Los entre líneas de un crimen cometido por tres menores y un velorio a donde no llegó el cadáver

La última vez que Antonio Paul preparó una lona fue para esperar a su sobrina muerta. La extendió frente a la casa, acomodó varias sillas plásticas y aguardó bajo el calor pesado de la tarde. En barrios pobres dominicanos, los velorios comienzan así: vecinos que llegan despacio, café servido en vasos desechables, murmullos contenidos, niños jugando cerca del dolor. Pero aquella noche nadie vino a despedir a la adolescente de 14 años. El cuerpo nunca llegó.

Las horas pasaron y Antonio terminó desmontándolo todo. La muchacha seguía retenida entre trámites, papeleos y errores de identificación. Ni siquiera el duelo parecía sencillo para aquella familia acostumbrada a sobrevivir entre precariedades.

Días antes, la niña, haitiana, había muerto dentro de un centro de acogida del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), en San Antonio de Guerra. La llevaron al baño con una mentira pequeña, casi doméstica, una frase que suele anunciar cumpleaños, regalos o secretos entre adolescentes.

“Ven, que tenemos una sorpresa para ti”.

Le vendaron los ojos y minutos después estaba muerta.

La historia es el expediente

Según la reconstrucción del Ministerio Público, varias menores la condujeron hasta el baño mientras unas treinta adolescentes dormían en el pabellón. Allí la derribaron al suelo. Dos la sujetaron. Otra utilizó el amarre de un pantalón para asfixiarla. Una interna observó parte de la escena desde su cama, paralizada por el miedo. Después vendrían los intentos de simular un accidente, el silencio espeso de la madrugada y la llegada tardía del espanto.

El expediente judicial describe la secuencia con una frialdad administrativa. Pero detrás de cada línea emerge una pregunta más perturbadora: ¿cómo puede instalarse tanta crueldad en muchachas que apenas comienzan la vida?

La adolescente llevaba apenas nueve días bajo custodia estatal. Había llegado desde Pedernales después de una cadena de pérdidas demasiado grandes para sus catorce años. Su padre había muerto. Su madre sufría problemas de salud mental. Familiares intentaban ofrecerle en Santo Domingo una oportunidad distinta. Quienes la conocieron hablan de una niña tranquila, estudiosa, siempre sonriente.

Por eso la frase de su tío matiza toda esta historia:

“No fue un perro que mataron. Fue una niña y es mi familia”.

Comunicado de Conani

Mientras la indignación pública crecía, el Conani intentó explicar cómo pudo ocurrir el crimen dentro de un lugar concebido precisamente para proteger menores vulnerables.

La presidenta ejecutiva de la institución, Ligia Pérez Peña, aseguró que el pabellón donde ocurrió la muerte cumplía, al menos formalmente, con los protocolos establecidos: treinta adolescentes bajo supervisión de dos guías y una custodia militar.

“Sí estaba el personal con ellas”, afirmó. Según explicó, el reglamento exige una guía por cada quince niñas y acompañamiento permanente incluso para acudir al baño.

Pero la tragedia ocurrió precisamente en el pequeño vacío que abrió la rutina.

Las coincidencias que sorprenden

Alrededor de las 12:30 de la madrugada, ambas guías descendieron para recibir a otra menor trasladada por agentes de la Policía Nacional. La custodia militar permaneció arriba. Las guías regresaron poco después acompañando a la recién llegada, buscando acomodarla y entregarle un kit de higiene personal. Para entonces, según la hipótesis investigativa, el crimen ya se había consumado.

La explicación institucional intenta ordenar la secuencia. Pero no consigue disipar la sensación más inquietante: bastaron unos minutos de descuido para que una adolescente fuera asesinada por otras menores dentro de un sistema diseñado para evitar precisamente ese tipo de violencia.

Más desconcertante aún resulta el perfil de la presunta ideóloga del crimen. Pérez Peña reveló que la adolescente de 17 años llevaba apenas trece días en el hogar de paso y que, hasta entonces, no había mostrado señales de agresividad.

“Nunca dio indicación de que tenía niveles de violencia”, dijo la funcionaria. “Al contrario, cuando la víctima llegó se adaptó muy bien al lugar y llevaba buena relación con la niña, incluso la peinaba”.

Esa imagen —una muchacha peinando cariñosamente a otra adolescente pocos días antes de participar presuntamente en su asesinato— termina de romper cualquier intento sencillo de comprensión.

Tras el crimen, tres menores fueron enviadas durante treinta días a un Centro de Atención Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses entregó posteriormente el cuerpo de la víctima a sus familiares. Mientras tanto, el Conani anunció la suspensión del personal que se encontraba de servicio aquella madrugada, el reforzamiento de la vigilancia nocturna y la separación de las adolescentes acogidas en grupos más pequeños, acompañados por intervención psicológica individual y colectiva.

¿De quién es la culpa?

La institución insiste en que colaboró desde el primer momento con el Ministerio Público y recuerda que la víctima llegó al sistema después de que médicos del Hospital San Lorenzo de Los Mina detectaran una situación de vulnerabilidad extrema y notificaran el caso a las autoridades. Según la versión oficial, incluso hubo que recurrir a una acción de amparo para conseguir un cupo en hogares de paso debido a la saturación del sistema.

Pérez Peña también rechazó las acusaciones de familiares que afirman que la adolescente fue retenida injustamente bajo tutela estatal.

“No es Conani que decide quedarse con la niña”, sostuvo. “Fue una disposición del Ministerio Público mientras se investigaba una situación de vulnerabilidad”.

Es fácil convertir al Conani en el único acusado. Y, sin embargo, basta mirar el origen de muchas de esas menores para comprender que la tragedia comenzó mucho antes de aquella madrugada. Hogares rotos. Violencia doméstica. Abuso. Abandono. Hambre material y emocional. Muchachas educadas en la ley brutal del “sálvese quien pueda”.

La propia declaración institucional deja entrever esa realidad cuando admite la complejidad de los perfiles que llegan a los centros de acogida: adolescentes marcadas por años de dolor, negligencia y fracturas familiares imposibles de reparar rápidamente. “Intentar reparar 15, 16 y 17 años de dolor con nuevas oportunidades”, escribió el organismo en uno de los párrafos más reveladores de su comunicado.

Los hogares de paso terminan funcionando como salas de emergencia para infancias destruidas antes de tiempo: pocos psicólogos, personal exhausto, protocolos que dependen demasiado de márgenes mínimos de control y una sociedad que suele entregar tarde aquello que ya no sabe cómo cuidar.

Nada de eso disminuye el horror. Tampoco responde las preguntas esenciales. ¿Dónde falló realmente la vigilancia? ¿Qué señales fueron ignoradas? ¿Cómo pudo planearse un crimen así en un espacio diseñado para proteger?