Las obras fantasmas que pagó el petróleo a los poderosos

Un joven atraviesa apurado la transitada Ruta Nacional 2 de Haití, mientras empuja una carretilla con unos bloques de hielo que espera trasladar al otro lado de la calle. Cada día arriesga su vida, con tal de mantener fresco el pescado que se vende al borde de la congestionada vía. Del otro lado, le espera Monzus Senatus, un hombre alto que desde hace seis años vende en un angosto pedazo de acera porque lo desalojaron junto a sus colegas del viejo mercado de Fontamara. Las autoridades demolieron la instalación para construir una nueva, pero no la terminaron.

El carretillero tiene suerte de llegar a salvo al otro lado. Con cierta frecuencia los vehículos que transitan por allí han arrollado mortalmente a los transeúntes. La última vez fue en marzo de 2018. Los vendedores de pescado y la comunidad protestaron para que terminaran el mercado de una vez, como cada vez que arrollan a uno de los suyos. Pero de nada sirvió. “No hemos podido hablar con alguna autoridad y ni siquiera sabemos con quién hacerlo”, se lamenta Senatus. Allí sigue la mole de concreto inacabado, a espaldas de esa línea de vendedores de pescados que desde 2012 convive con la amenaza de los automóviles que salen y entran de Puerto Príncipe. Sobre el piso del tercer nivel de la estructura cuelgan varillas de acero entrelazadas como el esqueleto de un techo inexistente, entre clavos, desechos y excrementos de animales.?

El mercado de Fontamara es uno de los más de 130 proyectos cuya construcción se planificó en ese país con cargo a fondos de Petrocaribe, el acuerdo energético de venta de petróleo con créditos preferenciales impulsado por el gobierno de Venezuela. De esos recursos dependía en buena medida la reconstrucción nacional de Haití, tras el potente terremoto que en 2010 devastó al país, causó decenas de miles de muertos, dejó 1,5 millones de damnificados y colapsó la infraestructura del país incluido el viejo mercado que ya fue demolido. La nación sudamericana ha prestado 3,833 millones de dólares como parte del programa de cooperación, pero del total hubo 2,119 millones?de dólares que fueron apartados por los gobiernos haitianos para ejecutar el plan de obras. La iniciativa terminó convertida en una fuente de fraude que ha desilusionado a la población haitiana y la ha motivado a impulsar campañas de redes sociales y a protestar en las calles para pedir castigos para los corruptos. En octubre de 2018 las manifestaciones por ese motivo dejaron al menos siete muertes, decenas heridos y provocaron una crisis en el gobierno de Haití.

La investigación de #Petrofraude, una alianza colaborativa de medios de cincos países, revela que con los fondos venezolanos se privilegiaron negocios del presidente Jovenel Moïse, del senador dominicano Félix Bautista y de grupos empresariales y familias con nexos con el poder en toda la isla La Española. Montos millonarios para aliviar las secuelas de una catástofre en el país más pobre de América Latina, terminaron en contratos con sobreprecios, en cuentas bancarias extranjeras, en construcciones que nada tenían que ver con la reparación post terremoto y en obras que comenzaron pero hasta la fecha no han sido concluidas. La ruta del dinero apunta también a la obra social de Leonel Fernández, ex presidente de República Dominicana; y al financiamiento de campañas de candidatos presidenciales como Michelle Martelly, quien obtuvo la victoria en Haití en 2011, y de Alejandro Toledo, ex presidente peruano quien intentó retornar fallidamente al poder en los comicios de ese año.

Periodistas de esta investigación visitaron en Haití casi una decena de proyectos financiados con el dinero de Petrocaribe para verificar su progreso, usaron drones para captar imágenes de algunos de ellos, analizaron tres auditorías realizadas por el Senado y la Corte de Cuenta de ese país, revisaron demandas judiciales contra funcionarios por el presunto mal uso de esos préstamos y examinaron información contable para reconstruir el mayor fraude documentado ocurrido con proyectos de infraestructura financiados por Petrocaribe en la región.

