Reformar la educación superior para un Estado eficiente: propósito país y gobernanza inteligente
Las verdaderas reformas nacen cuando un país construye acuerdos sobre qué debe hacer el Estado y cómo debe hacerlo mejor
En los últimos días, el debate sobre la reorganización institucional del sector educativo —en particular de la educación superior— ha vuelto al centro de la conversación pública. Es una discusión legítima y necesaria. Pero también es una oportunidad para elevar la mirada y recordar que las grandes transformaciones educativas, y las reformas del Estado que las acompañan, no se explican solo por ajustes administrativos, sino por la capacidad de una nación de pensar su educación con propósito, evidencia y visión de futuro.
Las verdaderas reformas nacen cuando un país construye acuerdos sobre qué debe hacer el Estado y cómo debe hacerlo mejor. En educación superior, esto implica combinar estructura con propósito y atreverse a preguntar, sin prisa ni consignas, para qué educamos, qué tipo de sociedad aspiramos a formar y qué modelo institucional garantiza mejores resultados con menor costo público y mayor legitimidad democrática. Las instituciones importan, por supuesto, pero no son un fin en sí mismas; son herramientas al servicio de un proyecto nacional.
Por eso, la educación superior es demasiado importante para reducirla a un simple cambio organizativo. Reformarla exige una reflexión más profunda sobre las competencias que demanda el país que viene, la calidad y continuidad de la formación docente y académica, la articulación entre la educación técnica, universitaria y el mundo del trabajo, y, sobre todo, la capacidad del Estado para convertir decisiones en resultados verificables en aprendizaje, empleabilidad, innovación y equidad. Sin eficiencia pública, no hay política educativa sostenible.
Aquí aparece una discusión de fondo que no puede evadirse: la reducción del Estado. No como consigna ideológica, sino como decisión de gobernanza. Reducir el Estado no significa retirarlo ni debilitarlo; significa hacerlo más inteligente, más técnico y más eficaz, concentrándolo en aquello que hace mejor: regular con claridad, supervisar con rigor, evaluar con evidencia y garantizar derechos con calidad. Menos estructura política y más capacidad técnica; menos burocracia y más resultados.
La experiencia comparada ayuda a ordenar esta discusión. En conversación reciente con Mariano Jabonero, secretario general de la OEI, surgió un dato revelador: en la región, solo Cuba, Nicaragua y Venezuela mantienen un ministerio específico de educación superior. Más allá de cualquier juicio político, el punto relevante es que la mayoría de las democracias opta por modelos distintos, basados en regulación técnica, aseguramiento de la calidad y autonomía académica, antes que en la centralización ministerial. No se trata de copiar modelos, sino de entender qué lógicas de Estado producen mejores resultados.
En ese marco, la lógica de intervención pública debería partir del Marco Nacional de Cualificaciones. Concebido para articular educación, formación técnico-profesional, empleo y productividad bajo un mismo lenguaje de competencias, el Marco desplaza el foco desde las estructuras hacia las personas, desde los títulos hacia las capacidades y desde la burocracia hacia los resultados. Es una herramienta moderna, alineada con estándares internacionales, que permite ordenar la educación superior con criterios de calidad, pertinencia y empleabilidad, al tiempo que optimiza el uso de los recursos públicos.
No es casual que exista hoy un proyecto de ley en el Congreso orientado a consolidar este enfoque. Más allá del trámite legislativo, su valor reside en que ofrece un marco habilitante para alinear instituciones, regulación y política pública bajo un mismo propósito país. Aprovechar esta oportunidad permitiría evitar duplicidades, clarificar roles y fortalecer la eficiencia del gasto, sin debilitar la garantía del derecho a la educación ni la autonomía académica, que son pilares irrenunciables del sistema.
La experiencia internacional demuestra que existen alternativas modernas y viables para gobernar la educación superior: modelos de superintendencia, estándares claros de calidad, evaluación permanente y estructuras administrativas ligeras, sostenidas por equipos pequeños de alta calificación técnica. Regular bien no exige inflar la burocracia; exige capacidad técnica, reglas claras y rendición de cuentas. Es una lógica similar a la de organismos especializados de normalización y calidad: menos empleados, más competencias, mejores resultados.
Este enfoque no debilita al Estado; lo fortalece. Reduce duplicidades, mejora la eficiencia del gasto público y desplaza la discusión del poder institucional hacia el resultado educativo, que es donde debe estar. Y refuerza, además, la legitimidad democrática, porque escuchar a universidades, docentes, estudiantes y sectores productivos no retrasa las decisiones: las legitima y las hace sostenibles en el tiempo.
Reformar la educación superior es, en esencia, un ejercicio de responsabilidad histórica. Hacerlo bien hoy implica pensar el Estado que necesitamos mañana: más eficiente, más técnico y más orientado al bien común. Solo así cada decisión tomada en nombre de la educación estará realmente al servicio del futuro del país y de las próximas generaciones.