El Derecho que estudiamos y el Derecho que vivimos
Hacia un derecho real: la investigación jurídica que República Dominicana necesita
En la República Dominicana se investiga y se escribe mucho sobre el Derecho, pero se reflexiona poco sobre la distancia que existe entre el Derecho que se estudia y el Derecho que realmente se vive. Mientras los ciudadanos enfrentan estafas inmobiliarias, procesos judiciales interminables, decisiones contradictorias y una creciente desconfianza en las instituciones, buena parte de la producción jurídica continúa anclada en la norma escrita, desconectada de su aplicación concreta y de sus efectos reales.
Durante años, la investigación jurídica dominicana ha privilegiado un enfoque descriptivo y normativista. Se analiza la ley, se comenta la ley y se reproduce la ley, pero rara vez se examina cómo esa ley opera en la práctica, cómo es interpretada por los tribunales o cómo impacta la vida de las personas. El resultado es un divorcio evidente entre la academia, los órganos de aplicación del Derecho y la ciudadanía. Abundan los textos y las reformas legales, pero escasean los estudios que expliquen por qué, a pesar de tantas normas, persiste la inseguridad jurídica.
Paradójicamente, República Dominicana no padece una escasez normativa. Todo lo contrario. Es un país sobrelegislado, con una Constitución robusta y un entramado legal cada vez más complejo. Sin embargo, la inseguridad jurídica continúa siendo una de las principales quejas de ciudadanos, empresarios y profesionales del Derecho. Esto demuestra que el problema no radica en la cantidad de leyes, sino en la falta de una aplicación coherente, uniforme y efectiva de las normas que ya existen.
Un ejemplo reciente de esta brecha entre norma y realidad lo constituye la Ley núm. 368-22 sobre ordenamiento territorial, uso de suelo y asentamientos humanos. Concebida con el loable propósito de organizar el crecimiento urbano, frenar la improvisación y dotar de racionalidad al desarrollo inmobiliario, su aplicación ha puesto en evidencia una debilidad estructural del sistema jurídico dominicano: la distancia entre la ley diseñada y la capacidad real del Estado para ejecutarla.
En la práctica, proyectos inmobiliarios previamente viables han quedado paralizados durante meses ante la inexistencia de planes de ordenamiento territorial municipal. Ayuntamientos distintos aplican criterios disímiles frente a situaciones similares; permisos otorgados bajo normativas anteriores han sido cuestionados sin reglas claras de transición; y, en no pocos casos, se exigen estudios técnicos y evaluaciones que las propias autoridades locales no están en condiciones de analizar ni aprobar. Estas situaciones, lejos de fortalecer la seguridad jurídica, han generado incertidumbre para desarrolladores y ciudadanos que actuaron confiando legítimamente en el marco legal vigente.
Este fenómeno no es exclusivo del ordenamiento territorial. Se replica en distintos ámbitos del Derecho, donde la norma se expande más rápido que la capacidad institucional para aplicarla. A ello se suma una tendencia creciente a la sobreinterpretación constitucional, que en ocasiones convierte la Constitución en un argumento omnipresente, capaz de justificar decisiones opuestas frente a hechos similares. Cuando la Constitución se utiliza sin criterios claros, sin conexión con la realidad fáctica y sin ponderación de consecuencias, el Derecho corre el riesgo de transformarse en un ejercicio retórico más que en una herramienta de certeza.
Las decisiones judiciales contradictorias no siempre responden a arbitrariedad o mala fe, sino a la ausencia de una doctrina aplicada, empírica y contextualizada que oriente la interpretación. Cuando la investigación jurídica no acompaña la práctica judicial, el sistema se fragmenta y el ciudadano queda atrapado en un laberinto de criterios cambiantes, donde resulta difícil prever las consecuencias jurídicas de sus actos.
Frente a este panorama, la investigación jurídica dominicana está llamada a asumir un rol distinto. Investigar Derecho hoy no implica únicamente estudiar textos legales, sino analizar el fenómeno jurídico en su totalidad: el conflicto social que da origen a la norma, la capacidad institucional para aplicarla y el impacto real de su interpretación. Implica formular preguntas incómodas, identificar fallas estructurales y proponer soluciones que fortalezcan la coherencia del sistema.
No se trata de restar valor a la ley ni de promover un activismo judicial sin límites. Se trata de reconocer que la seguridad jurídica no se construye acumulando normas, sino aplicándolas con racionalidad, proporcionalidad y sentido de justicia material. Si la República Dominicana aspira a consolidar un verdadero Estado constitucional de derecho, necesita cerrar la brecha entre el Derecho que se enseña en las aulas y el que se vive en los tribunales y en la calle.
Solo una investigación jurídica comprometida con la realidad permitirá que el Derecho deje de ser un discurso distante y se convierta en una herramienta efectiva al servicio de la sociedad.