Ninguna de las evidencias que creaban malestar fueron significativas para las autoridades venezolanas vinculadas con el convenio. Mary Barton-Dock, representante del Banco Mundial en el país caribeño, en diciembre de 2013 pidió al gobierno haitiano en una declaración pública que enfrentara la corrupción con los fondos de Petrocaribe. Pedro Canino González, entonces embajador venezolano, rápidamente la contradijo y afirmó que la ejecución era transparente y que el presidente Nicolás Maduro estaba “muy satisfecho” con la gestión de los fondos del convenio.

En ?abril de 2014, Michel Martelly, entonces presidente haitiano, dijo una frase que condenó su gestión: “Voy a anunciar algunas malas noticias. Hemos estado haciendo tanto trabajo en todo el país, que las arcas estatales no tienen ni un centavo”. Casi un año más tarde, Rafael Ramírez, entonces canciller y ex presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), empresa que suministra el petróleo en la región, visitó Haití y, según el diario Le Nouvelliste, se mostró complacido al constatar “que los proyectos bajo el acuerdo de Petrocaribe son consistentes con los ideales propugnados por el gobierno venezolano”.

Lee el especial completo en: #Petrofraude El descalabro continental chavista con dinero de los venezolanos

El senador Yourie Latortue, quien adelantó a mediados de 2016 una auditoría desde la Comisión de Ética y Anticorrupción del Senado, señaló en una entrevista para este trabajo que mostrarse complacidos con la forma en que el dinero se gastaba siempre fue el denominador común entre los funcionarios venezolanos que visitaban Haití para supervisar la ejecución de la cooperación, pero es falso. “Queremos que quienes se llevaron el dinero sean juzgados y que se les obligue a devolverlo al Estado haitiano para que pueda ser realmente invertido”, manifestó Latortue.

A fines del año pasado el Senado haitiano presentó otra auditoría sobre el uso de un total de 1.705 millones de dólares de esa cooperación venezolana y comprobó que se violaron?formalidades en las licitaciones,? se forjaron?contratos para esconder irregularidades?o para inflar los precios de las construcciones, se cancelaron y desviaron fondos ilegalmente a otros proyectos, se adjudicaron contratos millonarios a empresas recién creadas a las que se les adelantaron enormes porciones de dinero, aunque ni siquiera habían presentado estudios de factibilidad.

El reporte, que estuvo a cargo del senador Evallière Beauplan, es todavía más exhaustivo que el de Latortue. En más de 600 páginas, la comisión parlamentaria no solo analizó la forma en que fueron autorizadas las resoluciones de emergencia, sino que enumeró cada una de las empresas privadas e instituciones públicas que participaron y ejecutaron los contratos de reconstrucción, los montos desembolsados y el estado en que se encontraban los proyectos que recibieron recursos en un proceso que, según determinó la instancia del Senado, estaba “lleno de anomalías, de irregularidades, de actos de malversación y de prevaricación” en el que no se protegieron los intereses del Estado haitiano.

Tanto la auditoría de Latortue como de Beauplan analizaron las 15 resoluciones de emergencia que los gobiernos haitianos aprobaron para usar rápidamente el dinero de Petrocaribe y la forma en que los contratos fueron otorgados a cada empresa. Dos presidentes y seis primeros ministros, sin contar funcionarios de otras instituciones, quedaron bajo la lupa parlamentaria. Las acusaciones por nepotismo, violación sistemática de leyes, enriquecimiento ilícito, desviación de fondos, extorsión y fraude, sin embargo, se han dirigido principalmente a los ex primeros ministros Jean Max Bellerive y Laurent Lamothe y a Michael Lecorps, ex presidente de la Oficina de Monetización de la Cooperación Extranjera para el Desarrollo (BMPAD por sus siglas en francés). Los tres han negado los cargos y señalado que las acusaciones contra ellos carecen de fundamento.

Las cuentas del parlamentario aliado de Fernández llevan años bajo supervisión y sometidas a procesos judiciales que hasta ahora han quedado sin consecuencias legales. En octubre de 2014 el entonces procurador general de República Dominicana Francisco Domínguez Brito, introdujo la última demanda contra Bautista en la que le señalaba, junto a varios socios, de haberse enriquecido injustificadamente durante su paso por la OISOE. El ex procurador hablaba de “complejos movimientos financieros” que probaban lavado de dinero y corrupción por parte de Bautista con el apoyo de seis de sus cercanos, entre socios y familiares. En la acusación presentada por la Procuraduría General se revelaban los movimientos bancarios en República Dominicana del senador y señalaba que entre julio de 2011 y diciembre de 2012 comenzó una inusual adquisición de certificados de depósitos que sumaron 3.7 millones de dólares. Esa investigación fue archivada por la justicia dominicana en octubre de 2015 porque las pruebas que sustentaban la demanda de la Procuraduría habrían sido obtenidas sin la autorización de un juez.

