La República Dominicana necesita un Proyecto de Nación

El derecho a una buena administración exige planificación, coordinación institucional y una visión de largo plazo.

Los gobiernos cambian; la República Dominicana permanece.

Las grandes transformaciones de un país no pueden depender exclusivamente del programa de un gobierno ni del período de cuatro años para el que fue elegido. Las naciones que hoy admiramos alcanzaron su desarrollo porque construyeron políticas de Estado que trascendieron partidos políticos, ideologías y generaciones.

La República Dominicana necesita dar ese paso. Necesita un verdadero Proyecto de Nación.

Pocas veces un gobierno ha contado con tanto poder para impulsar reformas estructurales como el actual. Dispone de mayoría en el Senado, mayoría en la Cámara de Diputados, gobierna la mayoría de los ayuntamientos y distritos municipales del país y, además, administra el Estado en la mayor revolución tecnológica de la historia: la inteligencia artificial.

También es justo reconocer que esta gestión inició enfrentando circunstancias extraordinarias. La pandemia del COVID-19 paralizó la economía mundial y obligó a todos los gobiernos a tomar decisiones difíciles. Posteriormente, los conflictos internacionales continuaron generando incertidumbre económica, afectando el comercio, la inversión y el costo de la vida. Gobernar en medio de esas circunstancias no ha sido una tarea sencilla.

Sin embargo, las grandes crisis también crean grandes oportunidades. Y pocas veces una generación política ha tenido una oportunidad tan favorable para transformar estructuralmente la República Dominicana.

Durante una visita a Alemania comprendí que el verdadero desarrollo va mucho más allá de construir edificios modernos o nuevas autopistas. Alemania es una de las grandes referencias de Europa por la fortaleza de sus instituciones, su planificación urbana, su desarrollo industrial y la calidad de su infraestructura.

Lo que más me impresionó no fue únicamente su economía. Fue el orden de sus ciudades, la escasa contaminación visual y el soterrado del cableado eléctrico y de telecomunicaciones. Comprendí que el desarrollo también se construye mediante planificación, coordinación institucional y respeto por los espacios públicos.

En Santiago ya existen señales de que ese camino es posible. La intervención realizada en la avenida Benito Monción y los trabajos ejecutados en la calle Del Sol demuestran que el soterrado del cableado puede convertirse en una realidad. Pero esos esfuerzos no deben quedarse como proyectos aislados. Deben formar parte de una política pública permanente.

La verdadera planificación urbana exige que antes de colocar una sola capa de asfalto exista una coordinación efectiva entre los ayuntamientos y distritos municipales, el Ministerio de Obras Públicas, INAPA, CORAASAN, las empresas distribuidoras de electricidad y las compañías de telecomunicaciones. Primero deben instalarse todas las tuberías, drenajes, registros y ductos; luego debe ejecutarse el soterrado del cableado y, solo después, asfaltar las calles y desarrollar el embellecimiento urbano con árboles, iluminación y espacios públicos de calidad.

No tiene sentido que una vía recién asfaltada sea destruida semanas después para instalar una tubería o un cable que pudo colocarse previamente. Esa práctica representa un desperdicio de dinero público, materiales y tiempo.

Pero, sobre todo, representa una deficiente administración pública.

Aquí cobra especial importancia uno de los principios más modernos del Derecho Administrativo: el derecho a una buena administración pública.

Este derecho implica que los ciudadanos no solo tienen derecho a que las autoridades actúen conforme a la ley, sino también a que administren los recursos públicos con eficiencia, planificación, transparencia, objetividad, coordinación y responsabilidad.

Cada obra mal planificada, cada peso desperdiciado y cada proyecto ejecutado sin coordinación afectan ese derecho.

Los países desarrollados no son aquellos que simplemente construyen más obras, sino los que planifican cada obra como parte de un verdadero proyecto de nación. La coordinación entre las instituciones no es un lujo administrativo; es la diferencia entre invertir con inteligencia o desperdiciar los recursos públicos. Planificar no es gastar más. Planificar es evitar errores, ahorrar dinero y construir pensando en las próximas generaciones.

