¿Hasta cuándo normalizaremos el maltrato de los caballos en nuestras calles?
La tracción animal continúa siendo una realidad en varias ciudades del país, pese a la existencia de normas que obligan a garantizar el bienestar de los animales
Basta recorrer las calles de Santiago y Puerto Plata para encontrarse con una escena que, por cotidiana, pareciera haber dejado de despertar nuestra sensibilidad: caballos arrastrando pesadas carretas cargadas de materiales, desperdicios, mercancías e incluso de varias personas. Lo preocupante es que aquello que vemos todos los días ha terminado por parecernos normal, cuando en realidad constituye una realidad que merece una profunda reflexión ética, jurídica y humana.
La pregunta es inevitable: ¿con qué conciencia pueden cinco personas montarse sobre una carreta, además de una pesada carga, y exigirle a un caballo visiblemente agotado que arrastre todo ese peso durante kilómetros?
No hace falta ser veterinario para advertir el sufrimiento de muchos de estos animales. Basta observarlos. Costillas marcadas por la desnutrición, heridas visibles, largas jornadas bajo un sol abrasador, escaso acceso a agua, alimentación deficiente y una evidente fatiga física. Lo que para algunos representa simplemente un medio de transporte o una herramienta de trabajo, para el caballo significa dolor, agotamiento y un sufrimiento silencioso que no puede expresar con palabras.
Precisamente porque no pueden defenderse, corresponde a la sociedad y al Estado protegerlos.
Durante mucho tiempo se creyó que los animales eran simples bienes al servicio del ser humano. Sin embargo, el Derecho moderno ha evolucionado de manera significativa. Hoy existe un creciente consenso internacional en reconocer que los animales son seres sintientes, capaces de experimentar dolor, miedo, estrés y sufrimiento.
Países como Colombia han fortalecido progresivamente la protección jurídica de los animales, reconociendo el deber estatal de prevenir y sancionar cualquier forma de maltrato. Esa evolución responde a una idea muy simple: el progreso de una sociedad también se mide por la forma en que trata a quienes no tienen voz para defenderse.
La República Dominicana tampoco carece de instrumentos legales. La Ley núm. 248-12 sobre Protección Animal y Tenencia Responsable establece la obligación de prevenir el maltrato y garantizar condiciones compatibles con el bienestar animal. El problema no radica en la ausencia de legislación, sino en la escasa aplicación efectiva de esa normativa.
Las autoridades pocas veces supervisan el estado físico de estos caballos, las cargas que transportan, las horas de trabajo que soportan o las condiciones mínimas de alimentación, descanso y atención veterinaria. En consecuencia, el maltrato termina convirtiéndose en parte del paisaje urbano sin que exista una respuesta institucional proporcional a la gravedad del problema.
No se trata de desconocer que muchas familias dependen económicamente de estas carretas para subsistir. Esa realidad social existe y merece atención. Pero tampoco puede convertirse en una justificación para mantener prácticas que implican un evidente sufrimiento animal.
El verdadero desafío consiste en encontrar soluciones que protejan simultáneamente a las personas y a los animales.
El Estado debe impulsar un programa gradual para sustituir la tracción animal por medios de transporte más modernos y seguros, acompañado de financiamiento, capacitación y apoyo económico para quienes hoy dependen de esta actividad. Proteger a los caballos no significa abandonar a las familias que viven de ese trabajo; significa construir alternativas que dignifiquen a ambos.
Asimismo, las alcaldías, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio Público y las organizaciones dedicadas a la protección animal deberían coordinar esfuerzos para realizar inspecciones periódicas, rescatar animales en condiciones críticas y garantizar el cumplimiento efectivo de la Ley núm. 248-12.
La indiferencia nunca puede convertirse en política pública.
Cada caballo que recorre nuestras calles cargando un peso excesivo nos interpela como sociedad. Nos obliga a preguntarnos si realmente hemos avanzado en materia de derechos, justicia y respeto por la vida o si simplemente hemos aprendido a convivir con el sufrimiento ajeno.
La grandeza de una nación no se mide únicamente por el crecimiento de su economía, por la construcción de carreteras o por la altura de sus edificios. También se mide por la capacidad de proteger a los más vulnerables, incluso cuando esos vulnerables no pueden hablar.
Porque una sociedad verdaderamente civilizada no solo protege los derechos de las personas. También rechaza toda forma de crueldad contra los animales.
Ha llegado el momento de que la República Dominicana deje de considerar normal aquello que nunca debió serlo.