Entre 2010 y 2011, ya como senador, obtuvo el visto bueno del gobierno haitiano para tres de sus empresas, con contratos que sumaron aproximadamente 348 millones de dólares para la reconstrucción del Palacio Legislativo y los desarrollos residenciales de Bowenfield y Fort National. Una copia de un reporte contable atribuido a Bautista por investigadores del caso fue examinada para este trabajo periodístico de #Petrofraude. Según el documento, que ha sido previamente ventilado en medios dominicanos, para finales de diciembre de 2011 el recién estrenado senador había recibido en cuentas bancarias en Haití asociadas a él un total de 68,5 millones de dólares para llevar adelante no solo la reconstrucción de la sede legislativa y las obras de Bowenfield y Fort National, sino también el sistema de drenaje La Saline y el complejo residencial Morné a Cabri. El documento muestra que casi un tercio de ese dinero voló al otro lado de la isla, a República Dominicana, a través de transferencias bancarias a cinco empresas del parlamentario o de sus cercanos.

El informe del Senado haitiano revela que ni Hadom ni Construcciones y Diseños R.M.N.S.A. estaban habilitadas para desarrollar proyecto alguno en ese país porque no contaban con los cinco años de experiencia exigidos por las leyes haitianas para ser beneficiarias de contratos públicos. Pero eso no detuvo al gobierno del entonces presidente de Haití, René Preval, para que en noviembre de 2010 desembolsara 10 millones de dólares de un total de 33.76 millones, como adelanto para la reconstrucción del Palacio Legislativo que fue derrumbado por el terremoto. Al día de hoy, la sede parlamentaria sigue siendo tierra, maleza y el parqueadero de algunos vehículos. El poder legislativo haitiano todavía sesiona desde un edificio básico, de construcción prefabricada, que fue levantado temporalmente después del terremoto en la avenida La Saline de Puerto Príncipe. “Se entregaron 10 millones de dólares a Bautista, y nada se ha hecho”, lamentó Latortue.

Entre tanto, Bowenfield, un ambicioso proyecto residencial y de renovación urbana en Puerto Príncipe, todavía es una idea que solo existe en los planos. En un recorrido, periodistas de esta investigación verificaron que en la realidad se trata de varios kilómetros de maleza y basura. En un gigantesco predio al frente donde deberían estar los edificios residenciales sólo subsiste un refugio que la Cruz Roja creó después del terremoto para atender a personas con discapacidad que resultaron damnificadas por el sismo de 2010.

Allí siguen, en precarias casuchas de zinc construidas sobre calles de tierra, sin electricidad ni sistemas de agua potable, alcantarillado o recolección de basura y con un tanque de agua comunitario. Lo único que cambia es que cada vez son más. Cuando la Cruz Roja se fue y ninguna otra organización de ayuda internacional se encargó del refugio, sus familiares se mudaron con ellos. En la zona, que alguna vez fue una comunidad de 378 personas con discapacidad, ahora sobreviven más de 4,000, incluyendo a una creciente población infantil que no cuenta con servicios básicos o escuelas y que pasa sus días jugando en las calles de polvo y barro.

Fort National, otro inmenso proyecto de viviendas en una comunidad de Puerto Príncipe que fue parcialmente destruida por el terremoto, fue asumido y terminado por una agencia de la Organización de Naciones Unidas (ONU) –la Oficina de Servicios para Proyectos (Unops)– y no por la empresa del senador dominicano que recibió el contrato. ¿La razón? Pese a que R.M.N. y Constructora Rofi (ambas de Bautista) fueron autorizadas para construir Bowenfield y Fort National, cuando Martelly asumió la presidencia de Haití reasignó todos los fondos de esos dos proyectos para Morne a Cabri, otro enorme plan de 3.000 viviendas en las afueras de Puerto Príncipe que incluiría un parque industrial.

