El Consejo del Poder Judicial aprueba 28 traslados de jueces de paz en el país
Los traslados voluntarios de magistrados impactarán ocho de los once departamentos judiciales, lo que permitirá una mejor distribución de la carga laboral y una respuesta más eficiente en las jurisdicciones con mayores necesidades
El Consejo del Poder Judicial (CPJ) aprobó la presentación de 28 traslados de jueces y juezas de paz en distintos puntos del país, como parte de una estrategia de movilidad institucional orientada a fortalecer la prestación del servicio judicial y optimizar la distribución de los recursos humanos en los tribunales.
La decisión fue adoptada durante la sesión ordinaria núm. 14-2026 del órgano de gobierno del Poder Judicial y contempla traslados voluntarios de magistrados de una localidad a otra, luego de evaluar las necesidades de los tribunales y las solicitudes realizadas por los propios jueces.
De acuerdo con el CPJ, la medida busca contribuir a una mejor distribución de la carga laboral entre los tribunales, fortalecer la capacidad de respuesta en las jurisdicciones con mayores necesidades y reducir los tiempos de desplazamiento de los magistrados beneficiados.
Jueces de paz piden mejores condiciones laborales
Impacto de los traslados en la distribución judicial y recursos humanos
Asimismo, se informó que los jueces trasladados conservarán sus derechos adquiridos, antigüedad y trayectoria dentro de la Carrera Judicial.
La redistribución de las plazas impactará ocho de los once departamentos judiciales del país. Del total de traslados aprobados, uno corresponde al Distrito Nacional, cuatro a Santo Domingo, siete a San Cristóbal, dos a Santiago, cinco a La Vega, dos a San Francisco de Macorís, uno a Puerto Plata y seis a San Pedro de Macorís.
El Consejo del Poder Judicial destacó que estas movilizaciones también permitirán la apertura de vacantes en distintas demarcaciones, lo que facilitará la incorporación de nuevos profesionales formados en la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ).
- Con esta iniciativa, el órgano procura fortalecer la eficiencia del sistema judicial y garantizar una mejor respuesta a las necesidades de los usuarios en las distintas jurisdicciones del país.