"No se entiende este accionar": el Conep cuestiona modificaciones a ley de residuos sólidos

A poco más de dos semanas de que entrara en vigor un plan fiscal para  incrementar en hasta 50,000 millones de pesos los ingresos del Estado para mitigar los efectos de la crisis internacional producto de las alzas del petróleo, el Congreso Nacional aceleró otra reforma a la Ley 225-20 de Residuos Sólidos para que las empresas paguen más para su recogida, procesamiento y valorización. ¿Está tomando el Gobierno decisiones arriesgadas en el ámbito económico?

“No se entiende este accionar”, expresó sin reparos el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Celso Juan Marranzini, al ser preguntado. A su juicio, la medida presiona aún más a empresas y consumidores que ya deben pagar más retenciones por las medidas económicas recién implementadas para atenuar la crisis.

El ejecutivo sostuvo que se ha cuestionado seriamente el fondo y la forma del proyecto, creando incertidumbre en el empresariado sobre el uso que se le darán a los recursos, el por qué se requiere tanto dinero, la falta de transparencia en su manejo y la carencia de consultas, tanto al sector, como al propio Fideicomiso DO Sostenible como receptor y administrador de lo recaudado.

“En el entender de muchas empresas, lo que se ve es que ese dinero (el que se recaude de aprobarse otra reforma) se va a agotar en cualquier momento, y entonces tendremos que volver a recurrir a esto. La verdad es que esta experiencia ha sido funesta para generar confianza hacia el futuro”, sentenció.

Con los cambios introducidos, hay empresas que pasarían a pagar hasta el 1,000 % respecto a las contribuciones ya planteadas en la Ley 98-25 que modifica a la Ley 225-20.

Más y más recursos

En una entrevista con este medio, Marranzini dejó claro que el sector privado está convencido de que se debe encontrar una solución definitiva a la disposición final de los residuos sólidos en la República Dominicana, para reducir “la cantidad exorbitante” de vertederos a cielo abierto que hay en la actualidad.

Explicó que, a falta de una reforma fiscal en el primer período de Gobierno de Luis Abinader, se pensó en la redacción de una ley que, por sí misma, generara los recursos que permitieran financiar un sistema nacional de residuos sólidos eficiente y organizado, a través de contribuciones especiales voluntarias.

Además, reconoció los avances de la gerencia del fideicomiso en la instalación de plantas de relleno sanitario que son “modelo” en la gestión de residuos, como la planta de relleno sanitario de Vermont y la planta de reciclaje Renacer.

Sin embargo, la modificación de la Ley 225-20 para incrementar estas contribuciones encendió las alarmas.

“Ahí se va complicando el problema, pues cada vez que no den los recursos, entonces habrá que aumentar las tarifas, buscar una forma de gestionar más recursos y con el agravante de estirar recursos para dedicarlo a la recolección de residuos de los ayuntamientos; eso le pone todavía más presión financiera al fideicomiso y pone en cuestionamiento su sostenibilidad”, remarcó.

Transparencia

Aunque para el director del Fideicomiso DO Sostenible, Príamo Ureña, la brecha económica justifica el ajuste de ingresos que deben entrar al fondo, Marranzini cuestionó su ausencia durante las discusiones en el hemiciclo.

“¿Cómo una ley se aprueba de urgencia para aumentar recursos, cuando el mismo director del fideicomiso no tiene ni idea de qué está haciendo el Congreso, o el Congreso no tiene ni idea de cuáles son los números del fideicomiso?”, expresó.

• El ejecutivo  consideró que el fideicomiso debe detallar cómo y basado en qué se aumentaron las tarifas a los gestores privados autorizados para la recolección y disposición final de los residuos, las credenciales de estas empresas, los estudios técnicos utilizados, para qué se destinará el dinero que se quiere recaudar y los planes a seguir para garantizar la sostenibilidad financiera del fondo.

Receptividad

Ante la pregunta de si plantearán estas preocupaciones al presidente Luis Abinader, Marranzini reconoció que el Poder Ejecutivo siempre ha mostrado receptividad en ese aspecto.

“Nosotros reconocemos que el Poder Ejecutivo observó la ley buscando un mayor equilibrio y un mayor consenso, y vamos a seguir abogando porque, primero; este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir, porque la forma en la que el Congreso manejó las aprobaciones levantó muchos cuestionamientos y segundo, seguir profundizando en el fondo (de la ley)”, ponderó.