República Dominicana padeció crisis económicas en la “década perdida”

SANTO DOMINGO. Diana Castaños Guzmán de Martínez expresó que durante la década del 80, del pasado siglo, la República Dominicana formó parte del concierto de países latinoamericanos que vieron severas crisis económicas y financieras.

Al dictar la conferencia “La del 80: una década perdida en América Latina, caso dominicano”, en la Academia Dominicana de la Historia, la abogada, especialista en el área bancaria e investigadora, explicó que hace 36 años, en agosto de 1982, México entró en crisis de liquidez, declarando una moratoria con la suspensión de pagos de su deuda externa, y que a partir de esa decisión la mayoría de los países de América Latina, incluyendo la República Dominicana, se sumaron a este evento y suspendieron el pago de la deuda, principalmente la bancaria.

Agregó que por vía de consecuencia y para iniciar los pagos luego de restructurarse la deuda, casi todos los países concertaron y obtuvieron préstamos del Fondo Monetario Internacional (FMI), y a cambio aplicaron programas de ajustes que implicaron aumentos de precios y restricciones que profundizaron la pobreza general, razón por la que la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), de las Naciones Unidas, denominó el período 1981-1990 como la “Década Perdida de América Latina”.

“República Dominicana se declaró sin divisas para pagar las importaciones y para cumplir con el servicio de la deuda con gobiernos, bancos comerciales, organismos internacionales”, añadió.

Dijo que para obtener liquidez internacional y pagar los intereses, el gobierno dominicano suscribió siete acuerdos financieros con el FMI.

“La mayoría de los aquí presentes recordamos las huelgas, saqueos y muertes, ocurridos después de Semana Santa en el año 1984, (hechos muy similares a los acontecidos en Haití el mes próximo pasado), los cuales originaron el aumento de los precios de los combustibles, de la energía eléctrica, de los productos de la canasta familiar, todos los cuales incrementaron significativamente el costo de la vida de los dominicanos, reduciéndose así el poder de compra del salario del trabajador”, afirmó.

Dijo que, a través de esta figura jurídica, no prevista en Ley General de Bancos, esas entidades captaban recursos del público no sujetos a creación de reservas en el encaje legal, y peor aún, emitían acciones preferidas que no eran más que depósitos remunerados, y por los que mensualmente pagaban un rendimiento a sus propietarios, violando así el Código de Comercio en la parte relativa a la distribución de dividendos.

Afirmó que la situación parecía írsele de las manos a la Superintendencia de Bancos y al Banco Central, por un lado, las altas tasas de interés que promovían y alimentaban las financieras y los grupos financieros, conllevaban una selección adversa de prestatarios que, en el momento menos esperado, podían provocar riesgo sistémico, como en efecto ocurrió a finales de los 80 y principios de los 90.

Por otro lado, dijo, existía la inquietud de cómo resolver los casos de quiebra de financieras, frente a la gente que depositó en ellas, ya que estaban al margen de la ley, no obstante, el artículo 9 de la Ley General de Bancos No. 708, de 1965, indicar que se consideraba un banco toda la entidad que de manera habitual se dedicara a captar y colocar recursos públicos.

Aseguró que después de 1947 la fecha histórica de la banca dominicana es el 23 de enero de 1985, cuando, para empezar a eliminar distorsiones y transparentar informaciones del proceso de intermediación financiera, la Junta Monetaria emitió un conjunto de resoluciones, entre las figuraba la que regulaba las operaciones de las financieras, conminándolas a registrarse en la Superintendencia de Bancos y sometiéndolas al régimen de supervisión de este organismo.