Muertes en intervenciones policiales ponen a prueba la reforma de la Policía Nacional
Los jóvenes continúan siendo el grupo más afectado en las muertes ocurridas durante actuaciones policiales, en medio del proceso de reforma institucional
Los casos registrados en los últimos tres meses en los que agentes de la Policía Nacional se han visto involucrados en muertes de civiles, fallecimientos bajo custodia e intervenciones que derivan en investigaciones judiciales han vuelto a colocar el proceso de reforma policial frente a uno de sus principales desafíos: lograr que los cambios institucionales se reflejen en la actuación de los agentes en las calles.
Mientras las autoridades impulsan la transformación del cuerpo del orden, cada nuevo episodio reabre el debate sobre la aplicación de los protocolos de uso de la fuerza, los mecanismos de supervisión y la capacidad de la institución para fortalecer la confianza ciudadana.
Aunque corresponden a circunstancias diferentes, todos han reavivado el debate sobre la implementación de los protocolos policiales y la capacidad de la reforma para traducirse en cambios en el ejercicio cotidiano de las funciones de los agentes.
Los datos de Patrulla Letal, proyecto de Diario Libre, orientado a registrar las muertes atribuidas a la Policía Nacional, reflejan además que las personas jóvenes continúan siendo el grupo más afectado en los casos de muertes en actuaciones policiales. Desde 2020 hasta la fecha, al menos 273 personas de entre 16 y 35 años han perdido la vida en hechos en los que participaron agentes de la Policía Nacional.
El análisis de la base de datos muestra que, de las 2,445 personas fallecidas en actuaciones policiales reportadas por la prensa entre 2004 y 2026, fue posible establecer la edad de 1,298 víctimas, de las cuales ese mismo segmento poblacional representa la mayoría.
Sobre el hecho más reciente de presunto abuso policial, donde un hombre falleció tras ser fuertemente agredido en el destacamento central de la Policía Nacional de San Cristóbal, el presidente Luis Abinader al ser cuestionado sobre el hecho dijo; "Vamos a esperar las investigaciones".
La encargada de llevar a cabo la ejecutoria de dicha reforma, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, ha defendido la continuidad del proceso, señalando que la misma busca corregir rezagos acumulados durante casi un siglo y afirmó que nunca antes un gobierno había asumido una transformación de esa magnitud.
Dicha reforma policial ya fue aprobada en el Senado. Se encuentra en manos de la Cámara de Diputados, cuyos representantes acordaron enviar el proyecto de ley de la Policía Nacional al estudio de una comisión permanente. Se prevé que la misma sea aprobada antes del cierre de la legislatura actual en el Congreso, prevista para concluir el 26 de julio.
Una gota que parece permanente
El caso más reciente corresponde a Miguel Antonio Lucas, de 43 años, quien falleció mientras permanecía detenido en un destacamento de San Cristóbal. Según su abogado, un certificado médico practicado antes de su ingreso establece que no presentaba lesiones por agresión al momento de ser evaluado. Como protesta para exigir el esclarecimiento de su muerte, familiares trasladaron el ataúd con su cuerpo hasta el destacamento de la Policía Nacional en San Cristóbal.
Carlos Manuel Sánchez Díaz, representante de la comitiva regional sur de Derechos Humanos, afirmó que Lucas fue detenido sin orden judicial y sostuvo que se trataría del tercer fallecimiento de una persona bajo custodia en esa dotación policial en menos de un mes.
Otro de los casos ocurrió el 3 de julio, cuando Darlin Mercado Reyes, de 19 años, murió tras recibir un disparo durante una intervención policial en el sector La Cañada de Guajimía, en Herrera, Santo Domingo Oeste. El hecho, captado en video, provocó protestas de residentes del sector, quienes incendiaron neumáticos, bloquearon vías y reclamaron justicia. El Ministerio Público solicitó medida de coerción contra el cabo José Francisco Moreta Heredia por este caso.
El 21 de junio también se reportó la muerte de Bartolo Rodríguez, de 66 años, en la provincia La Altagracia. De acuerdo con las investigaciones, el hombre salió de su residencia alrededor de las 3:00 de la madrugada para dirigirse a su negocio de venta de desayunos cuando fue interceptado y recibió varios disparos que le provocaron heridas mortales. Las pesquisas condujeron posteriormente a una vivienda en el sector Juan Pablo Duarte, donde varias personas identificaron al ocupante como el raso Tony Petit, de 32 años.
Días antes, el 13 de junio, Marky Abraham García Gil, conocido como "Maiky", murió durante una intervención policial en La Vega. Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que, tras una persecución, el hombre levanta las manos mientras varios agentes se aproximan. Segundos después se producen varios disparos y posteriormente los policías trasladan el cuerpo.
Otro caso ocurrió en San Francisco de Macorís, donde el adolescente Ángel Manuel Luna, de 16 años, falleció al caer de la motocicleta que conducía mientras una unidad integrada por miembros de la Policía Nacional y el Ejército de República Dominicana intentaba detenerlo. Las imágenes de una cámara de seguridad muestran a los uniformados colocándose en medio de la vía, aparentemente con la intención de interceptar al motociclista. El menor perdió la vida tras caer del vehículo al intentar esquivarlos.
Un reto para la institución
La sucesión de estos casos ha coincidido con el desarrollo del proceso de reforma policial, concebido para fortalecer los mecanismos de supervisión interna, profesionalizar la institución y mejorar la actuación de sus agentes. Sin embargo, los hechos ocurridos en los últimos meses han desplazado nuevamente el debate hacia la ejecución de los protocolos durante las intervenciones policiales y la respuesta institucional frente a las denuncias sobre el uso de la fuerza.
Cada nuevo caso ha derivado en investigaciones, procesos judiciales o reclamos de familiares y organizaciones, manteniendo la atención pública sobre la actuación policial y colocando a prueba la capacidad de la reforma para producir cambios perceptibles en el desempeño de los agentes. La reiteración de estos casos mantiene vigente uno de los principales desafíos de la reforma policial: que los cambios impulsados a nivel institucional logren reflejarse de manera consistente en las actuaciones de los agentes y en la relación entre la Policía Nacional y la ciudadanía.
