Juicios severos

Se dice que hay jueces a los que les agrada imponer sentencias severas. Los abogados defensores analizan sus historiales, estudian sus motivaciones, y en casos extremos tratan de evitar que sean los que conozcan los casos de sus clientes.

En la economía funcionan unos jueces cuyos dictámenes no suele ser posible evitar. Son ellos los calificadores de riesgo, encargados de evaluar la situación y perspectivas de empresas y gobiernos. Sólo quienes no deben un centavo a nadie, ni venden sus títulos y valores en el mercado financiero, pueden estar libres de los efectos de sus evaluaciones y decir que sus opiniones no les importan. Para los demás, las calificaciones que esas agencias otorgan pueden implicar caídas en el valor de capitalización de una entidad, aumentos en el costo de vender sus bonos, y hasta ser la diferencia entre recibir o no recibir créditos e inversiones.

En cuanto a los gobiernos de países como el nuestro, que la pandemia esté deteriorando sus calificaciones se sabía de antemano que sucedería. La combinación de menores ingresos fiscales y mayores gastos públicos, y por ende déficits más cuantiosos, mueve su nivel crediticio en una sola dirección. Hacia abajo.

Es interesante observar que la calificación de la mayoría de las empresas va también en igual dirección, pero dado que por lo general ellas aquí no venden sus acciones públicamente, el descenso es menos visible, quedando en el ámbito más reservado de los bancos y demás intermediarios financieros.

Otro aspecto interesante es que los subsidios públicos que se concedan a empresas, como es el caso de aerolíneas a nivel mundial, modera la caída de su calificación pero empeora la de los gobiernos que los otorgan. Pero esa relación inversa es solo de corto plazo, porque si esas empresas desaparecieran las consecuencias serían aun más funestas sobre las calificaciones gubernamentales futuras, al subir el desempleo y perderse definitivamente fuentes de ingresos fiscales.