Indemnizar no es cuidar: Sistema Dominicano de Riesgos Laborales

Hay una verdad que casi nunca decimos en voz alta, aunque la vivamos cada día: el trabajo, ese acto tan ordinario de levantarse e ir a ganarse el pan, es también una pequeña apuesta contra el infortunio. Lo he visto de cerca, no desde un escritorio sino desde el piso de la empresa, desde el andamio, desde la oficina de recursos humanos donde se discute si tal lesión "cuenta" o no como accidente laboral: cada trabajador dominicano que cruza ese umbral firma, sin saberlo del todo, un contrato tácito con el riesgo. La pregunta que distingue a las sociedades maduras de las que apenas ensayan la modernidad no es si el riesgo existe —siempre existirá—, sino qué institucionalidad se ha construido para que ese riesgo no se convierta en naufragio, y qué tan lejos llega esa institucionalidad de los escritorios climatizados hasta el calor real de un taller en Villa Altagracia o una zona franca en Santiago. El Decreto núm. 287-26, que aprueba el nuevo Reglamento sobre el Seguro de Riesgos Laborales, es la respuesta dominicana a esa pregunta. Y quien ha caminado plantas industriales sabe que un reglamento, por bien escrito que esté, es solo el primer latido de un sistema que todavía tiene que demostrar que llega hasta la última extremidad del cuerpo laboral.

El corazón que bombea: la arquitectura del cuidado

Si me permiten la licencia —y en esta columna siempre me la permito—, pensemos en el Sistema Dominicano de Seguridad Social como un organismo vivo, no como un organigrama. El Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) funciona como el cerebro que dicta las órdenes generales: fija la política, regula el pulso del sistema y vigila ese equilibrio financiero sin el cual ningún cuerpo sobrevive. Pero quien ha estado en el terreno sabe que entre el cerebro y el músculo hay una distancia que a veces se mide en meses: la política se firma en Santo Domingo, y el trabajador que se accidentó en una construcción en El Seibo espera, con la pierna enyesada, que ese latido llegue.

La sangre que efectivamente debe llegar a cada extremidad —a cada subsidio, a cada pensión por discapacidad, a cada servicio de salud contratado— circula, en teoría, gracias al Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL). Si el CNSS piensa, el IDOPPRIL debería bombear. Es el brazo ejecutor, sí, pero llamarlo solamente "brazo" empobrece su función: es el corazón operativo que debe mantener reservas técnicas suficientes para no fallar cuando más se le necesita. Un corazón que promete latir mañana sin garantizar el oxígeno de hoy no es un corazón, es una ilusión contable, y quien ha acompañado a un obrero a llenar el formulario de notificación de accidente sabe que la espera —esa antesala burocrática entre el golpe y el subsidio— es donde se mide la honestidad real del sistema, no en la letra del decreto.

El sistema inmunológico: cuando la vigilancia se vuelve virtud

Todo organismo que aspira a sobrevivir necesita defensas, y aquí es donde la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) revela su función más noble: no administra, vigila; no ejecuta, arbitra. Es el sistema inmunológico de esta anatomía institucional, el que debería detectar la fiebre antes de que se vuelva infección. Pero el prevencionista que ha sentado a una empresa y a un trabajador lesionado en la misma mesa sabe que la fiebre casi siempre se detecta tarde, cuando el afiliado ya se cansó de pedir explicaciones y el empleador ya armó su versión de los hechos. Quien ha estudiado derecho sabe que la justicia administrativa, cuando funciona bien, es casi invisible: se nota más por lo que evita que por lo que resuelve. El reto no es que la SISALRIL exista en el papel; es que el trabajador de a pie sepa, sin necesidad de un abogado, que esa instancia es real y está de su lado.

Y, sin embargo, ningún organismo sobrevive sin nutrientes. La Tesorería de la Seguridad Social (TSS) es ese sistema digestivo silencioso que convierte el aporte empresarial en recurso disponible, y que con este reglamento se automatiza para calificar a las empresas según su categoría de riesgo. Aquí confluyen, de manera casi poética, la ingeniería de procesos y la justicia distributiva: que pague más quien más expone, que se beneficie quien invierte en prevenir. No es venganza fiscal; es proporcionalidad. Y quien ha medido niveles de ruido y de exposición a sustancias en una planta sabe que esa proporcionalidad, cuando se aplica de verdad, es el único lenguaje que algunas gerencias entienden: el de la cuenta de cobro.

