ASOSEJU: una voz nacional para los servidores judiciales

En la República Dominicana existen asociaciones que representan a jueces, juezas y fiscales, creadas para defender sus intereses colectivos y contribuir al fortalecimiento del sistema de justicia. Sin embargo, miles de trabajadores administrativos que sostienen cotidianamente el funcionamiento de los tribunales carecen de una organización nacional con suficiente capacidad para representar sus necesidades. Ha llegado el momento de promover la creación de la Asociación de Servidores Judiciales de la República Dominicana (ASOSEJU).

La justicia no funciona únicamente por las decisiones de los magistrados. Detrás de cada sentencia, audiencia, expediente, citación y notificación existe una estructura humana integrada por secretarios, oficinistas, técnicos, archivistas, auxiliares, alguaciles, mensajeros y personal de informática, seguridad, mantenimiento y atención al usuario. Sin su trabajo responsable, los tribunales sencillamente quedarían paralizados. No obstante, estos servidores suelen permanecer invisibles tanto ante la sociedad como frente a las propias autoridades institucionales.

No puede hablarse seriamente de modernización judicial mientras quienes hacen posible el servicio de justicia carezcan de una voz colectiva organizada. La transformación digital, el expediente electrónico y la automatización constituyen avances importantes, pero ninguna plataforma puede sustituir la dignidad humana, la experiencia acumulada ni el derecho de los trabajadores a participar en los asuntos que afectan sus condiciones laborales.

La creación de la Asociación de Servidores Judiciales de la República Dominicana (ASOSEJU) encontraría su principal fundamento en el artículo 47 de la Constitución, que reconoce el derecho de toda persona a asociarse con fines lícitos. También podría organizarse conforme a la Ley núm. 122-05 sobre Regulación y Fomento de las Asociaciones Sin Fines de Lucro. Ese derecho constitucional no desaparece porque una persona trabaje para el Estado o preste servicios dentro de uno de sus poderes públicos.

ASOSEJU tendría como objetivo fundamental representar y defender los intereses profesionales, laborales, sociales, culturales y humanos de los servidores judiciales. No sería una organización creada contra el Poder Judicial, sino una asociación surgida dentro de la comunidad judicial para contribuir a su fortalecimiento. Una institución democrática no debe temer la organización legítima de sus empleados; debe reconocerla como un instrumento de diálogo, prevención de conflictos y construcción de soluciones.

Entre sus objetivos específicos estarían promover salarios dignos y proporcionales a las responsabilidades desempeñadas; defender la estabilidad laboral; procurar mejores seguros médicos, pensiones, programas de vivienda y asistencia familiar; fomentar la capacitación continua, y reclamar sistemas transparentes de ascensos, concursos, evaluaciones y traslados. También debería combatir cualquier forma de discriminación, favoritismo, acoso laboral o represalia contra quienes expresen responsablemente sus inquietudes.

La asociación podría ofrecer orientación y asistencia a sus miembros cuando enfrenten investigaciones disciplinarias. Esto no significaría proteger faltas ni fomentar la impunidad. Su misión sería vigilar que se respeten la presunción de inocencia, el derecho de defensa, la imparcialidad del procedimiento y la proporcionalidad de las sanciones. Defender el debido proceso de un servidor no equivale a encubrirlo, sino a impedir que la disciplina institucional se convierta en arbitrariedad.

Entre las funciones de ASOSEJU también deberían incluirse la elaboración de propuestas sobre políticas laborales; la realización de estudios salariales; la creación de programas de bienestar; la organización de congresos, seminarios y cursos; el establecimiento de fondos de solidaridad; la asistencia ante enfermedades, accidentes o calamidades familiares, y la publicación de informes sobre las condiciones de trabajo. Asimismo, podría establecer acuerdos con universidades, cooperativas y organizaciones nacionales e internacionales.

ASOSEJU actuaría como interlocutora ante el Consejo del Poder Judicial y sus dependencias administrativas. Podría presentar observaciones sobre reglamentos, horarios, cargas laborales, seguridad en los tribunales, infraestructura, salud ocupacional, evaluaciones de desempeño y transformación tecnológica. Escuchar a los servidores antes de adoptar decisiones que los afecten no debilita la autoridad institucional; por el contrario, la humaniza y legitima.

Para evitar el centralismo, la asociación debe nacer con auténtica vocación nacional. Su estructura debería contar con una directiva elegida democráticamente y con filiales en cada provincia, relacionadas con los departamentos y distritos judiciales correspondientes. Cada filial tendría la responsabilidad de identificar los problemas de su territorio, celebrar asambleas, elegir representantes, rendir cuentas y presentar sus propuestas ante la dirección nacional.

No es lo mismo trabajar en un tribunal del Distrito Nacional o de Santo Domingo que hacerlo en una jurisdicción fronteriza o en una comunidad con limitaciones de transporte, personal, conectividad e infraestructura. La representación provincial impediría que todas las decisiones se tomaran desde la capital y garantizaría que los servidores del interior también fueran escuchados. ASOSEJU debería regirse por elecciones periódicas, límites a la reelección, transparencia financiera, rendición pública de cuentas y participación equitativa de mujeres y jóvenes.

Sus límites, sin embargo, tendrían que quedar claramente establecidos. La asociación no podría nombrar, ascender, trasladar ni destituir empleados; tampoco imponer sanciones oficiales, entorpecer procesos, acceder indebidamente a expedientes, influir en decisiones jurisdiccionales ni sustituir al Consejo del Poder Judicial. Actuaría como organización representativa e interlocutora, nunca como una autoridad paralela.

Tampoco debería convertirse en instrumento político-partidario ni en plataforma para promover intereses personales. Su fuerza moral dependería de su independencia, pluralidad y prudencia. Podría criticar, denunciar abusos y reclamar derechos, pero sin perjudicar a los ciudadanos que esperan justicia ni comprometer la continuidad del servicio público.

La creación de la Asociación de Servidores Judiciales de la República Dominicana (ASOSEJU) sería un acto de equidad institucional. Si jueces y fiscales han comprendido la necesidad de organizarse, no existe razón democrática para negar esa posibilidad a quienes sostienen diariamente los tribunales. Una justicia que exige respeto hacia afuera también debe practicarlo hacia adentro. Porque detrás de cada expediente existe un ciudadano esperando justicia, pero detrás de cada escritorio también existe un servidor esperando dignidad.