Artículo sobre difamación podría generar miedo a denunciar, advierte Persio Maldonado

Persio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), advirtió que las disposiciones sobre difamación e injuria incluidas en el nuevo Código Penal podrían generar temor entre periodistas, medios de comunicación y ciudadanos que realizan denuncias de interés público.

Maldonado expresó preocupación por el artículo 208 de la nueva legislación, que establece sanciones de prisión y multas para quienes sean hallados culpables de difamación a través de medios escritos, audiovisuales, radio, televisión, plataformas digitales, redes sociales y otros canales electrónicos.

"Es una disposición contraria a lo que ya el Constitucional había decidido o ha decidido en una sentencia anterior a este código", afirmó al referirse a decisiones previas del Tribunal Constitucional sobre la prisión por difamación e injuria.

El periodista entiende que las disposiciones deben analizarse en conjunto con otros artículos del Código Penal relacionados con la difamación y la injuria, debido a que amplían su alcance a las nuevas formas de comunicación digital.

A su juicio, el Poder Legislativo intentó responder a denuncias sobre el uso de plataformas de comunicación para desacreditar personas o realizar presuntas extorsiones, pero considera que la solución adoptada podría generar nuevos conflictos jurídicos y tensiones con criterios previamente establecidos por el Tribunal Constitucional.

Lo que establece el artículo 208

El artículo 208 define la difamación como la imputación pública a una persona física o jurídica de un hecho concreto que afecte su honor, consideración, dignidad, imagen, buen nombre o integridad familiar.

La disposición contempla penas de dos a cinco años de prisión menor y multas de nueve a quince salarios mínimos del sector público para quienes incurran en este delito mediante cualquier medio de difusión.

Según Maldonado, la posibilidad de enfrentar consecuencias penales podría afectar el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a denunciar situaciones de interés público.

Las excepciones previstas en el Código

Aunque el artículo 208 endurece las sanciones por difamación, el nuevo Código Penal también establece excepciones.

El artículo 211 dispone que no serán considerados difamatorios o injuriosos los discursos pronunciados en las cámaras legislativas; los informes, memorias y documentos emitidos por disposición de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Electoral.

La disposición también excluye de persecución penal las reseñas periodísticas sobre las sesiones públicas del Congreso Nacional y los escritos o discursos producidos en los tribunales de justicia.

Estas excepciones han llamado la atención porque dejan fuera de responsabilidad penal determinadas expresiones realizadas en escenarios institucionales, mientras que las manifestaciones realizadas por ciudadanos, comunicadores o usuarios de plataformas digitales continúan sujetas a las disposiciones generales sobre difamación.

Riesgos para periodistas y ciudadanos

Maldonado considera que el temor a enfrentar procesos judiciales o eventuales condenas económicas podría desincentivar denuncias de interés público y afectar el trabajo periodístico.

El presidente de la SDD sostuvo que el país ha tenido dificultades para encontrar mecanismos adecuados que permitan reparar los daños ocasionados por expresiones difamatorias sin recurrir a la prisión como castigo.

A su entender, las sanciones deben orientarse principalmente a la reparación de daños y no a la privación de libertad.

Posibles acciones ante el Tribunal Constitucional

Maldonado prevé que las disposiciones sobre difamación e injuria podrían volver a ser objeto de debate judicial una vez el nuevo Código Penal entre en vigencia.

Según explicó, algunos juristas han optado por esperar la entrada en vigor de la legislación para evaluar posibles acciones legales contra determinados artículos.

“Yo creo que vamos a tener que volver a abordar el tema, probablemente con el Tribunal Constitucional”, concluyó.

La Sociedad Dominicana de Diarios ha sido una de las organizaciones que históricamente ha impulsado cambios legales orientados a eliminar la prisión como sanción para los delitos de difamación e injuria, al considerar que estas medidas fortalecen la libertad de expresión y el debate democrático.

En ese sentido, Maldonado recordó que la decisión de la Suprema del Tribunal Constitucional fue una iniciativa precisamente del grupo de directores que la Sociedad Dominicana apoyó y que luego se logró que se quitara la prisión como una manera de liberar el espacio comunicacional del país.