Hoy las construcciones que allí se levantan contrastan entre sí. La primera etapa fue terminada, pero las siguientes quedaron a medias. Sus residentes improvisaron ventanas de bloques con un poco de ventilación o las dejaron desnudas, y lanzaron conexiones hacia torres de electricidad para poder tener luz.

Lumeine Sanon ocupa desde hace dos años uno de los austeros apartamentos inacabados de Morne a Cabrï. Es un espacio de dos pequeñísimas habitaciones, una cocina llena de vasos y platos multicolores que no hacen juego entre sí, sin nevera ni estufa y en la que solo se cocina con carbón. El baño es un espacio con un tubo del que nunca ha salido agua y en el que no hay inodoro. Lumeine se avergüenza por unos segundos, cuando finalmente comparte que el desagüe de la ducha es su letrina.

La repartición

En los documentos contables atribuidos a Bautista, se señala que entre el 3 de marzo y el 11 de mayo de 2011 la candidata presidencial haitiana Mirlande Manigat recibió 550,000 dólares del senador como aporte a su campaña, operación que dos años más tarde ella misma admitió. El otro candidato, Michel Martelly, quien terminó siendo el presidente de Haití entre 2011 y 2016, habría recibido en varios pagos en efectivo unos 1.75 millones de dólares para su campaña, aunque siempre lo ha negado. La ruta de los movimientos de Bautista ha sido seguida por otras perspectivas. En una demanda presentada por el dirigente político Guillermo Moreno en 2013, se afirma que desde cuentas relacionadas al senador se giraron transferencias a la empresa Inversiones Corporativas por 468,000 dólares en mayo de 2011. El destino final fue la Fundación Global y Desarrollo (Funglode), una organización sin fines de lucro del entonces presidente Leonel Fernández. Como informó Diario Libre entonces la demanda fue archivada ese mismo año porque la justicia consideró que no era posible imputar determinadas conductas que “la legislación dominicana no tipifica y en consecuencia no sanciona”, según el fallo de la Fiscalía del Distrito Nacional. Se intentó conversar con el expresidente Fernández, pero su Dirección de Comunicaciones rechazó hablar sobre el tema.

El reporte de contabilidad al que se tuvo acceso por #Petrofraude también refleja transferencias de dinero desde las cuentas haitianas del senador hacia Perú y Guatemala Hay dos giros bancarios con fecha 28 de mayo de 2011 por 200,000 dólares para “Guatemala” y otros 150,000 dólares para “Perú”. En el mismo año en que la justicia dominicana desechaba la demanda de Moreno contra Bautista, el nombre del senador aparecía en una investigación por presuntos aportes ilegales a la campaña presidencial peruana de 2011, a favor de Alejandro Toledo, entonces candidato presidencial por Perú Posible y quien había gobernado el país entre 2001 y 2006. Según reseñaron los medios, algunas de las vías del financiamiento fueron transferencias a través de empresas ligadas al parlamentario dominicano, como Inmobiliaria Hemisferio y Constructora Infepre. Bautista dijo que sí, que hubo financiamiento durante la campaña electoral, pero que los aportes no fueron para Toledo, sino para Perú Posible y que no había límites legales para hacerlo.

En el caso guatemalteco, el nombre de Bautista surgió en enero de 2017, en medio del revuelo internacional por los sobornos de Odebrecht. La investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad de Guatemala le relacionaba con la ex vicepresidenta de ese país, Roxanna Baldetti, pero el senador respondió en su momento a medios dominicanos que tuvo intenciones de abrir una constructora en el país centroamericano, pero que nunca se concretó.

El origen de una fortuna

Las de Bautista no son las únicas empresas dominicanas beneficiadas en Haití por los contratos públicos con recursos de Petrocaribe. Nuevas carreteras, rehabilitaciones de las viejas, colegios, hospitales y mercados por todo el país fueron algunos de las obras que se entregaron a compañías y empresarios del otro lado de la isla La Española que no presentaron las certificaciones mínimas exigidas por las leyes haitianas, según las auditorías.

El fraude se esconde a lo largo de todo Haití detrás de cercas rojas. Los gobiernos haitianos decidieron cubrir el incumplimiento de cientos de proyectos financiados por Petrocaribe detrás de las murallas metálicas, tan presentes en la vida de los haitianos, que en ese país a quien promete algo y no lo cumple se le llama popularmente “tòl?wouj” (cerca roja,?en creole).

