Reforma permanente

Por el momento está pospuesta, pero eventualmente el tema surgirá de nuevo. Algo anda mal en un sistema económico en el cual cada pocos años se plantea llevar a cabo una reforma fiscal. Dada su incidencia sobre los costos de operación de las empresas y los presupuestos familiares, la incertidumbre que esa clase de reformas ocasiona no favorece el desenvolvimiento de las actividades económicas. Las decisiones de inversión y consumo son afectadas por la estructura de los gravámenes, razón por la cual es deseable mantener condiciones tributarias estables. La presencia de una agenda de reforma fiscal altera las perspectivas de continuidad y reduce la capacidad de predecir los resultados de dichas decisiones.

La necesidad de efectuar una reforma fiscal puede provenir de variaciones significativas en la naturaleza y composición de las actividades económicas. Ése ha sido el caso de la reforma auspiciada por los países miembros de la OECD, la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, dirigida a establecer un impuesto global del 15% sobre las grandes compañías multinacionales. Las diferencias en las tasas impositivas entre naciones, permitieron a cientos de esas empresas reducir sustancialmente su carga tributaria, ubicando sus sedes donde los impuestos eran menores, por ejemplo Irlanda y Hungría en Europa, y dejaron de pagar o pagaron menos, en las jurisdicciones que realmente les proporcionaban la mayoría de sus ingresos.

Aquí, en cambio, las reformas se fundamentan en que como porcentaje del PIB las recaudaciones son muy bajas, eso hace que el tema de una reforma fiscal se mencione de forma casi permanente. Esa justificación puede ser válida, dada la necesidad de recursos para cubrir los gastos públicos, pero hace imperativo evaluar las causas de esa baja participación. Debido a que una muy relevante es la informalidad en que es generada cerca de la mitad del PIB, la reforma no debería incentivarla, dejando aun más peso sobre el remanente formal.