La nueva arquitectura del poder que necesita RD

No se trata de copiar modelos extranjeros, sino de que toda la sociedad dominicana fortalezca la institucionalidad para que responda a la realidad de un país que crece en cifras pero persiste en desigualdades.

La pregunta sobre qué forma de gobierno conviene a un país como RD,  no es exclusivamente académica; también debe ser dilucidada a lo interno de todos los sectores nacionales. Es más bien, una cuestión que moldea los liderazgos e incluye el cómo se distribuyen los recursos y si las grandes mayorías nacionales  acceden alguna vez a los beneficios del crecimiento. En el caso dominicano, la respuesta no puede hallarse en los manuales de ciencia política sin antes mirar el territorio, la historia, cultura y las fallas estructurales que ninguna cifra macroeconómica logra ocultar. Un país que crece al cuatro por ciento anual mientras reproduce pobreza crónica en sus barrios y comunidades rurales no tiene un problema de modelo económico solamente: tiene un problema de arquitectura del poder.

La República Dominicana es una democracia con libre mercado  y así debe mantenerse, pero opera bajo una serie de situaciones desfasadas para este tiempo:  presidencialismo hipercentralizado que ha demostrado ser, a la vez, garante de estabilidad y un obstáculo a la descentralización y al desarrollo equitativo. El Ejecutivo concentra una abrumadora capacidad de decisión que debilita a los otros poderes del Estado y a su vez, vacía de contenido a los gobiernos locales y convierte cada ciclo electoral en una apuesta por el todo.  Este modelo resulta alarmantemente insuficiente para una nación que aspira a mejorar su competitividad regional, distribución de riqueza y cohesión social. La alternancia en el poder existe, pero las reglas del juego institucional permanecen intactas: quien gana las elecciones hereda un aparato diseñado para concentrar, no para descentralizar y  distribuir. Todos los gobiernos dominicanos del siglo XXI,  no se han  atrevido siquiera a proponer transformar esa realidad. Más bien, han continuado perpetuándola.

La descentralización no es una concesión política: es la única forma de que el Estado llegue donde siempre prometió llegar y nunca llegó.

Lo que el país necesita es una reingeniería institucional profunda dentro del marco republicano democrático de libre mercado que ya posee. Tres ejes son irrenunciables. Primero, una descentralización real y financiada: los municipios dominicanos reciben una proporción ínfima del presupuesto nacional y carecen de autonomía técnica para ejecutarla con eficacia. Provincias como La Altagracia generan riqueza que no se traduce en bienestar local porque el encadenamiento institucional y productivo no lo favorece; el turismo enriquece al país; pero, al mismo tiempo, Higüey arrastra déficits en salud, educación, movilidad e infraestructura básica, etc.  Segundo, un servicio civil profesionalizado y blindado ante los vaivenes electorales y cambios ministeriales; que garantice continuidad en las políticas públicas más allá de los cuatro años de turno. Sin carrera administrativa real, cada cambio de gobierno reinicia el reloj del Estado promoviendo el clientelismo político.  Y tercero, mecanismos vinculantes de rendición de cuentas —contraloría independiente, fiscalía autónoma, acceso ciudadano efectivo a la información, veeduría y contraloría ciudadanas — donde  la no transparencia tenga reales repercusiones legales y no un teatro anual sin consecuencias. 

Las instituciones deben funcionar con independencia de quién gobierne. Esa es precisamente la diferencia entre un Estado pro activo al servicio de la comunidad y una maquinaria gubernamental al servicio de un partido o un grupo.

El liderazgo politico debería tener la voluntad de descentralizar el poder, profesionalizar la administración y someterse al escrutinio público sin excepciones. Esa es la reforma estructural que no debe esperar más tiempo: no la que llega al gobierno solo para cambiar.