Tras las rejas se forja un futuro de quienes apuestan por una segunda oportunidad
En Salcedo los internos han encontrado en los talleres penitenciarios una nueva forma de comenzar
Más de 2,000 privados de libertad en el país se forman en alguno de los 34 oficios disponibles y estudian desde la alfabetización hasta la universidad
Cada mañana el olor a pan caliente que sale desde la cárcel de Salcedo despierta el pueblo. Atraídos, los vecinos y comerciantes llegan hasta la Fortaleza Juana Núñez por la frescura del producto elaborado por los privados de libertad, quienes entre hornos encendidos, madera cortada y chispas de soldadura, buscan convertir el encierro en una segunda oportunidad.
El centro, diseñado para albergar apenas 60 internos mantiene una población de 196, entre ellos 15 mujeres operando con una sobreocupación superior al 226 %. En medio de su hacinamiento, 33 reclusos entre 25 y 60 años han encontrado en el trabajo y los talleres penitenciarios una forma de reconstruir hábitos, adquirir oficios y mantenerse activos sirviendo de escuela para su libertad.
El magistrado recuerda que en el país no existen la pena de muerte ni la cadena perpetua, por lo que toda persona condenada volverá algún día a la sociedad. De ahí la importancia de que el tiempo en prisión no se limite al cumplimiento de la sentencia, sino que también contribuya a prepararlas para la vida fuera.
Este propósito está contenido en el artículo 40, numeral 16, de la Constitución dominicana, que orienta las penas privativas de libertad hacia la reeducación y la reinserción social. En esa misma dirección, la Ley núm. 113-21, que regula el sistema penitenciario y correccional, establece estos objetivos como parte de su marco normativo.
Diecisiete años de levadura
"El taller ha sido mi refugio. Yo misma me sorprendí de lo que era capaz. He aprendido repostería, panadería y a valorar el trabajo diario", confiesa María Magdalena, quien ingresó al penal a los 46 años y hoy, con 17 años recluida es la encargada de panadería liderando la producción de más de 35 fundas diarias, equivalentes a 210 semanales. Cada pan lo venden a cinco pesos y la funda a 60 pesos.
Por su trabajo recibe un ingreso de 4,000 pesos mensuales que administra con rigurosidad. Le faltan tres años para cumplir su condena, pero su mente ya cruzó los muros.
El pan, para ella, fue el ingrediente que le devolvió la dignidad antes de que llegue el dictamen de esa libertad física con la que sueña fundar un negocio familiar junto a sus compañeros.
El abogado de la caoba
A varios metros de la panadería, entre el chirrido de las sierras y el polvo de las lijadoras, José Miguel, de 42 años, ensambla junto a sus compañeros un comedor.
Hace más de una década que cruzó por primera vez el portón de la cárcel de Salcedo, sin saber distinguir una madera de otra. Hoy, dirige uno de los talleres más activos del recinto, ebanistería.
Sin embargo, su obra más perfecta dice no es un mueble, camas y puertas sino poder costear su carrera de Derecho en la universidad, un objetivo que persigue debido a su transformación conductual, que le permitió obtener del Poder Judicial un permiso para estudiar y trabajar en libertad, sin custodia.
Cuando salga, piensa seguir laborando en su taller, "pero también voy a ejercer en los tribunales como abogado", afirma al hablar con entusiasmo en sus planes a futuro.
Perfiles como el de José Miguel son los que un juez de ejecución de la pena evalúa cuando un interno solicita una medida que le permita avanzar hacia su reinserción social.
Los cursos realizados, el trabajo en los talleres y la conducta durante el encierro figuran entre los elementos que un magistrado toma en cuenta para valorar la solicitud. Aunque, la capacitación no garantiza una decisión favorable, puede distinguir el expediente de quien aprovechó el tiempo en prisión y los que no se involucraron en actividades formativas.
“No es lo mismo para mí otorgar un permiso laboral o una libertad condicional a un interno que no tenga ningún tipo de oferta académica que a un interno con un buen perfil, que haya aprovechado el tiempo ligado a su conducta”, afirma el juez Arias.
El titular de la pena cita dos casos de personas condenadas a 30 años de prisión. Una, que ha cumplido 28 años, ha recibido cuatro negativas a su solicitud de libertad condicional y, según Arias, nunca realizó cursos ni se integró a las actividades del centro. La otra obtuvo un permiso laboral tras cumplir 14 años de reclusión luego de completar decenas de capacitaciones y acumular salidas sin intentar fugarse.
