RD es el segundo país con mayor transparencia presupuestaria del mundo, según la OBS

La República Dominicana se posicionó como el segundo país del mundo que exhibió los mayores niveles de transparencia en la elaboración y acceso público a la información del presupuesto del Estado, aunque las autoridades aún tienen la tarea de garantizar una mayor participación ciudadana previo a su aprobación, además de fortalecer auditorías anuales a través de organismos independientes.

Así lo determinó la Encuesta de Presupuesto Abierto 2025 (OBS, por sus siglas en inglés) que realiza la firma corporativa International Budget Partnership (Alianza Internacional de Presupuesto), tras otorgar al país una calificación de 82 puntos sobre 100, 37 puntos por encima del promedio mundial (45 puntos) y superando el promedio de América Latina y el Caribe, que se situó en 57 puntos.

El Estado dominicano solo fue superado por Brasil (que obtuvo un nivel de transparencia presupuestaria de 83 puntos). 

“Este resultado refleja avances en los espacios de consulta, diálogo y control social que permiten acercar el presupuesto a la ciudadanía”, resaltó el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot.

Según los datos, la calificación también representa una mejora de cinco puntos respecto al 2023 y de 31 puntos con relación a hace una década, cuando el país había obtenido 51 puntos. Para entonces, la organización había identificado retrasos en las publicaciones de la situación presupuestaria del país y carecía de un resumen de la ejecución presupuestaria a mitad del año.

“La República Dominicana ha aumentado la disponibilidad de información presupuestaria mediante la ampliación de la información proporcionada en la en sus informes presupuestarios, incorporando más datos sobre la deuda, las proyecciones macroeconómicas y los ingresos”, valoró el reporte de la Alianza Internacional de Presupuesto.

Participación ciudadana y vigilancia

La firma también toma en cuenta los niveles de participación ciudadana en la elaboración del presupuesto y la vigilancia por parte de otros órganos veedores del presupuesto (como el Congreso Nacional y la Cámara de Cuentas).

La encuesta también arrojó resultados por encima del promedio regional en estas categorías. 

La participación pública recibió una calificación de 50 puntos, triplicando el promedio global de 17, y duplicando la media de América Latina y el Caribe, en 26 puntos.

En tanto, la vigilancia por parte del Congreso y otras entidades fiscalizadoras recibió una puntuación de 56 que, si bien es alta en comparación con otros países de la región, se considera una “supervisión limitada” durante el proceso presupuestario.

Recomendaciones

La Alianza Internacional de Presupuesto realizó a las autoridades dominicanas algunas recomendaciones sobre cómo seguir mejorando la elaboración y acceso al presupuesto por parte de la ciudadanía, entre los cuales destacó:

En términos de transparencia:

• Incluir en el proyecto de Presupuesto del Ejecutivo información más exhaustiva sobre riesgos fiscales y proyecciones plurianuales.
• Incluir en el informe de fin de año información más exhaustiva sobre la deuda y los pronósticos macroeconómicos.

En términos de participación pública:

• Desde el Ministerio de Hacienda y Economía, involucrar activamente a comunidades insuficientemente representadas, directamente o a través de las organizaciones de la sociedad civil que las representan durante la implementación del presupuesto anual.
• Desde el Congreso Nacional, permitir que la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil intervengan en las discusiones sobre el proyecto de presupuesto antes de su aprobación y en los informes de auditoría del documento.

En términos de vigilancia:

• El Poder Legislativo debería debatir la política presupuestaria antes de que el Poder Ejecutivo presente la propuesta de presupuesto, aprobando recomendaciones para el del año siguiente.
• Una comisión legislativa debería examinar la ejecución presupuestaria durante el año fiscal y publicar, en línea, informes con sus hallazgos.
• Desde la Cámara de Cuentas, garantizar que un organismo independiente realice y publique una revisión anual de los proceso de auditoría de la Cámara de Cuentas.