Dos procesos, una finalidad

La educación dominicana atraviesa un momento de redefinición estratégica marcado por dos iniciativas de gran relevancia: el Plan Horizonte 2034, concebido como la ruta para garantizar mejorar la calidad de la educación preuniversitaria durante la próxima década, y la Consulta Nacional para la Transformación de la Educación Dominicana, convocada mediante el Decreto 309-26 del presidente Abinader.

Aunque ambos procesos comparten el propósito de elevar la calidad educativa, difieren en su alcance, enfoque y posibles implicaciones para la gobernanza del sistema donde se producirán cambios sustanciales.

El Plan Horizonte 2034 parte de un diagnóstico centrado en los desafíos de la educación preuniversitaria. Sus prioridades son mejorar los aprendizajes, fortalecer la formación y el desarrollo profesional docente, modernizar el currículo, ampliar la cobertura y la retención , reducir las brechas de equidad y consolidar una cultura de evaluación y mejora continua. En esencia, constituye un instrumento de planificación sectorial orientado a mejorar  el desempeño del sistema educativo en los niveles inicial, básico y secundario. También,  la renovación de las normativas del sector, incluida la Ley 66-97 y sus reglamentos.

La Consulta Nacional, en cambio, amplía la  discusión. No se limita a la educación preuniversitaria, sino que incorpora, conforme al Decreto 309-26,  la educación superior, la formación técnico-profesional, la investigación científica, la innovación, la transformación digital, y la articulación entre educación y desarrollo productivo, temas muy propios de la universidad.

La diferencia más significativa entre ambos procesos radica en la gobernanza. Mientras el Plan Horizonte 2034 asume la estructura institucional vigente y procura fortalecer su capacidad de gestión, la consulta  abre la posibilidad de revisar esa estructura, explorar nuevas formas de coordinación interinstitucional y actualizar el marco legal  de las instituciones involucradas y nuevas normas para la gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación. Este proceso debe   concluir con la integración del sector educativo en una ley y otras normas para el ecosistema de investigación.

Aunque el Decreto 309-26 no establece expresamente que la consulta tenga como finalidad dicha reorganización, varios de los temas incorporados —continuidad de las trayectorias educativas, articulación entre niveles, gobernanza, investigación e innovación— coinciden con los aspectos que deberían abordarse en una transformación institucional de esa naturaleza, de hecho había un consenso establecido sobre la fusión, pero el mismo  no incluía a INFOTEP ni a las entidades que trabajan con la investigación  y la innovación, excepto a la universidad.

Si esa reorganización llegara a producirse dado que el tiempo electoral apremia, las implicaciones serían profundas. La planificación estratégica abarcaría desde la educación inicial hasta el posgrado; la formación docente podría responder a una política nacional unificada; la investigación científica y la innovación quedarían vinculadas directamente con las necesidades del sistema educativo y del sector productivo. La asignación de recursos podría responder a prioridades comunes en lugar de políticas fragmentadas.

Habría que pensarse en la ampliación del Plan Horizonte 2034 a los nuevos componentes que se incorporarían en la nueva gobernanza del sector educativo, la ciencia y la tecnología.

En este contexto  sería indispensable preservar la autonomía académica de las instituciones de educación superior, las conquistas logradas, evitar la excesiva centralización administrativa, redefinir competencias entre los organismos especializados que resulten  y fortalecer los mecanismos de evaluación y rendición de cuentas mediante la creación de un  organismo técnico, autónomo y descentralizado.

La gobernanza no mejoraría únicamente por la integración administrativa; dependería de la capacidad para establecer reglas claras, responsabilidades definidas y sistemas rigurosos de seguimiento de resultados.

Otra diferencia importante es el papel de la participación social. El Plan Horizonte 2034 fue construido con una amplia participación de actores educativos, pero la Consulta Nacional busca convertir ese diálogo en el eje central para alcanzar consensos sobre el futuro de la gobernanza  del sistema educativo. 

Ambos procesos  reconocen que las transformaciones estructurales requieren legitimidad social y acuerdos de largo plazo que trasciendan los cambios de gobierno.

Ambas iniciativas, por tanto, deben entenderse como complementarias. El Plan Horizonte 2034 proporciona la agenda para mejorar la educación preuniversitaria; la Consulta Nacional del Decreto 309-26 plantea la posibilidad de una reforma sistémica que abarque la totalidad del sector educativo. Si las recomendaciones de la consulta desembocan, necesariamente, en cambios en la estructura de gobernanza, el país podría estar transitando desde una política orientada al mejoramiento de un subsistema hacia una  reforma de todo el sector educativa, la ciencia y la tecnología. 

De ahí su complejidad y la  necesidad de lograr un pacto social que respalde ese proceso durante los próximos años, en el cual los partidos políticos, las iglesias, los sindicatos, las familias, los empresarios, los medios de comunicación, etc. deben jugar un papel fundamental como veedores y actores sociales  comprometidos.

El éxito de esta transición dependerá de que cualquier cambio institucional esté acompañado por objetivos claros, evidencia técnica, mecanismos de evaluación independientes y una visión compartida que coloque el aprendizaje, la investigación, la innovación y el desarrollo del capital humano en el centro de la política pública. Solo así una reforma de la gobernanza podrá traducirse en mejores oportunidades educativas y en un mayor aporte de la educación al desarrollo económico y social del país.

La consulta realizada es un punto de partida. Ahora los comisionados deberán elaborar los instrumentos  técnicos y normativos necesarios para redefinir el rumbo de la educación dominicana. Es una tarea que debe ser abordada con gran apertura a los diferentes actores de la sociedad y, sobre todo,  garantizar  desde el principio un compromiso de obligado cumplimiento. La experiencia previa, consensuada con los actores fundamentales de la sociedad, abortó, precisamente, por el cambio realizado en la propuesta de normativa legal para regular la gobernanza  unificada del sector educativo.