El presidente Luis Abinader es el funcionario más rico del Gobierno

El mandatario presentó bienes por más de 4 mil millones de pesos En la lista siguen los ministros Limber Cruz, Jochi Vicente y Lisandro Macarrulla La Procuradora presentó un patrimonio de 6.6 millones de pesos

Luis Abinader, presidente de la República. (Diario Libre/ Eddy Vittini)

Antes del plazo dado por el presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez, este martes cerca de mil 500 funcionarios públicos han pasado a depositar su declaración jurada de bienes, proceso que ha permitido conocer los hombres y mujeres más ricos del actual Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

El presidente de la República, Luis Abinader declaró que posee bienes ascendentes a 4 mil 177 millones con 25 mil 211 pesos, lo que hasta el momento lo hace el más rico entre los funcionarios.

El jefe de Estado autorizó que durante su ejercicio gubernamental todo su patrimonio sea transferido y controlado por un Fideicomiso. Su patrimonio incluye la sucesión de los bienes de su padre, José Rafael Abinader, fallecido el año pasado.

La familia Abinader es propietaria de una cementera, empresas turísticas, una universidad, centros de enseñanza preuniversitaria y especializada, entre otros tipos de negocios, y posee inversiones en Panamá e Islas Vírgenes.

En viviendas, el mandatario declaró poseer un apartamento de RD$35.400.000.00, una casa de US$1,339,410.00 y otro apartamento de RD$600.000.00.

Mientras que el ministro de Agricultura, Limber Cruz, reportó un patrimonio ascendente a más de RD$434.4 millones y posee más US$5.8 millones (RD$339,068,000.00), lo que suma 773.4 millones de pesos.

El ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, reportó ante la Cámara de Cuentas un patrimonio de unos 22 millones 735 mil 261.1 millones de pesos cuyo dinero, en su mayoría, son de bienes muebles e inmuebles. El funcionario percibirá RD$300,000 mensuales como salario bruto.

La procuradora general, Miriam Germán Brito, realizó su declaración de bienes, cuyos documentos citan que posee una fortuna de RD$6,612,597, que incluye cuentas de ahorros, tres vehículos y obras de arte.

Prórroga

El pleno de la Cámara de Cuentas decidió este martes extender el proceso hasta el 28 de septiembre, debido a los inconvenientes presentados en la plataforma web de ese órgano y a las incidencias del COVID-19.

Sanciones

El funcionario que no declare a tiempo su patrimonio ante la Cámara Cuentas u omita hacerlo, corre el riesgo de ser destituido de la posición que ocupa.

De acuerdo con la Ley 311-14, el servidor público que no presente declaración jurada de los bienes incurrirá en faltas graves o de tercer grado previstas en la Ley 41-08 de Función Pública.

Dicha legislación establece que las faltas de tercer grado de un funcionario conllevan a su destitución y quedará inhabilitado para prestar servicios al Estado por cinco años, contados a partir de la fecha de notificación del despido, entre otras sanciones.

Sanciones por no declarar y prórroga

El funcionario que no declare a tiempo su patrimonio ante la Cámara Cuentas, u omita hacerlo, corre el riesgo de ser destituido de la posición que ocupa.

De acuerdo con la Ley 311-14, el servidor público que no presentación jurada de los bienes incurrirá en faltas graves o de tercer grado previstas en la Ley 41-08 de Función Pública.

Dicha legislación establece que las faltas de tercer grado de un funcionario conllevan a su destitución y quedará inhabilitado para prestar servicios al Estado por cinco años, contados a partir de la fecha de notificación del despido.

Otra sanción, pero en este caso por el falseamiento de datos en la declaración jurada, conlleva de uno a dos años de prisión y una multa de 20 a 40 salarios mínimos del Gobierno central, según la Ley 311-14.

El artículo 16 indica que cualquier funcionario, obligado por la ley, tiene que probar el origen lícito de su patrimonio obtenido durante el ejercicio del cargo en el momento que le sea requerido por la autoridad competente.

En caso de no poder probarlo, precisa el párrafo del artículo, la autoridad competente puede accionar en justicia y promover la confiscación de los bienes no probados.

El pleno de la Cámara de Cuentas decidió este martes extender el proceso hasta el 28 de septiembre, debido a los inconvenientes presentados en la plataforma web de ese órgano y a las incidencias del COVID-19.

Periodista y locutor dominicano, egresado de la UASD. Cubre la fuente del Congreso Nacional y Política para Diario Libre. También ha laborado para los periódicos Listín Diario y El Nuevo Diario.