El síndrome del fraude

Desde el 20 de diciembre de 1962, cuando se realizaron las primeras elecciones democráticas tras el ajusticiamiento de Trujillo, hasta los próximos comicios pautados para 2028, habremos acumulado 66 años de experiencia en materia electoral. Lo cual nos gradúa para portar pantalones largos en la escuela de la democracia y nos compele a rechazar que se pretenda tutelarnos como si fuéramos imberbes. Aquellas elecciones pioneras fueron ganadas de forma abrumadora por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) con 628 mil votos (59%), identificado de izquierda democrática, frente a la más conservadora Unión Cívica Nacional (UCN), que obtuvo 317 mil votos (30%).

La 3ra posición correspondió al promisorio Partido Revolucionario Social Cristiano, el del machete verde, con 54 mil boletas a su favor (5%). La 4ta al Partido Nacionalista Revolucionario Democrático con 35 mil (3%) y la 5ta a la Alianza Social Demócrata con 17 mil 898 (1.7%). La Agrupación Política 14 de Junio, con gran arraigo entre la juventud de clase media urbana motivada por el carisma de Manolo Tavarez Justo, se abstuvo de participar en la contienda, quizá seducida por el slogan que sonaba en las manifestaciones de la Cuba fidelista: “Elecciones ¿para qué?”.

Paradójicamente, en la última jornada del 2024, el PRD, tras haber ganado 4 comicios nacionales (Bosch, Guzmán, Jorge Blanco e Hipólito), ahora bajo el liderazgo de Miguel Vargas Maldonado como candidato, a su vez presidente para América Latina de la Internacional Socialista, alcanzó apenas 19,790 sufragios (0.45%). Un bajón histórico que casi barre la huella del otrora vigoroso “buey que más jala”, al vaciarse masas y dirigentes en el nuevo Partido Revolucionario Moderno (PRM), apoyado en su constitución en 2014 en la franquicia de la vieja Alianza Social Demócrata (ASD).

El PRD fue fundado en 1939 en la villa El Cano, en Marianao, La Habana, por un grupo de exiliados antitrujillistas. Entre los que figuraban Enrique Cotubanamá Henríquez, Juan Isidro Jimenes Grullón, Juan Bosch, Virgilio Mainardi Reyna, Leovigildo Cuello, Ángel Miolán, Nicolás Silfa, Manuel Alexis Liz, Romano Pérez Cabral, Lucas Pichardo, Pipi Hernández, Plinda Woss y Gil.

La tendencia centrífuga y el personalismo característicos en los partidos dominicanos se evidenciaron tan temprano como en 1962. Bosch, Jimenes Grullón, Mainardi y Silfa -sumado Ramón Castillo, parte de “la avanzada de la libertad del 61”-, todos del PRD original, corrieron cada uno con camiseta propia en la jornada cívica de nuestro despegue democrático.

De aquella fecha pionera a nuestros días hemos recorrido un trayecto largo y tortuoso. Y uno, con justa razón, se pregunta: ¿Cuándo nos liberaremos de una vez por todas del denominado síndrome del fraude? Un fenómeno recurrente de nuestra cultura política, al cual designé así en los 80, en el desarrollo de unos foros celebrados bajo patrocinio de las fundaciones Friedrich Ebert y Ford en el Hotel Santo Domingo acerca de las elecciones, los partidos políticos y la democracia.

Uno de estos foros, en 1982, versó sobre los partidos políticos con la presencia como expositores del doctor Peña Gómez en nombre del PRD, de Rafael Alburquerque, secretario general del PLD, Narciso Isa Conde por el Partido Comunista Dominicano y Joaquín Ricardo, secretario político del Partido Reformista. Me tocó presentar una panorámica como marco general del debate, con un balance de la experiencia electoral acumulada desde 1962 hasta los años 80. Examinando la evolución del sistema electoral e identificando los puntos críticos que generaban conflictos previos en la campaña, durante la jornada de votación y días después, ocasionando crisis postelectorales.

Llamé a todo aquello el síndrome del fraude, consistente en un patrón en la cultura política dominicana de múltiples vertientes que parte de la presunción en los contendientes, de que tanto en la organización electoral (JCE) como entre los adversarios, opera la intención de la comisión de acciones fraudulentas que alteren la decisión del electorado expresada en las urnas.

Examinamos cómo este fenómeno se engarza y redefine con la incorporación de cada nueva figura en el proceso electoral. Ya sean reformas en la legislación electoral, ya la modificación del modelo de boletas, o a propósito de la integración de la tecnología, como sucediera con las computadoras gigantes de IBM empleadas para procesar los listados de electores y consolidar el cómputo de los votos. Y que luego lo sería con el fax, el escáner, las PC y otros dispositivos digitales.

Vale recordar que en 1978 una influyente figura pública denunció que desde el centro de cómputos de la JCE se había producido un trastrueque deliberado de electores en los listados de las mesas, con la intención de impedir que los seguidores del Partido Reformista pudiesen ejercer su derecho al voto. La premisa que sustentaba la denuncia afirmaba que antes, en las elecciones de 1974, se había registrado una abstención masiva, provocada por el retiro de los partidos de oposición nucleados en dos coaliciones, el Acuerdo de Santiago encabezado por el PRD y el Bloque de la Dignidad Nacional liderado por un bisoño PLD.

