El líder independentista catalán Carles Puigdemont ya puede regresar a España
Puigdemont debe comparecer ante los medios en la tarde desde Waterloo, en Bélgica, donde reside desde su precipitada marcha tras la intentona separatista de hace nueve años
El Tribunal Supremo español levantó este martes la orden de detención contra el líder independentista catalán Carles Puigdemont, quien ahora podrá regresar a España casi nueve años después de su marcha tras la tentativa secesionista fallida.
"El magistrado de la Sala Penal del Supremo Pablo Llarena ha dictado hoy un auto en el que deja sin efecto, con carácter inmediato y hasta nueva resolución judicial expresa, las órdenes nacionales de busca y captura y detención del expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont y de los exconsellers Antoni Comin y Lluis Puig", indicó el organismo en un comunicado.
La decisión se conoció poco después de que el Tribunal Constitucional avalara la aplicación de la ley de amnistía aprobada hace dos años por el Parlamento español, también para el delito de malversación.
El vínculo de Puigdemont con Pedro Sánchez
Inmediatamente después, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez -cuyo ejecutivo impulsó la amnistía a cambio del apoyo de Junts, el partido de Puigdemont, a su investidura en 2023- se felicitó por una noticia, que afirmó permite a Cataluña "mirar hacia adelante".
"Celebrar el que con ello también ayudamos a la sociedad catalana", resaltó en una rueda de prensa, en otro día de gran intensidad política en España, tras el anuncio la víspera de la convocatoria de elecciones generales adelantadas para el 29 de noviembre.
"Es una victoria del independentismo", festejó de su lado en Barcelona Jordi Turull, secretario general de Junts.
Puigdemont debe comparecer ante los medios en la tarde desde Waterloo, en Bélgica, donde reside desde su precipitada marcha tras la intentona separatista de hace nueve años.
Independencia fallida
Por entonces presidente de esta rica región del noreste, Puigdemont salió de España pocos días después de que el Parlamento catalán declarara infructuosamente la independencia en octubre de 2017, con lo que evitó ser detenido, como sí lo fueron otros miembros de su gobierno.
Aunque la amnistía para los impulsores de la tentativa de secesión fue aprobada hace dos años, Puigdemont y otros dirigentes independentistas aún no habían podido beneficiarse de ella porque el Tribunal Supremo decidió que no era aplicable a los investigados por delito de malversación.
Por ello, recurrieron entonces ante el Constitucional, que este martes dio su visión favorable al primero de los recursos presentados.
Acto seguido, el juez Llarena decidió dejar "provisionalmente sin efecto" las órdenes de detención, "sin perjuicio de resolver después lo que resulte jurídicamente oportuno", de acuerdo con el auto.
Así, Puigdemont tiene ya la puerta abierta a volver al país en el que, desde su marcha, solo estuvo unas horas durante un fugaz regreso hace dos años.
"Engaño"
La ley de amnistía, profundamente divisiva y muy criticada por la oposición de derecha, fue aprobada definitivamente por el Parlamento español en mayo de 2024.
La medida fue la moneda de cambio que tuvo que pagar Pedro Sánchez para ser investido de nuevo como presidente del Gobierno a finales de 2023, gracias al necesario apoyo de los partidos independentistas catalanes, entre ellos Junts.
"Nada puede borrar que la amnistía es otro engaño más de Sánchez", lanzó en X el líder del opositor Partido Popular (PP, derecha), Alberto Núñez Feijóo, tras conocer el levantamiento de la orden de detención.
"Vender favores a cambio de poder debe castigarse en las urnas", agregó en referencia a las próximas elecciones del 29 de noviembre.
Sánchez decidió adelantar estos comicios, previstos inicialmente para mediados de 2027, después de que el Congreso de los Diputados tumbara el viernes dos decretos con medidas contra la crisis de vivienda que padece el país.
Con la oposición asegurada de la derecha (PP) y la extrema derecha (Vox) a estas medidas, fue precisamente la negativa a apoyarlas de los siete diputados de Junts la que culminó con su derogación, asestando un duro golpe al ejecutivo de Sánchez.