España pone freno a la inmigración irregular y endurece sus leyes de extranjería y asilo

España prepara un giro hacia un mayor control de la inmigración irregular. El Gobierno aprobó este martes los anteproyectos de una nueva Ley de Asilo y de reforma de la Ley de Extranjería, que refuerzan los controles en las fronteras, establecen procedimientos acelerados y buscan facilitar el retorno de quienes entren irregularmente y no tengan derecho a protección internacional.

Las medidas llegan después de la crisis migratoria registrada a finales de julio en Ceuta y en momentos en que Europa endurece y armoniza sus mecanismos para gestionar la llegada de migrantes. El Ejecutivo de Pedro Sánchez sostiene, sin embargo, que las reformas mantendrán un carácter "garantista" y respetarán los derechos fundamentales de quienes soliciten protección.

El Consejo de Ministros dio luz verde en primera vuelta a los dos anteproyectos promovidos por el Ministerio del Interior. Su objetivo formal es adaptar la legislación española al Pacto Europeo sobre Migración y Asilo (PEMA), cuyas disposiciones comenzaron a aplicarse el pasado 12 de junio en la Unión Europea. La información la publicó la página del gobierno español y tuvo una amplia repercusión en medios españoles.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió que España busca un sistema "más ágil, eficaz, ordenado y garantista" ante el fuerte crecimiento de las solicitudes de protección internacional. Los datos oficiales muestran la magnitud del cambio: España pasó de unas 3,000 solicitudes de asilo en 2009 a 167,000 en 2024 y 144,000 en 2025.

Control antes de entrar

Uno de los principales cambios será la incorporación a la Ley de Extranjería del denominado triaje, obligatorio para las personas que crucen las fronteras exteriores de la Unión Europea sin cumplir las condiciones regulares de entrada.

• El procedimiento incluirá reconocimiento médico, evaluación de vulnerabilidad, identificación, toma de datos biométricos, controles de seguridad y la determinación del procedimiento migratorio que corresponda.

• Durante ese proceso no se autorizará formalmente la entrada al territorio español. Aunque la normativa europea permite que el triaje se prolongue hasta siete días, España mantendrá un límite de 72 horas, prorrogable únicamente mediante decisión judicial en casos individuales justificados.

El endurecimiento también alcanza a quienes soliciten asilo en la propia frontera. La nueva normativa contempla un procedimiento fronterizo obligatorio en determinados casos, que deberá resolverse en un máximo de 12 semanas. Durante ese período, el solicitante permanecerá a disposición de las autoridades españolas antes de que se autorice formalmente su entrada al país.

Si la petición de protección internacional es rechazada, la resolución podrá ir acompañada de una decisión de retorno. En el caso de los extranjeros que hayan llegado irregularmente y no tengan derecho a protección internacional, se establece igualmente un procedimiento fronterizo para agilizar su salida, que deberá ejecutarse en un máximo de 12 semanas.

Asilo más rápido

España también pretende acortar los tiempos de respuesta. Además del procedimiento ordinario, la nueva Ley de Asilo introduce un mecanismo acelerado que deberá quedar resuelto en tres meses, frente a un sistema que durante años ha acumulado importantes volúmenes de solicitudes.

El Gobierno insiste en que mayor rapidez y control no implicarán eliminar garantías. El proyecto amplía la protección para personas vulnerables y menores, regula la representación de menores desamparados y actualiza los supuestos que pueden justificar protección internacional, incluyendo persecuciones relacionadas con género, identidad o expresión de género y discapacidad.

La reforma se produce además en el contexto de la crisis de Ceuta, que el Gobierno español declaró este martes "situación de interés para la seguridad nacional", una figura contemplada en la legislación española que permite reforzar la coordinación de las administraciones mediante un mando único.

Aportes para menores migrantes en Ceuta

El Consejo de Ministros también autorizó un crédito extraordinario de 25 millones de euros para la atención de menores migrantes no acompañados en esa ciudad autónoma.

El Ejecutivo presenta los cambios como una adaptación necesaria al nuevo marco europeo, pero en la práctica las reformas colocan nuevos frenos a la entrada irregular: identificación y controles antes de permitir el acceso formal al territorio, procedimientos más rápidos para decidir sobre el asilo y mecanismos específicos para ejecutar el retorno cuando la protección sea denegada.

Las reformas todavía no son definitivas. Tras esta primera aprobación, Interior solicitará informes al Consejo de Estado, Consejo General del Poder Judicial, Consejo Fiscal, Comisión Interministerial de Extranjería y Agencia Española de Protección de Datos, entre otros organismos. Después los textos deberán regresar al Consejo de Ministros y posteriormente serán enviados a las Cortes para su tramitación parlamentaria.