Reglas fiscales

La desconfianza acerca de la prudencia económica de los gobiernos es común a nivel mundial. Se duda que las autoridades den prioridad al equilibrio fiscal y al uso eficiente de los recursos, si ello implica sacrificar sus objetivos y asumir costos políticos. Les sirven de lección los descensos en su popularidad que sufren los gobiernos que intentan poner la casa en orden. De ahí que en muchos países se establezcan reglas fiscales para limitar la discrecionalidad en el gasto público, entre ellas topes de endeudamiento, especializaciones en el uso de las recaudaciones, o porcentajes fijos para ciertas asignaciones. Y esos límites no sólo se aplican a gobiernos nacionales, sino también a municipalidades y otras demarcaciones administrativas.

Un estudio del FMI, publicado el mes pasado, concluye, en base a informaciones de 142 países durante 30 años, que la imposición de reglas fiscales está correlacionada con menores déficits fiscales. Ese resultado no es inesperado, ya que en muchos casos las reglas se establecen con el propósito de poner bajo control situaciones de excesos de gastos. En esas condiciones, sin embargo, otras políticas institucionales y operacionales suelen ser aplicadas simultáneamente, lo que dificulta constatar el grado en que los déficits más bajos se deben a las reglas establecidas.

Menos esperada es la conclusión de que la introducción de reglas fiscales en un país puede influir sobre países vecinos, estimulando reformas y la adopción de reglas similares. Ese efecto demostración, detectado también en áreas como los sistemas de votación, los regímenes jurídicos, las políticas comerciales, los derechos de propiedad, el manejo de litigios y el trato a los inversionistas, actúa por lo tanto de forma indirecta sobre el nivel de los desequilibrios. Aunque aquí se ha discutido en varias ocasiones la conveniencia de poner un tope constitucional a la deuda y los déficits, no se ha tomado una decisión al respecto.