Venezuela y el imperio de la ley

El mundo observa con asombro los acontecimientos recientes vinculados a Venezuela. Más allá del debate jurídico sobre la legalidad internacional de determinadas actuaciones —debate necesario y legítimo—, los hechos han puesto de relieve una verdad incómoda: cuando un Estado deja de garantizar el imperio de la ley, la justicia termina buscándose, o imponiéndose, fuera de sus propias instituciones.

No es una celebración ni una condena lo que corresponde aquí, sino una reflexión más profunda sobre las consecuencias de la ausencia prolongada del Estado de Derecho.

Vivimos, además, un tiempo marcado por la urgencia. Urgencia política, tecnológica y emocional. Todo parece exigir respuestas inmediatas, decisiones excepcionales y atajos eficaces.

En ese contexto, la ley comienza a resultar incómoda: es lenta, es impersonal, introduce límites allí donde muchos reclaman acción. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra lo contrario: sin imperio de la ley no hay libertad, no hay derechos y no hay democracia que pueda sostenerse en el tiempo.

Esta advertencia atraviesa el ensayo Sobre el imperio de la ley, del jurista español Javier Cremades, una reflexión especialmente oportuna sobre uno de los pilares menos visibles —y más determinantes— de las democracias constitucionales.

Cremades parte de una premisa tan elemental como exigente: cuando el poder se desliga del Derecho, deja de servir al bien común y comienza a operar según la conveniencia de quien lo ejerce. La ley puede seguir existiendo formalmente —tribunales, constituciones, normas— y, sin embargo, haber perdido su autoridad real.

El problema no es teórico. En las democracias contemporáneas asistimos a una confusión creciente entre eficiencia y legitimidad.

Estados que actúan con rapidez pero sin controles suficientes; decisiones justificadas en nombre de la seguridad, la innovación o la voluntad mayoritaria; tecnologías que avanzan más rápido que las garantías jurídicas. En ese escenario, el riesgo no es la ausencia de normas, sino su vaciamiento: la conversión de la ley en instrumento del poder, en lugar de su límite.

El imperio de la ley no es un formalismo jurídico. Es, en esencia, un principio profundamente humano. Significa que nadie —ni el Estado, ni el mercado, ni la mayoría— está por encima de la dignidad de la persona. 

Protege al débil frente al fuerte, al disidente frente a la multitud y al ciudadano frente a la arbitrariedad.

Como recordaba Immanuel Kant, la libertad no consiste en hacer lo que uno quiere, sino en vivir bajo leyes que uno podría querer como universales: la libertad jurídica consiste en no obedecer a ninguna otra ley que aquella a la que uno ha podido dar su consentimiento.

Cremades sitúa esta idea en una tradición intelectual amplia. Grecia legó la confianza en la razón humana; Roma, la convicción de que la ley es una ordenación racional al bien común; y la tradición judeocristiana afirmó la dignidad intrínseca de todo ser humano. Cuando ese trípode se debilita, el Derecho pierde su función civilizatoria y la política se deshumaniza.

El poder, liberado de límites efectivos, tiende inevitablemente a expandirse.

Uno de los riesgos más serios de nuestro tiempo es la normalización de la excepción. Medidas extraordinarias que se vuelven permanentes; urgencias que sustituyen al procedimiento; mayorías que estiran las reglas hasta hacerlas irreconocibles.

El deterioro del Estado de Derecho rara vez llega de forma abrupta. Suele avanzar con apariencia de legalidad, a través de decisiones formalmente correctas pero materialmente corrosivas para la separación de poderes y la seguridad jurídica.

Por eso resulta problemático presentar la ley como un obstáculo al cambio. Sin Estado de Derecho no hay reforma legítima ni progreso sostenible.

La seguridad jurídica y la fortaleza institucional no frenan la iniciativa ni el crecimiento; los hacen posibles y duraderos. Allí donde las reglas son previsibles y los límites claros, florecen la confianza, la inversión y la convivencia democrática.

Lo que hoy ocurre en Venezuela no debería analizarse solo como un episodio excepcional, sino como una advertencia estructural.

Cuando la ley deja de mandar dentro del Estado, la justicia termina desplazándose fuera de él. Y ese desplazamiento, aun cuando responda a demandas comprensibles, revela siempre una fractura previa: la del Estado que dejó de cumplir su función esencial.

Defender la ley no como retórica, sino como garantía viva de la dignidad de todos, es una de las tareas cívicas decisivas de nuestro tiempo. No por nostalgia institucional, sino por responsabilidad democrática. Porque cuando la ley deja de mandar, siempre manda alguien más. Y casi nunca lo hace en nombre de los derechos.