Supervisión fiscal de Puerto Rico no permitirá déficit en presupuestos

SAN JUAN, Puerto Rico. La futura Junta de Supervisión Fiscal y Recuperación Económica de Puerto Rico, la entidad con la que se quiere dar respuesta a la crisis y problemas de liquidez gubernamental, no permitirá que se elaboren presupuestos con déficit, informaron este lunes, fuentes oficiales.

El secretario de Justicia de Puerto Rico, César Miranda, dijo en una vista pública celebrada ante la Cámara de Representantes local, que ese es uno de los principales objetivos de la entidad que el Ejecutivo quiere abandere la recuperación económica y contribuya al fin de la crisis, agudizada por una deuda de cerca de 73.000 millones de dólares.

“Durante décadas se han aprobado presupuestos con más gastos que recaudación, que se financiaban con deuda”, dijo Miranda, el primer funcionario en comparecer hoy ante las Comisiones de Gobierno y de Hacienda y Presupuesto de la Cámara baja para hablar sobre la futura Junta de Supervisión Fiscal y Recuperación Económica de Puerto Rico.

Esa entidad es la apuesta del Ejecutivo de Alejandro García Padilla para que un organismo independiente supervise las políticas y medidas necesarias para dejar atrás la crisis, la falta de liquidez y solucionar el pago de los vencimientos de deuda más inmediatos a los acreedores.

El gobernador García Padilla presentó el pasado día 16 el proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal y Revitalización Económica que establece la creación de la Junta de Supervisión Fiscal y Recuperación Económica de Puerto Rico, que debe ser aprobado en el Legislativo para hacerse realidad.

Proyectos han sido frenados

Algunos proyectos del Gobierno han sido frenados anteriormente en el Legislativo por falta de apoyo, incluso desde las filas de la colectividad en el poder, el Partido Popular Democrático (PPD).

Por ello Miranda trató de vencer los recelos a una normativa que otorgaría un alto nivel de autonomía a una entidad que nace con vocación de acabar con prácticas que durante décadas engordaron la deuda.

“Lo que sea potestad del Legislativo tendrá que pasar por las cámaras -Senado y Cámara de representantes-”, matizó Miranda ante las preguntas de los legisladores.

La portavoz del opositor Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes, Jenniffer González, dijo que la junta “estará por encima de todos”, tras mostrar sus temores a que la futura entidad “invada” el ámbito del Legislativo.

Miranda respondió que la junta no invadirá campos que no le corresponda y que se trata de un “instrumento de apoyo, tanto al Ejecutivo como Legislativo, en el proceso de diseño y administración de un presupuesto”.

El presidente de la Cámara de Representantes y miembro del gobernante PPD, Jaime Perelló, indicó durante su intervención que espera que la medida se apruebe con el apoyo de su partido y la oposición.

En caso de aprobarse el proyecto en la Cámara baja deberá ratificarse en el Senado, para pasar después a la firma del gobernador antes de convertirse en ley.

La Junta de Supervisión Fiscal y Recuperación Económica de Puerto Rico estará formada por cinco miembros nombrados por el gobernador y aprobados por el Senado.

La ley requerirá que un grupo de trabajo propuesto por el gobernador someta ante la junta un plan de crecimiento económico y fiscal consolidado para Puerto Rico para su aprobación antes de que termine el segundo trimestre de 2016 y después de que todos los miembros de la entidad hayan asumido sus cargos.

El inicio hoy de las vista para la aprobación de la normativa llega después de que el pasado fin de semana el diario The New York Times señalara que es momento de que el Congreso estadounidense tome la iniciativa en el caso de Puerto Rico si sus miembros no están de acuerdo con las propuestas del Gobierno de Barack Obama.

Antonio Weiss, alto funcionario del Departamento del Tesoro de EE.UU., compareció el pasado jueves en una vista celebrada en el Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado en Washington sobre Puerto Rico en la que destacó que los problemas de la isla pueden desembocar “en una crisis humanitaria, no solo fiscal y económica”.