Después de las remesas
La comunidad dominicana redefine su papel en EE. UU.
Durante décadas, la relación entre la República Dominicana y su diáspora se sostuvo sobre un mismo pilar: las remesas. Gracias al sacrificio de millones de dominicanos que emigraron en busca de oportunidades, cientos de miles de familias pudieron construir una vivienda, educar a sus hijos y levantar pequeños negocios. Ese esfuerzo silencioso cambió la historia económica del país.
Pero toda transformación tiene un ciclo. Y ha llegado el momento de formular una pregunta incómoda: ¿qué ocurrirá cuando las remesas dejen de crecer?
No porque nuestros hijos y nietos en el exterior amen menos a la República Dominicana, sino porque las segundas y terceras generaciones ya no mantienen el mismo vínculo económico con familiares que permanecen en el país. Es la evolución natural de toda comunidad migrante. Ignorarla sería un error estratégico.
Durante los últimos días recorrí comunidades dominicanas en Massachusetts y Rhode Island. Lo que encontré confirma que la respuesta no está en intentar preservar el modelo anterior, sino en construir uno nuevo.
La comunidad dominicana ya no puede definirse únicamente como una comunidad de migrantes. Hoy es una comunidad de propietarios, profesionales, empresarios y líderes públicos. Según me explicó el alcalde de Lawrence, Brian De Peña, alrededor del 87 % de las propiedades de esa ciudad pertenecen a dominicanos. Esa evolución también se refleja en sus instituciones: Frank Moran, miembro del liderazgo de la Cámara de Representantes de Massachusetts y el legislador dominicano de mayor trayectoria en ese estado; Pavel Payano, primer dominicano electo al Senado de Massachusetts; y Ana Quezada, una de las dos únicas dominicanas que han alcanzado un escaño en un Senado estatal de los Estados Unidos. En Lawrence, además, ocho de los nueve miembros del Concejo Municipal son de origen dominicano.
Hay una lección poderosa detrás de esa transformación: nadie progresa bajo un régimen económico injusto, excluyente y lleno de privilegios irritantes. Cuando al dominicano se le ofrecen reglas claras, igualdad de oportunidades e instituciones que funcionan, responde con trabajo, emprendimiento y creación de riqueza. No cambió el dominicano; cambió el sistema.
Este tema también tiene para mí una dimensión profundamente personal. Nací en los Estados Unidos. A los seis meses de edad llegué a Monte Plata, donde crecí. Mi madre emigró siendo adolescente junto a mis abuelos y trabajó durante años como obrera en una planta de General Motors. Como millones de familias dominicanas, la mía conoce el sacrificio de la migración y el profundo vínculo que durante décadas unió a quienes se fueron con quienes permanecieron en el país.
Por eso creo que ha llegado la hora de construir la cuarta etapa de nuestra diáspora: pasar de una relación sustentada principalmente en las remesas a otra basada en la inversión, el comercio, el conocimiento y la creación conjunta de riqueza.
Esa transición exige una agenda nacional. Primero, ofrecer garantías jurídicas reales para la inversión, especialmente la inmobiliaria, erradicando los fraudes, los falsos títulos y los proyectos inconclusos que han lesionado la confianza de tantos dominicanos en el exterior. Segundo, convertir a la República Dominicana en un destino competitivo para el retiro, facilitando la portabilidad de pensiones y promoviendo mecanismos de coordinación en materia de seguridad social y cobertura médica. Tercero, desarrollar un mercado de capitales moderno que permita canalizar hacia la economía dominicana el ahorro de miles de compatriotas que hoy invierten en el S&P 500, fondos indexados y otros instrumentos financieros, creando una verdadera ventana para invertir en el desarrollo del país. Y cuarto, sustituir el enfoque clientelar por una auténtica política de Estado, institucionalizando una agenda bienal de trabajo con el liderazgo económico, profesional, político y comunitario de nuestra diáspora.
La política hacia los dominicanos en el exterior no puede seguir descansando en nombramientos o favores. Debe construirse sobre instituciones, incentivos y reglas claras. La diáspora no necesita un Estado que la administre; necesita un Estado que confíe en ella y le abra espacios para contribuir al desarrollo nacional.
La cuarta etapa de nuestra diáspora ya comenzó. La decisión que debe tomar la República Dominicana es si seguirá viendo a sus dominicanos en el exterior como remitentes de dinero o si, por fin, los reconocerá como lo que realmente son: una de las mayores fortalezas estratégicas de la nación.