El verdadero desarrollo tampoco consiste únicamente en levantar infraestructura. Consiste en fortalecer la educación, consolidar una justicia independiente, garantizar seguridad jurídica, ofrecer servicios públicos eficientes, impulsar la innovación y construir instituciones que inspiren confianza.

Si el Estado continúa recurriendo al endeudamiento público, cada préstamo debe convertirse en una inversión estratégica. La deuda que hoy asumimos será pagada por nuestros hijos y nuestros nietos. Tenemos la obligación moral de garantizar que esos recursos se traduzcan en hospitales modernos, escuelas de excelencia, infraestructura resiliente, ciudades inteligentes y obras que permanezcan durante generaciones.

Hay otro ejemplo que siempre ha llamado mi atención.

Suiza figura entre los países más prósperos del mundo y posee una población similar a la de la República Dominicana. Sin embargo, no construyó su prosperidad sobre grandes reservas de petróleo, enormes yacimientos de oro ni abundantes recursos naturales.

Su riqueza descansa sobre instituciones sólidas, educación de excelencia, seguridad jurídica, innovación, estabilidad y confianza.

La verdadera riqueza de una nación no está debajo de la tierra.

Está en la calidad de su capital humano.

Está en la fortaleza de sus instituciones.

Está en la confianza que inspira su sistema jurídico.

Precisamente por eso, la entrada en vigencia del nuevo Código Penal representa una oportunidad para fortalecer el Estado de derecho. Pero no bastará con promulgar una nueva legislación. Será indispensable aplicarla con firmeza, imparcialidad y eficiencia.

La seguridad jurídica protege a los ciudadanos, fortalece la inversión y preserva la imagen internacional del país. Cada turista que decide visitar la República Dominicana deposita su confianza en nuestras instituciones. Esa confianza debe ser protegida.

La inteligencia artificial representa igualmente una oportunidad histórica para hacer efectivo el derecho a una buena administración pública. Puede reducir la burocracia, agilizar los servicios del Estado, fortalecer la transparencia, optimizar la toma de decisiones y utilizar con mayor eficiencia los recursos públicos.

La tecnología, sin embargo, no sustituye el liderazgo.

La República Dominicana posee estabilidad democrática, crecimiento económico, talento humano, ubicación geográfica privilegiada y una revolución tecnológica sin precedentes. Pero ninguna de esas fortalezas producirá resultados duraderos sin planificación, continuidad y visión de Estado.

Si realmente aspiramos a construir un Proyecto de Nación, también debemos abrir un debate serio sobre si nuestro actual ciclo político favorece la planificación de largo plazo. Personalmente, considero que vale la pena discutir la posibilidad de que los futuros períodos presidenciales sean de seis años, sin reelección inmediata.

No se trata de otorgar más poder a un gobernante, sino de concederle el tiempo suficiente para planificar, ejecutar y consolidar una verdadera obra de gobierno, sin la presión permanente de la próxima campaña electoral. Muchas veces, cuando un gobierno apenas concluye su etapa de organización, ya comienza el calendario político y las decisiones empiezan a condicionarse por la urgencia de inaugurar obras antes de las elecciones.

Un período más amplio permitiría desarrollar proyectos de infraestructura de mayor calidad, ejecutar reformas profundas en educación, justicia, salud y administración pública, y evaluar sus resultados con una perspectiva de largo plazo. Naturalmente, una reforma de esta naturaleza solo tendría sentido si va acompañada de instituciones fuertes, controles efectivos, transparencia y una firme rendición de cuentas.

Los gobiernos cambian.

La República Dominicana permanece.

Por eso ha llegado el momento de construir un verdadero Proyecto de Nación que una a los partidos políticos, al sector empresarial, a las universidades, a la sociedad civil y a la ciudadanía alrededor de objetivos comunes que trasciendan los períodos de gobierno.

Las futuras generaciones no nos juzgarán por los discursos que pronunciamos ni por la cantidad de obras que inauguramos.

Nos juzgarán por la calidad del país que fuimos capaces de construir.

Porque el mayor legado que puede dejar una generación no es una carretera, un puente o un edificio.

Es haber construido instituciones fuertes, una buena administración pública y un Proyecto de Nación que permita que cada gobierno continúe donde terminó el anterior.

Solo entonces la República Dominicana dejará de pensar en períodos de gobierno y comenzará a pensar en generaciones.