Se agotan armas de fuego en centros autorizados
Para flexibilizar la entrada de armas, los importadores piden al Gobierno revisar las disposiciones del decreto
Santo Domingo. Debido a las limitaciones impuestas por el Gobierno para las importaciones de armas de fuego, municiones y otros instrumentos, los pertrechos han comenzado a agotarse en los establecimientos autorizados para su venta.
A su juicio, en pocos días el mercado legal estará desabastecido completamente por lo que hizo un llamado a las autoridades a revisar los términos del decreto, a fin de poder brindarle servicios a sus clientes.
Aseguró que varios importadores se han visto afectados seriamente con la regulación, pues antes de emitirse el decreto tenían en curso varios pedidos que no han podido entrar al país. Ante esa situación dijo que algunas empresas han sido objeto de demandas internacionales por no poder traer las mercancías.
Recordó que las armerías o tiendas de expendios no custodian, ni almacenan las armas ni las municiones, que están bajo el control de las autoridades.
De la Rocha explicó que para obtener un arma de fuego, el interesado además de realizarse pruebas psicológicas, debe ser depurado por la Secretaría de Interior y Policía y la Fiscalía, así como pagar los debidos impuestos.
"El clima de violencia que afecta el país desde hace tiempo no ha ido cambiando por efectos de la disposición que prohibe la importación de armas, todo lo contrario, a juzgar por el contenido de los medios de comunicación, lo menos que podemos considerar es que la violencia se ha mantenido igual", enfatizó.
La tesorera de ADIVAF afirmó que sólo tienen mercancías para suplir sus demandas en un período de seis meses "como máximo, claro eso es llegando al extremo".
Actualmente unas siete empresas tienen cargamentos de armas retenidos por Aduanas en cumplimiento del decreto 309-06.
Con Franklin Almeyda
Aunque a principio de la entrada en vigencia del decreto sostuvieron una reunión con el secretario de Interior y Policía, Franklin Almeyda Rancier, no se ha producido otro acercamiento con los importadores.
"Nosotros nos enteramos el mismo día que salió en la prensa, nunca se nos convocó, nunca nos avisaron ni nos dieron tiempo para que nos preparáramos, simplemente se nos prohibió como si estuviéramos en algo ilegal, como si fuéramos delincuentes y a usted lo sancionan por cometer una fechoría", precisó De la Rocha.
Preocupación
A decir de los importadores, mientras a ellos se les prohibe traer armas de fuego al país, la venta se ha incrementado en el mercado, evidenciando que se está traficando ilegalmente, en un abierto desafío a las autoridades.
"No nos oponemos a hacer revisiones en cuanto a las regulaciones que nos rigen, sin dejar de entender que estamos muy bien regulados, aspiramos si a la aplicación estricta de la Ley 36, sobre comercio, porte y tenencia de armas o al sometimiento de una nueva ley", aducen en un comunicado de prensa entregado a DL.
Decreto
A partir de la entrada en vigencia del decreto 309-06, se dispuso la prohibición de importación de armas de fuego, partes y sus respectivas municiones para el comercio con particulares.
De acuerdo al artículo 3 de dicha disposición, la Secretaría de Interior y Policía deberá velar por el cumplimiento del decreto.
A su juicio, en pocos días el mercado legal estará desabastecido completamente por lo que hizo un llamado a las autoridades a revisar los términos del decreto, a fin de poder brindarle servicios a sus clientes.
Aseguró que varios importadores se han visto afectados seriamente con la regulación, pues antes de emitirse el decreto tenían en curso varios pedidos que no han podido entrar al país. Ante esa situación dijo que algunas empresas han sido objeto de demandas internacionales por no poder traer las mercancías.
Recordó que las armerías o tiendas de expendios no custodian, ni almacenan las armas ni las municiones, que están bajo el control de las autoridades.
De la Rocha explicó que para obtener un arma de fuego, el interesado además de realizarse pruebas psicológicas, debe ser depurado por la Secretaría de Interior y Policía y la Fiscalía, así como pagar los debidos impuestos.
"El clima de violencia que afecta el país desde hace tiempo no ha ido cambiando por efectos de la disposición que prohibe la importación de armas, todo lo contrario, a juzgar por el contenido de los medios de comunicación, lo menos que podemos considerar es que la violencia se ha mantenido igual", enfatizó.
La tesorera de ADIVAF afirmó que sólo tienen mercancías para suplir sus demandas en un período de seis meses "como máximo, claro eso es llegando al extremo".
Actualmente unas siete empresas tienen cargamentos de armas retenidos por Aduanas en cumplimiento del decreto 309-06.
Con Franklin Almeyda
Aunque a principio de la entrada en vigencia del decreto sostuvieron una reunión con el secretario de Interior y Policía, Franklin Almeyda Rancier, no se ha producido otro acercamiento con los importadores.
"Nosotros nos enteramos el mismo día que salió en la prensa, nunca se nos convocó, nunca nos avisaron ni nos dieron tiempo para que nos preparáramos, simplemente se nos prohibió como si estuviéramos en algo ilegal, como si fuéramos delincuentes y a usted lo sancionan por cometer una fechoría", precisó De la Rocha.
Preocupación
A decir de los importadores, mientras a ellos se les prohibe traer armas de fuego al país, la venta se ha incrementado en el mercado, evidenciando que se está traficando ilegalmente, en un abierto desafío a las autoridades.
"No nos oponemos a hacer revisiones en cuanto a las regulaciones que nos rigen, sin dejar de entender que estamos muy bien regulados, aspiramos si a la aplicación estricta de la Ley 36, sobre comercio, porte y tenencia de armas o al sometimiento de una nueva ley", aducen en un comunicado de prensa entregado a DL.
Decreto
A partir de la entrada en vigencia del decreto 309-06, se dispuso la prohibición de importación de armas de fuego, partes y sus respectivas municiones para el comercio con particulares.
De acuerdo al artículo 3 de dicha disposición, la Secretaría de Interior y Policía deberá velar por el cumplimiento del decreto.