La institucionalidad del desarrollo (Clase 41)

En 2025 ingresaron a la República Dominicana US$47,355.7 millones por concepto de exportaciones de bienes, turismo, remesas, inversión extranjera directa y otros servicios. Las exportaciones alcanzaron US$15,930.6 millones; las remesas, US$11,866.3 millones; los ingresos turísticos, US$11,318.5 millones; y la inversión extranjera directa superó por primera vez los US$5,000 millones. Después de que el crecimiento económico se moderara hasta un 2.1 % durante ese año, la actividad comenzó a recuperar su dinamismo: en junio de 2026 creció un 6.4 % y acumuló una expansión promedio de 4.5 % durante el primer semestre. Estas cifras no describen a un país inmóvil ni resignado. Describen a una nación que ha aprendido a producir, exportar, atraer inversiones, recibir al mundo y levantarse después de cada dificultad. 

Esa capacidad debe llenarnos de confianza, pero también convocarnos a una reflexión más profunda. La pregunta que tenemos por delante ya no es solamente cuánto puede crecer la economía dominicana, sino cómo convertimos ese crecimiento en una transformación duradera de la vida de nuestra gente. ¿Cómo logramos que las divisas se traduzcan en productividad, innovación y mejores empleos? ¿Cómo hacemos que la inversión se convierta en capacidades nacionales? ¿Cómo garantizamos que el crecimiento llegue a las provincias, fortalezca a nuestras pequeñas y medianas empresas, mejore los servicios públicos y abra oportunidades para los jóvenes? Esa es la frontera que debemos cruzar durante la próxima década.

Este miércoles tendré el honor de moderar el diálogo de alto nivel sobre las perspectivas económicas de América Latina, en el marco de Meta RD 2036, junto a Andrés Velasco, Federico Sturzenegger y Magín Díaz. Mientras preparaba las preguntas para esa conversación, comprendí que detrás de los indicadores, las reformas y las proyecciones aparece siempre una misma cuestión: ¿qué permite que una nación transforme una visión ambiciosa en resultados capaces de sostenerse a través del tiempo? 

La respuesta conduce inevitablemente hacia la institucionalidad. Los países no alcanzan el desarrollo únicamente porque tengan buenas ideas, empresarios innovadores, recursos naturales o períodos de crecimiento elevado. Lo alcanzan cuando construyen instituciones capaces de establecer prioridades, coordinar esfuerzos, ejecutar políticas, evaluar resultados y mantener una dirección nacional más allá de las coyunturas y de los ciclos electorales. El desarrollo necesita iniciativa privada, inversión, creatividad y trabajo; pero también necesita un Estado que funcione, reglas previsibles, seguridad jurídica, administraciones competentes y una cultura pública orientada al cumplimiento.

Tenemos razones para creer que podemos lograrlo. El Fondo Monetario Internacional ha reconocido que el desempeño dominicano de las últimas dos décadas ha estado impulsado por el fortalecimiento de las políticas y las instituciones, la estabilidad social y política y las reformas favorables a la actividad productiva. Ese proceso permitió al país alcanzar la tasa más rápida de convergencia del ingreso de América Latina y el Caribe durante ese período. No partimos, por tanto, de una página en blanco. Hemos construido estabilidad, experiencia y capacidades. La tarea consiste ahora en profundizarlas y ponerlas al servicio de una transformación más inclusiva, territorialmente equilibrada y sostenible. 

La Meta RD 2036 propone duplicar el producto interno bruto real y conducir a la República Dominicana hacia una etapa superior de desarrollo. Su verdadero valor, sin embargo, no reside únicamente en la magnitud de la meta, sino en la oportunidad de articular al sector público, al sector privado, a la academia y a las comunidades alrededor de una ruta compartida. El mandato de la comisión creada para impulsarla incluye identificar las reformas de mayor impacto, priorizarlas y establecer una ruta crítica para su ejecución. Esa ruta crítica será decisiva, porque una visión nacional solo comienza a convertirse en política de Estado cuando sabemos qué debe hacerse primero, quién deberá responder por cada tarea, cuáles recursos se requieren y cómo mediremos los avances. 

La República Dominicana ha producido importantes planes, leyes, pactos, estrategias y diagnósticos. En muchos ámbitos conocemos con suficiente claridad los problemas y también buena parte de las soluciones. Sabemos que necesitamos elevar la calidad educativa, aumentar la productividad, mejorar la infraestructura, modernizar el sistema eléctrico, garantizar la sostenibilidad del agua, fortalecer la seguridad social, ampliar la innovación y hacer más eficientes los servicios públicos. El desafío de nuestra generación consiste en pasar de la identificación a la ejecución y de la voluntad declarada a los resultados verificables.

