El Partido Comunista de Cuba evaluará este miércoles las últimas reformas anunciadas

El Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal) convocó este lunes un pleno extraordinario de su Comité Central -para dentro de dos días- que evaluará el paquete de reformas económicas anunciadas el viernes pasado por el presidente del país, Miguel Díaz-Canel.

La convocatoria, publicada en redes sociales y medios oficiales, indicó que la iniciativa partió del Buró Político, el máximo órgano del PCC y, en la práctica, de la isla.

El pasado 12 de junio, Díaz-Canel avanzó en una comparecencia por sorpresa ante medios estatales un grupo de reformas que incluyen cambios para descentralizar y dotar de una mayor "autonomía" a empresas estatales y municipios.

Esas transformaciones contemplan además abrir el comercio exterior, la inversión extranjera y aumentar el rol del sector privado con el fin de liberalizar y desburocratizar la economía nacional, que se encuentra en estado crítico.

El mandatario también se refirió entonces a cambios en el negocio inmobiliario y en el sector del turismo, donde apuntó cambios en la gestión y la búsqueda de "nuevas modalidades" y "nuevos actores".

En relación con los productores agrícolas dijo que se les va a permitir la compra directa de insumos, la asociación con diferentes actores, la tenencia de cuentas "reales" (con respaldo en efectivo), la participación en el mercado cambiario y se va a tratar de hacer que sus trámites burocráticos sean "lo más ligeros posible".

Díaz-Canel dijo entonces que el paquete de reformas sería ratificado en las próximas semanas por el Buró Político del PCC, y posteriormente lo evaluaría la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, legislativo unicameral), que siempre aprueba por unanimidad las propuestas que le llegan.

El anunció llegó en un momento en el que la economía cubana se ha contraído un 15 % entre 2020 y 2025 por la combinación de la pandemia, el endurecimiento de las sanciones estadounidenses y las fallidas medidas internas en materia monetaria y económica.

A esto se suma desde enero la política de máxima presión del Gobierno de EE.UU., que exige cambios políticos y económicos profundos con un cerco petrolero y una serie de sanciones secundarias que afectan directamente a entidades extranjeras.