Día Mundial de la Salud Mental encuentra a República Dominicana con poca cobertura para pacientes

El día 10 de octubre de cada año se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, un escenario propicio para abogar por la mejora de los servicios de salud mental en todo el mundo, la disminución del estigma y la concienciación por una buena atención hacia las personas con trastornos mentales.

La directora general del Instituto de Salud Mental y Telepsicología, Angelina Sosa Lovera, solicitó a las autoridades aumentar la cobertura para la salud mental, a propósito del tiempo de pandemia que afecta a la nación.

En todo el mundo el crecimiento de los problemas de salud mental ha sido considerable, situaciones como depresión, ansiedad, conducta suicida o estrés producto del estado de emergencia sanitaria que se vive a causa del COVID-19. Ante esto, el presupuesto asignado a la atención de salud mental es el más bajo, dijo Sosa en un comunicado.

En los últimos años la asignación presupuestaria a este ámbito ha sido enfocada en aspectos de infraestructura y de equipamientos intrahospitalarios y trastornos mentales graves, siendo esto menos del 50 % de los problemas de salud mental más frecuentes. El aumento del presupuesto hacia salud mental debe ir acompañado de un plan de acción que permita la distribución de los recursos y una utilización eficiente, explicó.

Dijo que la inversión en los servicios de salud mental debe abarcar a la mayor parte de la población y adoptar un modelo centrado en la promoción de la salud mental y la promoción de los estilos de vida saludables que permitan a las personas afrontar de una manera adecuada situaciones como estrés, la ansiedad o conflictos interpersonales y de violencia intrafamiliar.

Consideró que no basta con nombrar más personal en las unidades de atención primaria, según el comunicado.

Aclaró que la disponibilidad de una red de prestadores de salud mental es importante, pero también es transcendental contar con un programa de intervención y con protocolos de actuación bien descritos que permitan al prestador (psicólogo, psiquiatra, enfermera o trabajador social) desarrollar acciones basada en evidencias, con carácter institucional, medibles, monitoreadas y supervisadas.