Ejecutar no significa actuar de manera precipitada. Significa ordenar las prioridades, alinear la planificación con el presupuesto, fortalecer los equipos responsables y establecer indicadores que permitan aprender y corregir. Significa reconocer que ningún país puede realizar todas sus reformas al mismo tiempo y que, por tanto, debe seleccionar aquellas capaces de generar los mayores efectos sobre la productividad, el bienestar y la capacidad de desarrollar las transformaciones siguientes. Una buena decisión pública no es solamente aquella que responde a una necesidad inmediata; es también la que crea las condiciones para que el país pueda resolver mejor sus necesidades futuras.

En esa tarea, la continuidad será tan importante como la calidad de las reformas. Algunas transformaciones producen resultados visibles en pocos meses; otras requieren una década de perseverancia. La formación del capital humano, el fortalecimiento de la justicia, la modernización administrativa, la transformación energética o el ordenamiento territorial no pueden depender exclusivamente del período para el cual fue elegido un gobierno. Necesitan acuerdos, instituciones y mecanismos de seguimiento que les permitan sobrevivir a los cambios políticos y acumular resultados con el paso de los años. Una política comienza a convertirse en política de Estado cuando deja de pertenecer a una persona, a un partido o a una administración y pasa a ser reconocida como una responsabilidad compartida de la nación.

La institucionalidad no debe entenderse como una palabra distante, reservada a juristas, economistas o funcionarios. Se expresa en la vida cotidiana. Está presente cuando una escuela abre sus puertas y enseña con calidad; cuando un hospital dispone de los medicamentos necesarios; cuando un productor puede transportar su cosecha; cuando un emprendedor recibe una respuesta oportuna; cuando una familia encuentra agua en su comunidad; cuando la ley se aplica sin privilegios; y cuando una persona puede confiar en que el Estado cumplirá aquello que ha prometido. La institucionalidad se hace visible cuando los recursos se convierten en resultados y cuando esos resultados crean ciudadanía.

Nuestra Constitución lo establece con extraordinaria claridad. Su artículo 8 dispone que la función esencial del Estado es proteger efectivamente los derechos de las personas, respetar su dignidad y procurar los medios que les permitan perfeccionarse de manera igualitaria, equitativa y progresiva. Por eso, duplicar el producto interno bruto no puede ser entendido como un destino aislado. El crecimiento adquiere su sentido más profundo cuando se transforma en derechos, movilidad social, empleos dignos, conocimiento y oportunidades para que cada dominicano pueda desarrollar plenamente sus capacidades. 

Debemos mirar hacia 2036 con realismo, pero también con esperanza. Este país ha demostrado muchas veces que puede superar dificultades que parecían insalvables. Ha construido estabilidad macroeconómica, desarrollado sectores competitivos, creado una plataforma exportadora, fortalecido su industria turística y despertado la confianza de inversionistas nacionales e internacionales. En cada provincia existen productores, comerciantes, trabajadores, jóvenes, mujeres, profesionales y emprendedores dispuestos a impulsar una nueva etapa de progreso. El talento está. La voluntad está. La experiencia también está. Nuestra responsabilidad consiste en organizar esas capacidades alrededor de instituciones que les permitan producir resultados mayores y más duraderos.

Cuando llegue 2036, no bastará con comprobar que nuestra economía es dos veces más grande. Tendremos que preguntarnos si también somos una sociedad mejor educada, más productiva, territorialmente más equilibrada y gobernada por instituciones más eficaces y confiables. Tendremos que comprobar si el crecimiento abrió oportunidades, si la inversión dejó conocimiento, si las reformas sobrevivieron al tiempo y si el Estado aprendió a responder con mayor calidad a las necesidades de las personas.

La República Dominicana ya ha demostrado que sabe crecer. La gran tarea de la próxima década será demostrar que también sabe gobernar su desarrollo. Y estoy convencido de que podemos hacerlo. Porque cuando una nación combina el esfuerzo de su gente, la fortaleza de su economía, la calidad de sus instituciones y una visión compartida de futuro, ninguna meta es demasiado grande. El desarrollo deja entonces de ser una promesa lejana y comienza a convertirse en una obra colectiva, construida día a día, por todos y para el bien común.