Aunque la ley establece un tercio de la condena para penas de hasta cinco años y un cuarto para las superiores, su concesión requiere valorar las circunstancias de cada caso.
El magistrado Arias reconoce que el temor a la reacción pública puede influir en la disposición de algunos jueces a otorgar beneficios, sin embargo advierte que negarlo a quien se ha preparado también puede enviar una señal desfavorable a los demás internos. “Tambien dejas un mensaje, los demás dirían: ¿de qué sirve prepararse?”.
Economía entre muros
Más allá de servir como entretenimiento, los talleres penitenciarios han creado una dinámica económica, donde los ingresos generados en estos espacios permiten a los reclusos ahorrar para cuando recuperen su libertad y contribuir a sus gastos personales y familiares.
Los 33 internos de Salcedo participan en estas actividades distribuidos entre los huertos (siete), las labores agrícolas en una finca (siete), la ebanistería (cinco), la panadería (cuatro), la granja avícola (tres), la herrería (tres), la peluquería (tres) y la zapatería (uno).
Los reclusos elaboran productos, reciben encargos, cotizan materiales y mantienen contacto directo con clientes del municipio que buscan pan, muebles, trabajos de soldadura o productos agrícolas, e incluso llegando a ser los capataces y encargados. Este modelo busca que la reinserción social no sea una utopía jurídica de escritorio ni un frío párrafo constitucional.
Lo que producen tiene mercado, según datos suministrados por el recinto, un juego de comedor llegó a venderse en RD$ 20,000 y uno de sofás en RD$10,000.
El dinero generado por los trabajos el centro los dividen bajo un esquema de un 90% para el interno en el cual 50 % se destina para su libertad; un 40 % queda disponible a gastos personales, el apoyo a su familia o compra de materiales, y el 10 % se entrega a la cárcel.
Ese ahorro se deposita en una cuenta individual en una cooperativa, explica Linabel González, miembro del Consejo Provincial de Reforma Carcelaria y directora de la Oficina Provincial para el Desarrollo de la Mujer. Con ese dinero, algunos exreclusos han iniciado un negocio propio y otros han contado con un respaldo mientras buscaban empleo.
Este mecanismo se enmarca a los propósitos de la distribución prevista en el artículo 21 de la Ley núm. 113-21, aunque con variaciones respecto a la norma.
La ley establece un 50 % para la manutención de familiares o personas designadas por el interno, un 20 % para un fondo de reserva que se entrega al momento de salir, otro 20 % para el sistema correccional y el mantenimiento del centro, y un 10 % para uso personal.
Si no hay familiares a quienes apoyar, la parte correspondiente se suma al fondo de reserva.
Oficios tras las rejas: el alcance nacional
La experiencia de Salcedo forma parte de una oferta productiva más amplia, aunque las cifras nacionales muestran diferencias entre los tipos de actividades disponibles.
De acuerdo con datos de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) suministrados a Diario Libre, el sistema registra 2,106 participaciones en 34 actividades productivas.
Las actividades de artesanía y textiles reúnen 906 participaciones, el 43 % del total, encabezadas por las manualidades (324), la costura y sastrería (115) y la elaboración de pulseras (115). El segundo gran bloque es la belleza que acumula 454 beneficiarios.
La peluquería, la barbería y los salones de belleza suman 376, ubicándose entre los de mayor participación dentro de las áreas productivas, mientras la tierra ocupa a 231 internos, el 11 %, casi todos en huertos (212), como los que se cultivan en Salcedo.
En cambio, los oficios técnicos que requieren talleres equipados y maquinaria, como tapicería, mecánica, ebanistería, herrería y refrigeración, reúnen apenas 173 participaciones, el 8.2 % del total.
Las aulas del sistema
La DGSPC reporta 13,519 participaciones en programas educativos en 40 recintos, donde 21 centros son del nuevo modelo de gestión (CCR) y concentran 8,353, el 61.8 %, mientras 19 cárceles pertenecen al modelo tradicional (CPL) y suman 5,166, el 38.2 %.
El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) encabeza la oferta con 4,042 inscripciones, seguido de la primaria (3,134), la secundaria a través del programa Prepara (2,698), la alfabetización (984), los círculos de lectura (806), la escuela vocacional (797), la escuela laboral (585) y la educación superior (473).