Ciencia con domicilio fijo: el mapa desigual del FONDOCYT

Hay una pregunta que toda economía aspirante a llamarse "del conocimiento" debe poder responder sin titubeos: ¿dónde se produce el saber que sostiene su desarrollo? En la República Dominicana, la respuesta es incómoda y, sobre todo, reiterada: en Santo Domingo y Santiago. El resto del país —sus universidades certificadas, sus claustros docentes, sus estudiantes con vocación investigativa— observa desde la periferia un sistema de financiamiento que, en la práctica, ha decidido que la inteligencia nacional tiene domicilio fijo.

La distribución de un privilegio

Los números no dejan margen para la ambigüedad. Entre 2014 y 2023, diez instituciones concentraron el 58% de la producción científica del país, y apenas cinco universidades —PUCMM, INTEC, UASD, UNPHU y UNIBE— generaron tres cuartas partes de las publicaciones indexadas. En la convocatoria de enero de 2025, el patrón se repitió con precisión aritmética: la UASD, la PUCMM e INTEC se repartieron más de la mitad de los 70 proyectos aprobados. Universidades de arraigo regional como UTECO, la UCE o la UFHEC quedaron reducidas a uno o dos proyectos, cuando no a ninguno. No estamos ante una anomalía coyuntural, sino ante un diseño institucional que, año tras año, produce el mismo resultado.

Un sistema que exige por igual y premia de forma desigual

Encuentro particularmente inconsistente que las universidades del interior cumplan con los mismos estándares de certificación y acreditación exigidos por la Ley 139-01 y el MESCYT, y que, sin embargo, permanezcan excluidas de los fondos que permitirían convertir esa certificación en capacidad investigativa real. Se les exige el mismo nivel de rigor documental y académico, pero se les niega el mismo acceso a los recursos que transforman a una institución de "centro de docencia" en "centro de investigación". Es una paradoja regulatoria: la norma iguala en el papel lo que el financiamiento desiguala en la práctica.

Esta exclusión tiene un costo que trasciende lo institucional. Sin laboratorios ni equipamiento especializado, resulta imposible desarrollar investigación aplicada a los problemas específicos de cada territorio —biotecnología agrícola, impacto ambiental en cuencas hidrográficas regionales, seguridad alimentaria local—, precisamente los temas donde el conocimiento generado en la capital rara vez ofrece respuestas ajustadas a la realidad provincial.

El presupuesto que nunca alcanzó su meta

Desde la óptica financiera, el diagnóstico es igualmente severo. La Ley 139-01 asigna al Estado la responsabilidad de financiar la transición hacia una economía de innovación, pero el FONDOCYT ha operado sistemáticamente por debajo de lo que esa responsabilidad implica. La inversión dominicana en investigación y desarrollo ha rondado el 0.06% del PIB, una cifra distante tanto de la meta oficial del 0.5% fijada para 2018 —jamás alcanzada— como del 1% que invierte Brasil, o del 2.5% de Estados Unidos y Japón. Cuando una meta presupuestaria se incumple durante más de una década sin consecuencias institucionales visibles, deja de ser una meta y pasa a ser, simplemente, una declaración de intenciones sin mecanismo de exigibilidad.

La demora administrativa como segunda barrera

A la insuficiencia presupuestaria se suma un problema de gestión que conozco bien desde la práctica académica: la demora en la publicación de resultados de la convocatoria 2025-2026 no es un detalle protocolar, sino una variable que afecta directamente la viabilidad de los proyectos. En investigación, el tiempo no es neutral. Un retraso de meses puede significar equipamiento obsoleto antes de su adquisición, investigadores que reorientan su trabajo hacia otras áreas por necesidad, o la pérdida definitiva de talento hacia el exterior. Un sistema nacional de ciencia y tecnología requiere previsibilidad; sin ella, la planificación institucional de cualquier universidad del interior se vuelve un ejercicio de incertidumbre permanente.

Lo que está en juego

Cuando el financiamiento científico se concentra geográficamente, también se concentra la posibilidad de que ciertas provincias resuelvan sus propios problemas con conocimiento generado desde dentro. La ciencia no es un lujo académico: es infraestructura para la salud pública, la seguridad alimentaria y la transición energética de las comunidades que hoy quedan fuera del sistema. Revertir esta concentración exigiría, como mínimo, cuotas de asignación para instituciones fuera del eje Santo Domingo-Santiago, inversión específica en laboratorios regionales, cumplimiento verificable —no declarativo— de la meta presupuestaria, y plazos administrativos que no dependan de la discrecionalidad institucional.

La pregunta con la que abrí este texto merece, entonces, una respuesta distinta a la que ofrece hoy la práctica. Un estudiante de Cotuí, San Juan o Higüey debería tener acceso a las mismas oportunidades de investigación que uno formado en la capital. Mientras esa equivalencia no exista, la economía del conocimiento dominicana seguirá siendo, en rigor, la economía del conocimiento de dos ciudades.