Cuando la realidad manda: democracia, transición y el imperio de la ley

Cuando la realidad entra por la puerta, lo abstracto sale por la ventana. La idea, en su formulación filosófica más sobria, la expresó Georg Wilhelm Friedrich Hegel al advertir que cuando hablan los hechos, las teorías callan. No es una consigna ni una frase ingeniosa: es una ley silenciosa de la historia. Y pocas realidades contemporáneas hablan hoy con tanta fuerza como la crisis venezolana.

En contextos de colapso, la política deja de ser ideológica para volverse inevitablemente práctica. La hoja de ruta internacional que se discute en torno a Venezuela se estructura en tres tiempos que no responden a dogmas, sino a urgencias humanas: estabilizar, recuperar y transitar. Primero, asegurar condiciones mínimas de gobernabilidad y alivio humanitario; luego, reconstruir capacidades económicas e institucionales; finalmente, abrir un proceso de transición política con legitimidad. No es una secuencia elegante; es una secuencia necesaria. Cuando millones de personas se ven forzadas a huir, la política deja de ser discurso y se convierte en pan, medicinas, seguridad y futuro.

En ese marco, resulta comprensible que actores con peso real en la política estadounidense, como Donald Trump y Marco Rubio, insistan en una aproximación basada en presión, orden y secuencia. Más allá de simpatías o rechazos, lo relevante es la premisa que subyace: sin estabilización previa no hay transición posible, y sin transición no hay democracia real. La democracia no se decreta en el vacío ni se construye sobre el colapso; requiere instituciones que funcionen, reglas claras y condiciones materiales que permitan a la ciudadanía decidir en libertad. Apoyar medidas orientadas a ese objetivo no es un acto de fe ideológica, sino un ejercicio de realismo democrático cuando lo que está en juego es la dignidad de millones de personas.

La historia europea ofrece una lección que conviene recordar. La transición española no comenzó con discursos ni con elecciones, sino con hechos duros: violencia, vacío de poder e incertidumbre. El asesinato por coche bomba del presidente del Gobierno, Luis Carrero Blanco, en 1973, quebró la continuidad planificada del régimen franquista. Dos años después, la muerte de Francisco Franco abrió un escenario crítico en el que España debía elegir entre una ruptura abrupta o una transición conducida.

La decisión estratégica fue no romper el Estado, sino conducirlo. La proclamación del Rey Juan Carlos I aseguró la continuidad institucional necesaria para evitar el colapso. Ese marco permitió que emergiera una figura clave: Torcuato Fernández-Miranda, arquitecto jurídico del proceso, quien entendió que el cambio duradero no podía nacer de la negación de la ley, sino de su uso inteligente. Su método fue tan simple como decisivo: obligar al propio sistema a aprobar su transformación desde dentro.

La ejecución política recayó en Adolfo Suárez, una figura sin épica rupturista, pero con capacidad de conducción. Ley para la Reforma Política, referéndum, legalización de partidos, elecciones libres y, finalmente, la Constitución de 1978. El poder no se detuvo; cambió de dirección. La continuidad no fue inmovilismo: fue el instrumento que evitó una fractura mayor y permitió que la democracia naciera sin destruir el país.

Este proceso ilustra una verdad profunda: el imperio de la ley no es un obstáculo para la democracia, sino su condición de posibilidad. En estos días, leyendo y volviendo sobre El imperio de la ley, de Javier Cremades, se reafirma una idea esencial: el Estado de derecho no se sostiene solo en elecciones, sino en reglas que se respetan incluso —y sobre todo— en los momentos de mayor tensión. Sin ley, la democracia se vuelve retórica; sin instituciones, se vuelve frágil; sin legalidad, se vuelve reversible.

Desde la experiencia de quien ejerce la función de Defensor del Pueblo y, además, patrono de la World Jurist Foundation, resulta evidente que la defensa de los derechos solo es sostenible cuando se apoya en instituciones sólidas, con legitimidad y respaldo internacional. El diálogo permanente con los espacios comprometidos con el imperio de la ley y la democracia no es accesorio: forma parte de la responsabilidad pública de proteger los derechos fundamentales, fortalecer el Estado de derecho y salvaguardar la dignidad humana más allá de las fronteras.

Nada de esto fue abstracto en España. Todo estuvo atravesado por el miedo, la violencia y la urgencia de proteger a la sociedad. Y por eso la lección sigue vigente para Venezuela y para cualquier país enfrentado a una crisis profunda: las transiciones que funcionan no nacen de consignas ni de purezas ideológicas, sino de leer correctamente el momento histórico, administrar responsablemente el poder existente y poner el sufrimiento humano por encima de cualquier bandera.

España lo entendió a tiempo. Y dejó escrita una enseñanza que resume el método del realismo democrático y del imperio de la ley:

“De la ley a la ley, pasando por la ley.”

— Torcuato Fernández-Miranda