La que cubre al mercado de pescado de Fontamara es una de las pocas? que sí permite divisar desde fuera la obra inacabada. El nuevo mercado costaría 15.6 millones de dólares, pero la obra está paralizada. Las autoridades haitianas desembolsaron ocho millones de dólares, según los registros del Senado, y luego de un abono en julio de 2015, no hubo más dinero. La empresa IBT, responsable de la construcción del mercado de Fontamara, tiene también a su cargo otros tres proyectos que no culminan: el hospital Simbi y los liceos Toussaint Louverture y Alexandre Pétion.

IBT Group es una empresa registrada en Panamá y presidida por?José Ramón Brea González, un prominente empresario dominicano cuya cercanía al poder, tanto en Haití como en República Dominicana y Panamá, le ha valido contratos estatales en toda la isla La Española y en Centroamérica. Aunque en su página web indica que las obras en Haiti fueron concluidas, la verdad es que falta mucho para ello.?

Brea González no es un extraño en República Dominicana: allí es titular de más de 30 compañías, entre cementerios, importadoras de alimentos, medios de comunicación y hasta centros de almacenamiento de cordones umbilicales. En Panamá preside nueve más entre constructoras, fabricantes de combustibles y una comercializadora de equipos médicos.? La compañía no ha pasado desapercibida en el istmo, debido a supuestos sobornos que fueron pagados al expresidente panameño Ricardo Martinelli, actualmente preso en su país, a través de un directivo de IBT Group que era cercano al gobernante centroamericano.

Otra empresa a la que la auditoría del Senado de 2017 puso bajo lupa fue el Grupo de Ingeniería Estrella. Según el informe, se le entregaron obras a pesar de que no contaban con todos los requisitos para recibirlas. Los investigadores también detectaron que los avances en las ejecuciones de los 19 contratos asignados, varios de ellos declarados de urgencia, marchaban a un ritmo físico que no se correspondía con los desembolsos de dinero realizados. A la compañía también se le objetó por la renovación urbana de la villa de Gonaïves en la que según los documentos cada kilómetro de la carretera costó 1.23 millones de dólares, mientras que otra empresa con una obra similar cobró 995,254 dólares.

A Brea González se le contactó para el presente trabajo pero no respondió, como tampoco lo hicieron el senador Bautista ni los voceros del Grupo de Ingeniería Estrella.

El alumbrado presidencial

Las calles de Haití se encienden cada noche entre tarros metálicos llenos de carbón que hacen las veces de lámparas para los vendedores informales que se desparraman a lo largo de las aceras. Un plan para introducir luminarias alimentadas con energía solar fue diseñado en el marco de Petrocaribe para revertir el país de la oscuridad que es Haití una vez que anochece. El Senado, en su informe del año pasado , descubrió un patrón en todos los contratos. Las luminarias solares que se instalaron a partir del año 2012 se compraron a empresas que las vendieron con sobreprecios, una de ellas perteneciente al actual presidente de Haití, Jovenel Moïse. En enero de 2013, el mandatario haitiano, que entonces no estaba directamente en el juego político al que llegó luego de la mano de Martelly, firmó un contrato para la instalación de 65 luminarias solares en las comunas de Savanette y Mont-Organisé, en representación de la Compañía Haitiana de Energía S.A. (Comphener S.A. por sus siglas en francés), a la que ayudó a fundar cinco años antes, según la investigación parlamentaria.

Se trató de un contrato por 116,058 dólares (4.95 millones de gourdes haitianos), cuya ejecución se resolvió en menos de un día, pero a un costo altísimo. Según los documentos, cada luminaria costó 76,144 gourdes haitianos, un sobreprecio que el Senado estimó en 105.3 por ciento con respecto al precio normal de las luminarias.

