Cuando el problema no es quién gana más

La desigualdad en la República Dominicana es la más baja entre los países de América Latina. Pero su ingreso por habitante se encuentra por debajo de economías que tienen mayor desigualdad. El problema social es la falta de ingresos más altos, no la existencia de diferencias entre las personas. Concretamente, es la falta de emprendimientos que generen mayor valor agregado lo que limita los niveles de ingresos que tienen los ciudadanos del país.

En términos relativos, la República Dominicana se encuentra por debajo de Brasil, Chile y Uruguay en el coeficiente de Gini, usado para medir la desigualdad de ingresos. Esos tres países tienen un producto interno bruto (PIB) per cápita promedio 77 % mayor que el dominicano. En promedio, son más desiguales al presentar un coeficiente de desigualdad de 44 contra 39 de la República Dominicana. 

Los datos conducen a una reflexión. ¿Deben las autoridades de un país preocuparse por gravar más las rentas de unos ciudadanos, o por implementar políticas públicas para que aumente la generación de riqueza? 

Los dominicanos que emigran a los Estados Unidos tienen la respuesta. Esa economía, que es más desigual que la dominicana, genera empleos mejor remunerados. Los más ricos del planeta habitan allá y crean empresas que dan empleos a millones de personas. El ahorro y las inversiones hacen que las personas obtengan salarios altos. Como consecuencia, los dominicanos que migran a los Estados Unidos pueden enviar más de 9,670 millones de dólares en remesas en un año. 

Está claro que los dominicanos no emigran por desigualdad, lo hacen para percibir mayores ingresos. 

El problema de República Dominicana radica en la intervención estatal que limita el desarrollo económico, en el aumento del gasto público, en el endeudamiento de la ciudadanía, en la creación de políticas públicas que eligen a ganadores y perdedores, y en el diseño de un sistema tributario que es un obstáculo al desarrollo.

Cuando aumentan los impuestos, la sociedad como un todo tiene menos ingresos para ahorro e inversión. Sufren más los ciudadanos que se benefician de los procesos productivos por la vía de los salarios. Son impactados por la incidencia impositiva. Esa incidencia se verifica con el aumento de precios de bienes y servicios, y con menos empleos e ingresos.

Modificar un sistema impositivo debe ser una política basada en la lógica económica, no sustentada en lo que pueda ser popular, como sucedió con la reciente Ley 30-26. Cuando se enarbola la política tributaria de gravar más a quienes tienen más ingresos, los más ricos, se emplea un discurso que procura la aceptación popular. Pero lo popular, la mayoría de las veces, no es lo correcto. 

La política de gravar más a  ricos introduce un problema económico. La política obvia que esa medida perjudica a otros miembros de la sociedad. También agrava un problema social. Tal vez sin quererlo, queda servido el discurso de pobres contra ricos. Si a unos se les deben confiscar más ingresos es porque, de acuerdo con la lógica del relato, son menos merecedores de poseerlos. Unos deben tener menos para subsidiar al resto. 

Las palabras son poderosas. Algunos discursos pueden activar narrativas que polarizan a las sociedades. Las sociedades libres son sistemas de colaboración voluntaria, donde los intercambios pacíficos generan beneficios mutuos y fortalecen la cohesión social. El uso del lenguaje puede convertirse en un factor que erosione esa dinámica virtuosa y afecte la armonía social y democrática. Esa paz social que deseamos preservar en la República Dominicana. 

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Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).