¿Qué objeto de la vida cotidiana no depende de la minería?

A veces hacemos preguntas que parecen simples, de esas cómo cuando nos invitan al día de las profesiones en las escuelas de nuestros hijos: “¿qué objeto de la vida cotidiana no depende de la minería?” Y uno mira alrededor —sin apasionamiento alguno, pero con honestidad— y se da cuenta de que la pregunta tiene un “gancho”: la vida que vivimos actualmente es material. Casa, carretera, hospital, electricidad, agua tratada, teléfono, alimentos que llegan a tiempo, medicamentos que funcionan. Todo eso, de una manera u otra, descansa sobre minerales, metales y rocas industriales.

Por eso, cuando aparecen posturas de “todo o nada” que proponen eliminar la minería como si se tratara de borrar una actividad del mapa, la reflexión se vuelve inevitable. No por afán de polemizar, sino por coherencia: negar la minería mientras se vive —a diario— de sus resultados no hace desaparecer la demanda. Lo que suele ocurrir es otra cosa: el problema se mueve. La extracción se desplaza a otros territorios, a otros países, a otros marcos regulatorios, muchas veces con menos institucionalidad y peores estándares. En lugar de resolver el impacto ambiental, se corre el riesgo de trasladarlo. Y cuando la conversación se instala ahí, el debate pierde fuerza moral y se convierte en una discusión frágil, más cerca del gesto que de la solución.

Pero esta reflexión no debería quedarse en esa paradoja. Porque la pregunta importante no es si podemos vivir sin minería. La pregunta honesta —la única que realmente sirve— es otra:

¿Cómo hacemos compatible lo que necesitamos con el planeta que queremos proteger y con el impacto social que queremos generar?

Ahí aparece el territorio, que es donde todo se vuelve real. En los discursos, la minería puede ser una idea. En el territorio, la minería es agua, suelo, caminos, empleo, ruido, polvo, camiones, convivencia, expectativas, temor, oportunidades. Por eso, el centro de la conversación no puede ser “de sí o no”, sino gobernanza territorial: quién decide, con qué reglas, con qué información, con qué límites y con qué beneficios.

Porque el conflicto no nace del mineral; nace cuando el territorio siente que la decisión llegó hecha, que el Estado aparece tarde o dividido, que la información es incompleta, que el riesgo se queda y el beneficio se va. La gente no discute la tabla periódica. Discute confianza.

Y gobernanza territorial, en el fondo, es eso: convertir la necesidad en un contrato claro. No un contrato de papeles; uno que se ve, que se mide, que se cumple.

Se ve cuando, antes de cualquier permiso, existe ordenamiento: dónde sí y dónde no, qué zonas son intocables, qué cuencas son sensibles, qué usos del suelo no se negocian. Se ve cuando el Estado está presente y coordinado, no fragmentado, y cuando la supervisión es real, no ocasional. Se ve cuando hay información pública y trazable: líneas base, monitoreo, reportes comprensibles, auditorías, alertas. Se ve cuando el beneficio local no es una promesa, sino una transformación concreta: empleo, compras locales, formación técnica, infraestructura acordada, encadenamientos productivos, y mecanismos para dar seguimiento a cada compromiso.

Y se ve, sobre todo, cuando el ambiente no es un capítulo decorativo, sino una condición: agua protegida, residuos gestionados, seguridad de estructuras, cierre responsable, remediación, garantías financieras, y consecuencias claras si no se cumple. Eso es gobernanza. Eso es lo que separa una conversación adulta de un pleito eterno.

Por eso esta no es una reflexión exclusivamente minera. Es transversal a toda la economía. Lo mismo vale para energía, construcción, agricultura intensiva, industria, residuos, turismo: actividades que pueden generar prosperidad, pero también tensiones si el territorio siente que no participa, que no decide, que no se beneficia, que no se protege.

Entonces, cuando alguien pregunta “¿qué objeto de la vida cotidiana no depende de la minería?”, yo no respondería con sarcasmo ni con una lista infinita de metales. Diría algo más simple: casi ninguno, y precisamente por eso debemos elevar el debate.

La incoherencia es negar los materiales mientras los usamos todos los días. La responsabilidad es otra: gobernar el territorio para que lo necesario no se convierta en daño, y para que el desarrollo sea una experiencia compartida, no una imposición.

Al final, lo que nos debería unir una pregunta más seria: ¿cómo hacemos lo necesario sin destruir lo valioso? Esa es la conversación que vale la pena.

Como dijó el Ingeniero José Sena: “Los recursos minerales no son renovables, pero si transferibles… Transferibles en obras e infraestructuras que permanecen; en acueductos que aseguran agua; encadenamiento productivos que multiplican oportunidades; y, sobre todo, en mejor educación, que es la forma más duradera de convertir un recurso finito en bienestar sostenible.”