El contrato otorgado a Moïse, que no contó con los permisos requeridos por las autoridades, es apenas una gota entre las 12 empresas que instalaron unas 7.499 luminarias solares, todas con sobreprecios de entre 100 por ciento y casi 400 por ciento en algunos casos, según los auditores. Junto a Comphener S.A., otras compañías como Burocad, GPL Solar LLC, Enstrap, Suntech Solar Haití, Esolar Haití, Maxitech S.A., Green Solar Specialist, GK Import Export S.A., Elmacen S.A. y Besuc S.A. recibieron autorizaciones irregulares y cobraron las luminarias con sobreprecios de acuerdo con el informe parlamentario. El Estado haitiano, a través de los fondos de cooperación destinó a la instalación de alumbrado público unos 3.14 millones de dólares y “ninguno de ellos funciona bien”, dijo el senador Nenel Cassy, quien participó en la comisión parlamentaria que en 2017 auditó los recursos.

Desde una pequeña oficina en el parlamento temporal que se construyó hace ocho años, Cassy relató a periodistas de #Petrofraude que el caso de esas luminarias es justo lo que mantiene la investigación de los fondos de la cooperación venezolana sin resultados judiciales. Luego de que en noviembre de 2017 se presentara el informe, pasaron dos meses hasta que el documento se logró llevar a la plenaria del Senado y, aunque la esperanza de la comisión investigadora era que el caso pasara a la justicia, la mayoría parlamentaria que el presidente Moïse mantiene en el Senado detuvo la iniciativa y ese documento de 656 páginas fue devuelto a la Cámara de Cuentas. Allí reposa hasta hoy.

“Hay 40 ministros y directores generales de organismos estatales involucrados en los manejos corruptos con recursos de Petrocaribe”, enfatizó el senador, quien apuntó que uno de los graves problemas de Haití es la falta de separación entre los poderes públicos. “Este caso es muy difícil porque el nombre del presidente está mencionado en el reporte”, zanjó. Moïse no se ha referido al tema que le involucra, pero en octubre de 2018 prometió abrir una investigación sobre la cooperación venezolana. A la Secretaría del Consejo de Ministros de Haití se escribió para pedir la versión presidencial, pero no se obtuvo respuesta.

Debido a esa piedra de tranca, se ha abierto otra vía: la de las demandas civiles. Hasta fines de agosto ya se habían introducido 63 exigencias judiciales ante la corte de instrucción por parte de ciudadanos que buscan una respuesta y sanciones a los responsables. Uno de los abogados que lleva los casos, André Michel, aseguró que lo de Petrocaribe en Haití no fue solo una dilapidación, sino que el dinero fue utilizado deliberadamente para comprar activos en el exterior. “El dinero ha sido robado, pero nadie sabe dónde está”.

Los estadios del hijo del presidente

Parte del dinero de la reconstrucción fue destinado a proyectos de parques deportivos y plazas que no resolvían las urgencias del millón y medio de haitianos que quedaron damnificados debido al sismo de 2010. A cargo de todos esos proyectos estuvo Olivier Martelly, el hijo del expresidente haitiano y también conocido como el cantante Big O. La ejecución de los estadios deportivos estuvo plagada de irregularidades de acuerdo con las auditorías parlamentarias. Un total de 25,6 millones de dólares fueron utilizados para la construcción de 14 estadios de fútbol, contratos que se llevaron especialmente dos empresas: Secosa y J&J Construction, pero ninguna de las instalaciones deportivas ha sido terminada. Cuando en 2011 se autorizaron los contratos, la compañía J&J Construction ni siquiera existía porque había sido disuelta por sus accionistas en septiembre de 2010, según la investigación parlamentaria. Esto no detuvo el desembolso de recursos para esta empresa que funcionó como constructora de campos deportivos y como supervisora de escuelas que eran construidas por Secosa. A ambas compañías se les escribió por correo electrónico sin resultados para obtener una versión de los hechos denunciados. Para el Senado, estos contratos fueron la representación de “favores y clientelismo” que incluyeron sobrefacturación, según el reporte de la auditoría parlamentaria. El ex presidente Martelly, quien también es cantante, ha cuestionado las acusaciones en su contra incluso en tono de burla. En una presentación 2018, en broma dijo que había usado parte de los fondos desviados para invertir en cadenas privadas de hoteles que funcionan en Haití. El escándalo que siguió le obligó a rectificar por escrito en septiembre de ese año, a reafirmar que se trataba de un chiste que había hecho como artista y a realzar la importancia de la transparencia. A la productora Big O se le escribió para obtener comentarios del hijo de Martelly sin respuesta.

