¿Quién está desorientando al presidente?

Hay decisiones institucionales que deben respetarse porque forman parte de las atribuciones constitucionales de quienes las adoptan, pero respetar una decisión no significa renunciar al derecho de preguntarnos si los criterios utilizados fueron los más adecuados.

La reciente decisión del Consejo Nacional de la Magistratura de no confirmar al magistrado Francisco Antonio Jerez Mena para continuar en la Suprema Corte de Justicia merece, por lo menos, una reflexión pública. No porque un juez tenga un derecho adquirido a permanecer en la alta corte, ni porque los demás magistrados confirmados carezcan de méritos. Nada de eso. El punto es otro: ¿qué mensaje está enviando el sistema cuando un magistrado que exhibe resultados objetivos de eficiencia queda fuera de la institución?

El CNM confirmó para un nuevo período de siete años a Justiniano Montero Montero, Fran Euclides Soto Sánchez, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello Ferreras y Rafael Vásquez Goico. No confirmó a Francisco Jerez Mena ni a Vanessa Acosta Peralta. Con ello quedaron seis vacantes por llenar en la Suprema Corte de Justicia. (Diario Libre ?)

No cuestiono la facultad constitucional del Consejo. Lo que cuestiono es que una decisión de esta naturaleza pueda dejar a la sociedad con más preguntas que respuestas.

Durante el proceso de evaluación, los jueces presentaron informes sobre sus siete años de desempeño y participaron en entrevistas. El propio Poder Ejecutivo informó que el CNM otorgó a sus integrantes un plazo para estudiar esos informes y revisar las entrevistas antes de deliberar. (Presidencia de la República Dominicana ?)

Francisco Jerez llegó a esa evaluación con algo que debería tener un peso considerable en cualquier sistema moderno de administración de justicia: resultados medibles.

En abril de este mismo año, el Poder Judicial informó públicamente que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, presidida por Jerez, había superado el rezago histórico y alcanzado lo que calificó como “mora cero”, algo presentado como inédito en la historia de esa sala. También se informó que el 98 % de los casos se conocían en primera audiencia. (Poder Judicial ?)

Entonces la pregunta es inevitable: ¿qué debe hacer un magistrado para que la eficiencia sea reconocida por el sistema?

Porque durante años hemos hablado de mora judicial. Hemos reclamado decisiones oportunas. Hemos exigido tribunales capaces de administrar adecuadamente la carga de trabajo. Hemos dicho que una justicia que tarda demasiado puede convertirse en una forma de denegación de justicia.

Y cuando aparece una sala de la máxima instancia judicial que consigue eliminar su rezago histórico, alcanzar mora cero y mejorar sus tiempos de respuesta, lo razonable sería que ese resultado formara parte sustancial de cualquier evaluación de desempeño.

Eso no significa que la eficiencia sea el único criterio. Un juez no puede evaluarse solamente por cuántas decisiones produce. La calidad, la independencia, la integridad, la prudencia, la consistencia jurisprudencial y el respeto de las garantías constitucionales también importan.

Pero tampoco podemos caer en el extremo contrario: que la eficiencia deje de importar precisamente cuando necesitamos una justicia más rápida y efectiva.

Aquí es donde el caso Jerez trasciende al propio magistrado.

No se trata de decir que Francisco Jerez debía ser confirmado automáticamente. Se trata de preguntar qué criterio permitió que cinco magistrados fueran confirmados y dos no, y cuál fue el peso concreto que tuvieron los indicadores de desempeño de cada uno.

La sociedad no necesita conocer deliberaciones privadas ni pretende sustituir al Consejo en su función constitucional. Pero sí necesita confiar en que las decisiones se adoptan con criterios objetivos, verificables y coherentes.

Y esa confianza aumenta cuando las instituciones explican sus decisiones.

Por eso considero que este momento debe servir para repensar el Consejo Nacional de la Magistratura.

No para debilitarlo. Todo lo contrario: para fortalecerlo.

El CNM tiene una de las responsabilidades más delicadas del Estado dominicano. Tiene que evaluar y escoger a quienes ocuparán posiciones fundamentales en la Suprema Corte de Justicia y en otros órganos constitucionales. Su composición es plural porque así lo quiso la Constitución, y esa pluralidad tiene valor democrático.

Pero la pluralidad no puede significar ausencia de especialización.

Quienes tienen la responsabilidad de escoger a los jueces que decidirán sobre la libertad, el patrimonio, los derechos fundamentales y la interpretación de las leyes necesitan contar con toda la información técnica necesaria para hacerlo correctamente.

Y aquí hay una pregunta que debemos atrevernos a formular: ¿está suficientemente especializado el proceso mediante el cual evaluamos a nuestros jueces?

No todos los miembros del Consejo tienen que ser jueces. Sería contrario a la propia naturaleza plural del órgano pretenderlo. Pero el Consejo debe disponer de un aparato técnico de primer nivel que permita medir con objetividad la productividad, la mora, la calidad de las decisiones, la complejidad de los casos, el comportamiento estadístico, la gestión administrativa de las salas y todos los demás factores relevantes.

Y hay algo más.

Quienes asesoren técnicamente al Consejo deben comprender profundamente lo que significa impartir justicia.

No es lo mismo leer una estadística que entender por qué una sala puede tardar en decidir. No es lo mismo contar expedientes que conocer la complejidad de los recursos. No es lo mismo evaluar desde fuera que comprender lo que significa sentarse a deliberar sobre la libertad, el patrimonio o los derechos fundamentales de una persona.

Por eso no propongo que todos los consejeros sean jueces. Propongo algo diferente: que ninguna evaluación judicial pueda prescindir de una evaluación técnica realizada por personas que conozcan realmente la función jurisdiccional.

