El vacío que amenaza al mercado inmobiliario dominicano

 La República Dominicana se ha consolidado como uno de los destinos turísticos más codiciados del Caribe, y con ese protagonismo ha crecido, de forma acelerada, un mercado inmobiliario que mueve miles de millones de dólares al año.

Sin embargo, existe una paradoja incómoda: ese mercado opera en buena medida sin una ley específica que norme la intermediación y la publicidad inmobiliaria. Una laguna legal que ya cobra facturas demasiado altas.

Hoy, cualquier persona puede autodenominarse corredor de bienes raíces, anunciar propiedades con promesas que no resisten el menor escrutinio y cobrar comisiones sin rendir cuentas a ningún organismo regulador. El resultado es predecible: compradores estafados, precios inflados artificialmente, publicidad engañosa dirigida especialmente a inversores extranjeros, y una reputación sectorial que se erosiona con cada escándalo.

Un mercado inmobiliario serio exige intermediarios certificados, publicidad verificable y sanciones efectivas para quienes incumplan, entre otros requerimientos. 

Una ley de intermediación y publicidad inmobiliaria no es un capricho burocrático; es una necesidad estructural. Dicha normativa debería establecer un registro obligatorio y público de corredores habilitados, con requisitos mínimos de formación y actualización continua.

Asimismo, tendría que regular los contratos de mediación, fijar límites éticos a la publicidad y crear un mecanismo ágil de resolución de conflictos entre las partes. 

El impacto sería inmediato y positivo. La inversión extranjera, que ya fluye con fuerza hacia Punta Cana y otros destinos turísticos nacionales, lo haría con mayor confianza y volumen si los inversores supieran que existe un marco legal que los protege.

El turismo residencial, motor silencioso de la economía nacional, ganaría en credibilidad internacional. Y los profesionales honestos del sector, que los hay y muchos, dejarían de competir en desigualdad de condiciones frente a operadores informales.

Países como España, México o Colombia llevan décadas con legislaciones sectoriales que han ordenado sus mercados y elevado los estándares de la profesión. La República Dominicana no puede seguir siendo la excepción en su propia región. El Congreso Nacional tiene ante sí una oportunidad histórica: convertir un mercado caótico en un ecosistema transparente, competitivo y confiable.

Valoramos con simpatías los proyectos de ley que cursan en el senado sobre la materia porque el turismo lo demanda, la inversión lo exige y los ciudadanos lo merecen.