El senador Cassy lamentó la poca voluntad no solo de investigar toda la corrupción, sino también de dejar a Haití sin el desarrollo que los miles de millones de dólares prestados por Venezuela habrían significado para ese país. “Ningún gobierno que llegó después de la firma de Petrocaribe quiso desarrollar planes productivos que permitieran hacer crecer al país. Prefirieron destinar todo el dinero a proyectos fantasmas”, sentenció.

El drama de los fondos tiene incluso expresiones paradójicas, como la de los planes que sí fueron terminados, pero no funcionan. A un costado de una de las zonas más pobres de Puerto Príncipe se levantó Wharf de Jeremie, un complejo comunitario que serviría para atender a la excluida población que vive en Cité Soleil, un gigantesco barrio pobre de la capital haitiana lleno de casas de madera y zinc, con lonas improvisando la falta de techos que cedieron por el óxido. El complejo cuenta con una enorme escuela de formación vocacional que recién comenzó a funcionar en febrero, y un mercado que, si bien podría servir para los comerciantes informales que venden en las calles cercanas, tiene unos candados en sus puertas. “Me molesta porque está muy bien hecho, pero no se puede usar”, dijo Josy Philistein, una habitante de la zona. Fue ejecutado por la empresa Sotech.

Justo detrás del complejo hay una escuela, la Institution Mixte Maison, un pequeño espacio de apenas tres salones minúsculos en el que alguna vez no hubo estudiantes sino un botadero de basura y cadáveres que deja la violencia cotidiana de la zona. Desde adentro se siente el hedor que llega desde el contiguo drenaje congestionado de desperdicios que van a dar al mar, uno de los tantos que se distribuyen por todo Puerto Príncipe. El director de la escuela, Ronald Jean Marie, quien también lidera una organización social de Cité Soleil, contó a periodistas de #Petrofraude que en esos escasos metros intenta atender a 300 chicos en actividades escolares y extraescolares. No sabe a quién dirigirse para usar las nuevas instalaciones que tienen al lado y que costaron cerca de 20 millones de dólares que llegaron a través del financiamiento venezolano.

La misma historia se repite en escuelas, hospitales, mercados y otras instalaciones que en algunos casos sí fueron terminadas, pero de las que los ciudadanos haitianos no saben cómo beneficiarse.

Mientras tanto, cerca del aeropuerto que sirve a Puerto Príncipe se levanta un Hugo Chávez metálico de siete metros de alto en una plaza que lleva su nombre en la capital haitiana, construida también con dinero de Petrocaribe. La figura está cercada por 17 astas desnudas. Solo una luce una bandera, la haitiana, percudida y ligeramente deshilachada, que se mece con la brisa caliente. La imagen se aleja mucho del acto protocolar en el que hace dos años ondearon los pabellones de los miembros de Petrocaribe y que llevó a una alta comisión del gobierno de Venezuela a su inauguración.

Hoy alrededor de la estatua del expresidente venezolano un grupo de chicos, pese al recio sol de Puerto Príncipe, corre sin parar tras un balón de fútbol, mientras otros practican fotografía. Son de una organización comunitaria llamada Conciencia Nacional para un Nuevo Haití (CONNA-H) y de fondo suena “Mwen fè yon rèv” (“Tengo un sueño”, en creole haitiano), una canción que habla de un Haití que se levanta y deja las calamidades atrás. La escena ocurre a menos de un kilómetro del campo donde hace ocho años la Cruz Roja levantó temporalmente el refugio para acoger a personas con discapacidad luego del terremoto.

Allí siguen, damnificados y viviendo en una parte del mismo terreno sobre el que se edificaría el inmenso proyecto residencial de ?Bowenfield, que hoy solo sigue siendo una idea sin concretar. “Había un aviso que anunciaba un gran proyecto de construcción aquí y luego quitaron, y ya no supimos más nada. Somos unas víctimas de la corrupción porque lo que se supone que harían con nosotros no se ha hecho”, se lamentó Philogene Jocelyn, un invidente que vive en el refugio desde hace ocho años, mientras se apoya en el bastón que le ayuda a andar por las calles polvorientas que son una metáfora de una cooperación fallida.

#Petrofraude es una investigación de Confidencial (Nicaragua), Connectas (plataforma latinoamericana de periodismo), Diario Libre (República Dominicana), El Pitazo (Venezuela) y La Prensa Gráfica (El Salvador).