediarios y el teléfono asociado a Cordero fueron interceptados por investigadores, evidenciando cómo se publicitaba el acceso rápido a citas y visas.

La audiencia preliminar está programada para el 6 de marzo ante el juez magistrado Matthew J. Sharbaugh en la Corte del Distrito de Columbia, donde se evaluará si hay causa probable para que el caso avance hacia una acusación formal del gran jurado. El proceso se encuentra en sus etapas iniciales, y Cordero es considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario en juicio.

Nueva licencia de conducir comenzará a emitirse el 2 de marzo

El establecimiento del 2 de marzo de 2026 como fecha de inicio para la emisión del nuevo formato de licencia concentró gran interés ciudadano por tratarse de un documento de uso cotidiano.

Las autoridades detallaron que el rediseño incluirá elementos de seguridad reforzados y ajustes visuales, alineados con estándares internacionales en materia de identificación.

La coincidencia temporal con la aclaración sobre las licencias vigentes permitió comprender mejor el calendario de transición hacia el nuevo modelo.

El tema también generó atención por el impacto operativo que supone actualizar sistemas y capacitar personal en los puntos de expedición.

La precisión sobre la fecha dio certidumbre a los conductores y se convirtió en uno de los contenidos más consultados de la sección Ciudad.

Millonaria indemnización por Hoyo Claro marca precedente sobre áreas protegidas

El Estado dominicano deberá pagar RD$313.7 millones a propietarios de terrenos ubicados dentro del Monumento Natural Hoyo Claro, en Higüey, tras agotarse sin éxito todos los recursos judiciales interpuestos por el Ministerio de Medio Ambiente.

La decisión quedó firme luego de que el Tribunal Constitucional rechazara el último recurso, ratificando el fallo del Tribunal Superior Administrativo (TSA).

El conflicto se originó por la declaratoria de esos terrenos como área protegida mediante la Ley 202-04, lo que limitó su uso y generó reclamaciones de los dueños por afectación a su derecho de propiedad.

El TSA determinó que la creación del área protegida implicó, en la práctica, la integración de esas parcelas al dominio público, lo que obligaba al Estado a indemnizar a sus propietarios.

La sentencia estableció el pago de 313,686,600 pesos por una extensión de 1,045,622 metros cuadrados, calculados a 300 pesos por metro cuadrado. El monto se fijó como valor intermedio entre la tasación de los propietarios, que solicitaban más de 500 pesos por metro, y la estimación oficial de Catastro Nacional, que era considerablemente menor.

El Ministerio de Medio Ambiente argumentó en los tribunales que declarar un área protegida no constituye una expropiación y que los propietarios podían mantener sus derechos, pero los jueces consideraron que la restricción del uso de los terrenos afectó el derecho fundamental de propiedad.

Tras perder en el TSA en 2023, las autoridades recurrieron en casación ante la Suprema Corte de Justicia, que declaró inadmisible el recurso por aspectos procesales. Posteriormente, el Tribunal Constitucional también rechazó revisar el caso, dejando la sentencia definitiva y obligando al pago a través de Bienes Nacionales.

A quienes tienen deudas atrasadas, la DGII le ofrece hasta 70 % de descuento en recargos

La decisión de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) de otorgar hasta un 70 % de descuento en recargos por deudas atrasadas despertó gran interés entre contribuyentes individuales y empresas.

La medida busca incentivar la regularización fiscal mediante facilidades temporales, lo que representa una oportunidad para ponerse al día sin asumir la totalidad de penalidades acumuladas.

 El anuncio detalló los plazos y condiciones para acogerse al beneficio, lo que impulsó consultas sobre montos pendientes y procedimientos de pago.

En un contexto económico desafiante para algunos sectores, la disposición fue vista como un alivio que podría dinamizar ingresos tributarios sin recurrir a nuevas cargas.

El impacto potencial en miles de contribuyentes convirtió esta noticia en una de las de mayor circulación en la sección Economía.

Puertos digitales y proyecto de Google colocan a la República Dominicana en otro nivel

El impulso a la infraestructura tecnológica y a la conectividad internacional colocó en el centro de la agenda pública el anuncio de la construcción de puertos digitales en la República Dominicana.

La combinación de decisiones oficiales y la inversión de una multinacional tecnológica convirtió el tema en uno de los de mayor repercusión informativa de la semana.

La declaración de interés nacional para el desarrollo de puertos digitales y sistemas de cables submarinos marcó un paso estratégico en la política tecnológica del país. La medida gubernamental busca fortalecer la infraestructura de conectividad y posicionar a la República Dominicana como punto clave en el intercambio global de datos.

El anuncio cobró mayor dimensión tras confirmarse que Google construirá en territorio dominicano su primer puerto digital en América Latina, lo que representa una inversión significativa en infraestructura de telecomunicaciones y servicios tecnológicos de última generación.

El proyecto contempla la instalación de un centro de intercambio digital con tecnología de alta capacidad y la conexión mediante cables submarinos que enlazarán directamente al país con Estados Unidos, ampliando las opciones de conectividad internacional y reduciendo la latencia en la transmisión de datos.

Autoridades y representantes del sector tecnológico destacaron que la iniciativa fortalece el posicionamiento de la República Dominicana como nodo estratégico para el flujo de información en la región, con potencial para atraer nuevas inversiones en innovación, servicios digitales y economía del conocimiento.