Ya existía el Registro Electoral y los electores tenían identificado el número y la dirección de su mesa de votación en el carnet correspondiente conforme al lugar de residencia. Fácilmente se podía determinar, por mesas y circunscripciones, dónde se habían registrado las mayores tasas de participación en las votaciones anteriores y en su defecto dónde las más relevantes de abstención.

El elector, antes de la consolidación de los documentos de identidad en un solo padrón ocurrido en 1992, debía acudir a votar asistido de 2 documentos, la cédula de identidad personal y el denominado registro electoral. En 1974 se procedió a estampar un sello en la cédula de los votantes como constancia del ejercicio del sufragio. Antes del 16 de mayo, circuló la especie de que en los bancos se exigiría este sello para cambiar un cheque y como requisito para otros trámites civiles. Una forma de contrarrestar el llamado de abstención de la oposición.

Este hecho motivó una alta tasa de votos nulos (404 mil sobre 1 millón 518 mil sufragantes: 27%), marcados así deliberadamente con consignas opositoras. En el DN los votos válidos apenas alcanzaron el 39% del padrón, en Santiago el 49 %, en La Romana 39% y así en otros lugares donde el PRD exhibía fortaleza.

En su alegato, el denunciante argumentaba que, en sentido general, se sabía quiénes habían acudido a votar en 1974 al quedar registrados en las listas de las mesas, y que eran preferentemente electores del Partido Reformista. Lo cual facilitaba su identificación y daba pie a su dislocación en el padrón mediante una operación de manipulación de los listados desde el centro de cómputos de la JCE de cara a los comicios de 1978. La circunstancia de que las elecciones del 74 fueron cuasi solitarias -sólo concurrió a último momento, aparte del PR y aliados, el Partido Demócrata Popular del contralmirante Homero Lajara Burgos-, consecuencia del llamado a boicot de la oposición, daba fuerza en apariencia a esta tesis.

En 1974, ante la postulación de Balaguer que buscaba su segunda reelección durante el ciclo de los 12 años, la oposición entendió que las condiciones mínimas no estaban dadas para participar en el proceso. Que no existían garantías, ya que las fuerzas armadas se hallaban movilizadas en las calles y las tropas exhibían pañoletas coloradas caladas a los fusiles, el color del PR. La circulación de los candidatos y los actos de campaña de los partidos de oposición se veían restringidos por la intervención abierta del elemento militar en el proceso electoral. Razón del llamado a la abstención que la oposición explicó a la opinión pública.

Balaguer fue elegido en 1966 con holgada votación (57%), logró su primera reelección en 1970 (57%) y la segunda en 1974 (84%) e intentaría repetir la hazaña sin éxito repostulándose en 1978. En dicha oportunidad el síndrome del fraude se manifestó alegándose que de antemano se sabía quiénes eran los electores reformistas y desde el centro de cómputos (reputado infiltrado por el PRD) se procedió a dislocarlos y desmovilizarlos. Trasladando sus nombres a otras mesas que no eran las suyas, evitándose así que votaran al no figurar en el padroncillo de su mesa. Se dijo entonces que las elecciones estaban viciadas.

Las elecciones las ganó en buena lid Antonio Guzmán, encabezando una amplia coalición variopinta denominada Acuerdo de Santo Domingo, después de 12 años de Balaguer en el poder con perfil semi autoritario y protagónica presencia del elemento militar. Lo cual hacía difícil creer que un candidato opositor pudiera manipular la organización electoral a su favor. La diferencia entre Guzmán y Balaguer fue significativa: 155 mil votos, o sea 52% a 42%.

Como se sabe, los mandos militares, dando seguimiento al proceso desde la vecina Secretaría de las FFAA, interrumpieron el cómputo mediante un blackout en la JCE, generándose un conato de golpe de Estado abortado a tiempo. Presiones nacionales e internacionales (Carter, Carlos Andrés Pérez, Internacional Socialista) impidieron que las cosas fueran a mayores. Aun así, el famoso “fallo histórico”, al aplicar la JCE a cargo de los magistrados suplentes unas matemáticas esdrújulas, otorgó 4 senadurías no ganadas al Reformista y con ello el control de la cámara alta. Y por esta vía, el poder Judicial, la JCE y el propio proceso legislativo en nuestro modelo bicameral.

Este patrón de comportamiento se ha reiterado arropando por igual a los actores de la política vernácula, como ocurriera en las elecciones de 1986 que perdió Jacobo Majluta, candidato del oficialista PRD, ante al candidato opositor Joaquín Balaguer, quien le aventajó con más de 43 mil votos. En la ocasión, a solicitud de Balaguer, el presidente Jorge Blanco designó en 12/5/86 una comisión de notables encabezada por López Rodríguez, trasladándose el conflicto a la demanda de recuento de los votos observados (28,545) y los nulos (84,210), El PRD recusó a dos titulares de la JCE, asumiendo los suplentes, focalizándose las tensiones en el centro de cómputos, hasta que los titulares reasumieron y dictaminaron: Balaguer 41.55%, Majluta 39.21% y Bosch 18%. Majluta concedió.

Cada vez que se incorporan nuevas tecnologías al proceso electoral asoma su rostro perturbador el maleficio del síndrome del fraude. No es la tecnología, caballero, es el traje cultural.