China y la República Dominicana: una competencia que dejó de ser justa

Durante años, la relación comercial con China parecía sencilla: la República Dominicana importaba miles de millones de dólares en mercancías, mientras comerciantes, ferreteros, distribuidores e industrias dominicanas las colocaban en el mercado nacional. El producto era chino, pero la actividad económica que generaba —empleos, impuestos, transporte, almacenamiento y ventas— permanecía parcialmente en manos dominicanas.

Ese modelo está cambiando aceleradamente. Capitales chinos ya no se limitan a fabricar y exportar. Ahora procuran controlar toda la cadena: producen en China, importan directamente, distribuyen en el país y venden al consumidor final mediante establecimientos administrados por ciudadanos chinos. El empresario dominicano, que antes participaba en alguno de esos eslabones, corre el riesgo de convertirse en espectador dentro de su propio mercado.

No estamos ante una competencia convencional entre dos comerciantes. El empresario local compra a intermediarios, paga financiamiento a tasas dominicanas y cumple con salarios, prestaciones laborales, seguridad social, impuestos y demás obligaciones nacionales. Su competidor puede pertenecer a una estructura integrada que controla desde la fábrica de origen hasta la tienda donde se vende el producto.

Esa diferencia permite operar con costos, financiamiento, inventarios y márgenes que difícilmente puede igualar una pequeña o mediana empresa dominicana. Cuando un mismo grupo fabrica, exporta, importa, distribuye y vende, incluso puede decidir en qué punto de la cadena declara sus beneficios. El comerciante nacional, en cambio, no tiene dónde esconder sus costos.

La pregunta no es si los productos chinos deben entrar al país. Deben entrar, siempre que cumplan nuestras leyes. Tampoco se trata de rechazar una inversión por la nacionalidad de quien la realiza. La República Dominicana necesita inversión extranjera, pero necesita inversión que genere empleos formales, pague impuestos, respete las normas laborales y compita bajo las mismas condiciones exigidas a los dominicanos.

Ya existen motivos suficientes para prestar atención. En abril de 2024, la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas cerraron establecimientos pertenecientes a ciudadanos asiáticos por irregularidades tributarias. Las autoridades informaron sobre transacciones que rondaban los RD$4,000 millones. No se puede juzgar a toda una comunidad empresarial por determinados casos, pero tampoco se puede ignorar una señal de semejante magnitud.

Si esta tendencia continúa sin vigilancia, desaparecerán empresas dominicanas que tardaron décadas en construirse. Se perderán empleos formales, disminuirán las recaudaciones fiscales y sectores completos del comercio podrían depender de una cadena de suministro controlada desde el extranjero. El consumidor quizá reciba inicialmente precios más bajos, pero el país pagará después el costo de haber debilitado su aparato comercial e industrial.

El Gobierno debe actuar antes de que el proceso sea irreversible. Es indispensable fiscalizar los valores declarados en Aduanas, verificar el pago real de impuestos, supervisar las relaciones entre fabricantes, importadores y comercios vinculados, exigir el cumplimiento laboral y revisar las prácticas que puedan constituir competencia desleal. Las mismas reglas deben aplicarse a todos, sin privilegios, excepciones ni persecuciones.

También sorprende el silencio de Estados Unidos. Washington solicita constantemente la cooperación dominicana en narcotráfico, migración, Haití, seguridad, telecomunicaciones y defensa de las instituciones democráticas. Sin embargo, frente a la creciente penetración comercial china y sus consecuencias para el empresariado dominicano, su presencia en la discusión ha sido prácticamente inexistente.

La amistad entre naciones debe implicar reciprocidad. No es razonable que Estados Unidos reclame solidaridad dominicana en cada asunto que considera estratégico y permanezca indiferente cuando una transformación económica de esta magnitud amenaza empleos, empresas y estabilidad social en uno de sus aliados más cercanos del Caribe.

La República Dominicana no debe romper relaciones con China ni cerrar sus puertas al comercio. Debe hacer algo más elemental: defender su mercado, exigir transparencia y garantizar que nadie compita con ventajas que las empresas dominicanas no poseen.

El problema no es que China venda en nuestro país. El problema comienza cuando controla la fábrica, la importación, la distribución y la tienda, mientras el dominicano desaparece de cada eslabón. Eso no es apertura comercial. Es la entrega gradual del mercado nacional.