La justicia dominicana cojea malamente
Por qué la lentitud de los procesos judiciales se ha convertido en un problema democrático
La justicia dominicana tiene un problema que ya no puede ocultarse detrás de tecnicismos, estadísticas ni discursos institucionales. Camina, sí, pero lo hace con una visible cojera. Avanza unos pasos y retrocede otros tantos. Y mientras tanto, los años pasan.
Los grandes procesos por corrupción administrativa constituyen la prueba más evidente. Cinco años después de iniciados algunos expedientes, la sociedad sigue esperando respuestas. No una condena. No una absolución. Una respuesta. Justicia. Porque la justicia no consiste en satisfacer la sed de castigo ni en proteger a nadie de ella. Consiste en decidir.
Algo falla cuando un proceso parece no tener final. Algo falla cuando los ciudadanos son incapaces de distinguir dónde termina el legítimo derecho de defensa y dónde comienza la estrategia deliberada para ganar tiempo. Algo falla cuando los expedientes engordan hasta alcanzar dimensiones enciclopédicas y los resultados permanecen en el terreno de las promesas.
La lentitud judicial es un problema democrático. Cada aplazamiento, cada incidente interminable, cada recurso que conduce a otro recurso erosiona la credibilidad de las instituciones. El mensaje que recibe la ciudadanía es devastador: la verdad judicial siempre está a unos meses de distancia. O a unos años.
Mientras tanto, la sospecha se convierte en condena social para unos y en certificado de impunidad para otros. Nadie gana. Ni los acusados, que permanecen atrapados en procesos eternos, ni el Ministerio Público, que ve diluirse el impacto de sus investigaciones, ni una sociedad que termina perdiendo la fe en la capacidad del Estado para impartir justicia.
Los tribunales no están llamados a producir espectáculos ni titulares. Están llamados a producir sentencias. Esa es su razón de ser. Una justicia que tarda demasiado termina pareciéndose peligrosamente a una justicia que no llega.