Porque elegir jueces no puede convertirse en un ejercicio de simpatías, percepciones o impresiones.

Debe ser un ejercicio de Estado.

Y precisamente por eso tampoco considero correcto utilizar este caso para descalificar a los magistrados que fueron confirmados. Cada uno merece respeto y sus decisiones pueden y deben ser examinadas por sus sentencias, no por circunstancias personales.

El debate serio no consiste en decir que “este juez es bueno y aquel es malo”.

El debate serio consiste en preguntar:

¿Cuáles fueron los criterios?

¿Cómo fueron ponderados?

¿Qué peso tuvo la productividad?

¿Qué peso tuvo la calidad de las decisiones?

¿Qué peso tuvo la mora?

¿Qué peso tuvo la integridad?

¿Qué peso tuvo la independencia judicial?

Y, sobre todo:

¿Puede la sociedad conocer suficientemente la razón institucional de una decisión que afecta la composición de la Suprema Corte?

Estas preguntas son todavía más importantes porque el país está tratando de construir una justicia más moderna, digital, rápida y transparente. El propio Poder Judicial ha informado que entre 2019 y 2025 eliminó la totalidad de los expedientes acumulados desde 1982 y alcanzó al cierre de 2025 una tasa de resolución del 111 %. (Día del Poder Judicial ?)

Es decir, estamos hablando de un Poder Judicial que precisamente está colocando la eficiencia y la reducción de la mora en el centro de su transformación.

Entonces no podemos mandar un mensaje contradictorio.

Si queremos que nuestros jueces trabajen para reducir la mora, debemos demostrar que ese esfuerzo será tomado en cuenta.

Si queremos que administren mejor los tribunales, debemos reconocer la buena gestión.

Si queremos que produzcan decisiones oportunas, debemos valorar la oportunidad.

Y si queremos independencia judicial, debemos garantizar que la permanencia o salida de un magistrado no sea percibida como consecuencia de factores distintos de su desempeño, idoneidad e integridad.

Por eso el caso Francisco Jerez Mena no debería terminar con la noticia de que no fue confirmado.

Debería comenzar una conversación nacional sobre cómo estamos evaluando a nuestros jueces.

Porque si un magistrado consigue que una sala de la Suprema Corte alcance mora cero y, al mismo tiempo, el sistema decide no continuar con él, la sociedad tiene derecho a preguntar qué otros factores fueron considerados y cuánto pesaron frente a ese resultado.

No estoy diciendo que la mora cero obligue al Consejo a confirmar a nadie.

Estoy diciendo algo más sencillo: si la eficiencia es una virtud que reclamamos al Poder Judicial, debe tener un valor real cuando evaluamos a quienes lo integran.

Y si no lo tiene, debemos saberlo.

Porque de nada sirve exigir jueces eficientes si después el sistema no les demuestra que la eficiencia forma parte de los criterios que determinan su permanencia.

Aquí es donde entra el título de este artículo.

¿Quién está desorientando al presidente?

No lo pregunto para acusar a una persona concreta. Lo pregunto como ciudadano y como abogado.

El presidente de la República, como presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, necesita recibir información completa, técnica, objetiva y equilibrada para adoptar decisiones de esta trascendencia.

Un buen asesor no es quien simplemente confirma lo que el gobernante quiere escuchar.

Un buen asesor es quien le presenta los datos que incomodan, los argumentos que contradicen, los antecedentes que deben conocerse y las consecuencias que una decisión puede producir.

El presidente necesita escuchar a quienes conocen la política, pero también necesita escuchar a quienes conocen la justicia.

Necesita conocer los resultados.

Necesita conocer las sentencias.

Necesita conocer la productividad.

Necesita conocer la mora.

Necesita conocer las fortalezas y debilidades de cada candidato.

Y necesita tener la seguridad de que la información que llega a la mesa del Consejo no está filtrada por intereses particulares.

Porque cuando se decide quiénes serán los jueces de la Suprema Corte de Justicia, no se está llenando una vacante administrativa.

Se está definiendo quién tendrá en sus manos una parte esencial del poder de interpretar definitivamente la ley, proteger derechos y construir jurisprudencia para toda la República.

Por eso, más que lamentar la salida de un magistrado, debemos aprovechar este momento para fortalecer el sistema.

Que el CNM publique, dentro de lo que permita la Constitución y la ley, la mayor cantidad posible de información sobre los criterios utilizados.

Que fortalezca sus equipos técnicos.

Que establezca indicadores objetivos de evaluación judicial.

Que otorgue un peso claro a la eficiencia sin sacrificar independencia ni calidad.

Que valore la experiencia jurisdiccional.

Y que el mérito pueda demostrarse con hechos.

Porque los jueces también necesitan saber qué espera la República de ellos.

Y la respuesta debería ser sencilla:

Que sean independientes, íntegros, preparados, prudentes, eficientes y capaces de administrar justicia con calidad y oportunidad.

El país no necesita jueces que solamente acumulen años en sus cargos.

Necesita jueces que dejen resultados.

Y cuando un magistrado deja resultados verificables, el sistema tiene el deber de explicarnos cómo esos resultados fueron ponderados.

No para favorecer a Francisco Jerez.

No para perjudicar a los cinco magistrados confirmados.

Sino para proteger algo mucho más importante:

la confianza de la sociedad en la forma en que escogemos a quienes administran justicia en nombre de la República.

Porque cuando hablamos de la Suprema Corte de Justicia, no estamos hablando solamente de magistrados.

Estamos hablando de la justicia de todos.