República Dominicana gastó en el 2017 US$1,961 millones por malnutrición

La malnutrición, ya sea por falta de alimentos o por exceso de comida, le costó a la República Dominicana en el 2017 US$1,961 millones, lo que equivale al 2,6 del Producto Interno Bruto (PIB), que fue de US$75,930 millones.

Ese es el principal resultado del estudio “El costo de la doble carga de la malnutrición, impacto social y económico República Dominicana”, hecho por las Naciones Unidas con apoyo de otras instituciones, entre éstas, la Vicepresidencia de la República.

El informe establece que la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad, lo que definen como la doble carga de la malnutrición, limitan el desarrollo de las personas y de las comunidades.

Según el estudio, 1 de cada 10 niños menores de cinco años tienen desnutrición crónica; 3 de cada 10 de la misma edad padecen anemia y 6 de cada 10 menores de un año también, presentan la dolencia.

En cuanto al sobrepeso y obesidad, se determinó que 1 de cada 10 niños menores de cinco años, tienen esa condición de salud, al igual que 3 de cada 5 mujeres de 15 a 49 años, mientras tanto, 1 de cada 5 mujeres entre esas edades son obesas.

En el plano económico, eso repercute en una productividad de US$490 millones; un costo para la salud de US$1,464 millones, para educación de US$6,4 millones, lo que suman los US$1,961 millones.

El costo total del sistema educativo para el 2017 fue de 0,2% del gasto público social en educación.

De su lado, Miguel Barreto, director regional para América Latina y el Caribe del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (WFP), dijo que la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad limitan el óptimo desarrollo de los individuos y el bienestar de las comunidades, impactando negativamente sobre la productividad y el crecimiento económico.

Asegura que esas son dos caras de la malnutrición y representan una doble carga para familias, comunidades y países.

“Ante la doble carga de la malnutrición, es crucial redoblar esfuerzos para alcanzar el objetivo de Hambre Cero para el año 2030”, dijo el Barreto.

El informe procura reflejar la necesidad de la toma de decisiones a nivel nacional y recomienda desarrollar e implementar políticas públicas que permitan abordarla y asignar recursos para enfrentarla. También se sugiere impulsar una estrategia multisectorial de comunicación y educación nutricional que promueva cambio social de comportamientos en alimentación y nutrición.

Ante los resultados de la investigación, el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, se comprometió a impulsar el reglamento de reducción de la grasa trans en los alimentos y para que se apruebe el proyecto de ley que busca un impuesto a las bebidas azucaradas y gaseosas, así como para regular la publicidad de productos que afectan la salud de la población.