Cinco décadas y media de vida, pero cero años de existencia en papeles

Tres generaciones de una familia que no han logrado obtener sus documentos de identidad

Laura Inés Peralta Aquino junto a su madre María Victoria Aquino Ubiera, su hijo y su sobrino de dos años. Ellos y otros tres miembros de la familia no tienen documentos de identidad pese a agotar procedimiento para declaración tardía ante la Junta Central Electoral. (Diario Libre/ Juan Miguel Peña)

Más de 15 años no han sido suficientes para que María Victoria Aquino Ubiera, única de nueve hermanos que ha tenido que vivir junto a sus descendientes el drama de ser una muerta en vida pese a nacer en el Distrito Nacional, pudiera acogerse a la declaración tardía y así obtener una cédula de identidad para hacer lo propio con sus tres hijas y que éstas a su vez hagan lo mismo con sus vástagos.

La mujer, de 55 año de edad, y su familia residen en el sector Los Girasoles, en el Distrito Nacional, cuenta cómo su vida y la de sus hijas Elizabeth Leticia, Carmen Patricia y Laura Inés Peralta Aquino, de 25, 23 y 20 años de edad, respectivamente, ha sido un calvario, entre pago de abogados y sometimientos de expedientes ante la Junta Central Electoral. El padre de las jóvenes sí tiene documentos de identidad, pero no ha podido reconocer a sus hijas porque la mujer con la que los engendró no existe en papeles.

Sus hijas, las cuales a su vez son madres de Heitan Castillo Peralta, dos años; Ian Valerio Peralta, dos años, y Darianet Polanco Peralta, de cuatro años de edad, no pudieron concluir sus estudios secundarios y la que lo hizo, Carmen Patricia, no ha podido ir a la universidad, debido a que la falta de documentación le priva de ese y otros derechos fundamentales que el Estado está obligado a garantizar a todos sus ciudadanos.

Victoria Aquino conserva, 25 años después, los cintillos que le colocaron a sus hijas en la maternidad San Lorenzo de Los Minas y el hospital Luis Eduardo Aybar (Morgan) al momento de su nacimiento.

Laura Peralta dijo que tuvieron que desistir de seguir pagando abogados para que le ayuden con el proceso, debido a que ya no cuentan con recursos económicos, toda vez que la propia falta del documento de identidad, impide que puedan conseguir empleos dignos y/o ser beneficiarios de programas sociales del Estado ni del Seguro Nacional de Salud (Senasa) subsidiado.