La memoria del cuerpo: prevenir antes que indemnizar

Aquí confieso una vieja obsesión profesional, forjada no en la teoría sino en el casco y las botas de seguridad: la prevención de riesgos laborales no debería ser jamás la hermana pobre del sistema. Indemnizar un accidente es, en el mejor de los casos, una reparación tardía; prevenirlo es la verdadera medicina. El Ministerio de Trabajo, al definir la política nacional de seguridad y salud ocupacional y al fiscalizar los centros de labor, actúa como esa memoria corporal que aprende del dolor pasado para no repetirlo. Pero quien ha hecho inspecciones sabe que esa memoria todavía es frágil: que muchos trabajadores callan un riesgo por miedo a perder el empleo, que muchos supervisores improvisan equipos de protección que no protegen nada, y que la diferencia entre un accidente reportado y uno silenciado a veces depende solamente de si hay alguien capacitado mirando. La colaboración entre el Ministerio y el IDOPPRIL —cuando funciona, que no siempre es el caso— es lo que permite que el sistema deje de ser una ambulancia y se convierta en un programa de salud pública. Un Estado que solo indemniza es un Estado que ha renunciado a imaginar el futuro de sus trabajadores.

No menos relevante es el reconocimiento, en este reglamento, de las nuevas geografías del trabajo: el teletrabajo, esa frontera difusa entre la oficina y la sala de la casa, donde el riesgo ya no se mide en andamios sino en posturas, jornadas y soledades digitales. Que el sistema extienda su mandato protector hasta ese territorio incierto es prueba de que la institucionalidad, cuando es seria, no le teme a actualizarse. Pero quien ha evaluado puestos de trabajo sabe que ese territorio será, durante mucho tiempo, más fácil de regular en el texto que de fiscalizar en la práctica: no hay inspector que entre a la sala de una casa.

El derecho a reclamar: la voz que el cuerpo necesita

Todo organismo necesita también un sistema nervioso que transmita el dolor cuando algo falla, y ese papel lo cumple la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA), garantizando que el trabajador no quede mudo ante la maquinaria institucional. El reglamento traza, con la precisión que exige el derecho administrativo, una cadena de recursos —reconsideración, recurso jerárquico ante el CNSS, y finalmente la vía judicial ante el Tribunal Superior Administrativo— que demuestra algo que pocas veces se dice con claridad: la protección social sin debido proceso es apenas caridad disfrazada de derecho. Pero quien ha acompañado a trabajadores en ese laberinto sabe que la mayoría no llega ni a la primera instancia: no porque no tengan razón, sino porque no saben que ese derecho existe, o porque el cansancio de la jornada no deja energía para la pelea administrativa. Que el sistema nervioso exista no basta; hace falta que el cuerpo entero sepa que puede sentir y reclamar sin miedo a la represalia.

Cierre: el latido que nos define

Al final de cuentas, ningún órgano de este cuerpo institucional sobrevive aislado. El CNSS, el IDOPPRIL, la SISALRIL, la TSS y el Ministerio de Trabajo son, juntos, el sistema circulatorio de una sociedad que ha decidido —al menos en el papel, y ojalá pronto también en la práctica cotidiana— que el infortunio laboral no debe convertirse en condena familiar. Yo he visto ese pulso de cerca: en el rostro de un trabajador que recibe a tiempo su subsidio, y en el de otro que todavía espera, meses después, una respuesta que no llega. La verdadera prueba de este reglamento no se leerá en su redacción, impecable como pueda ser, sino en el pulso real de las oficinas regionales, en la rapidez de un subsidio, en la dignidad con que se atienda a quien llega con una lesión y un miedo. Porque, a fin de cuentas, todo sistema de seguridad social es un espejo: en él no vemos solamente cómo protegemos al trabajador, sino qué tipo de país hemos decidido ser cuando nadie más está mirando.