El futuro también se ordena

Hay lugares que nos recuerdan que la riqueza de una nación no siempre se encuentra en lo que construye, sino también en aquello que la naturaleza le ha permitido producir. Hace unos días, recorriendo Moca, volví a pensar en esa verdad. En esta tierra de profunda tradición agrícola, observé una transformación que merece nuestra atención: terrenos de extraordinaria vocación productiva están dando paso a edificaciones y urbanizaciones que modifican, muchas veces de manera irreversible, su destino.

No se trata de oponerse al crecimiento de las ciudades. Una sociedad que progresa necesita construir. Pero también necesita saber dónde hacerlo, porque no todo terreno disponible debería considerarse urbanizable. Mientras observaba aquellos terrenos de Moca, me hice una pregunta que trasciende la provincia Espaillat: ¿quién decide el destino de la tierra dominicana, y con qué criterios?

La respuesta nos conduce a uno de los grandes desafíos institucionales de nuestro tiempo: el ordenamiento territorial. Nuestra Constitución, en su artículo 194, establece que la formulación y ejecución de un plan de ordenamiento territorial es prioridad del Estado, para asegurar el uso eficiente y sostenible de los recursos naturales de la nación. No es una disposición decorativa; es un mandato que vincula la planificación del territorio con la responsabilidad frente a las generaciones presentes y futuras. La Ley núm. 368-22, de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos, desarrolla ese mandato: reconoce que el territorio no puede organizarse mediante decisiones aisladas o respuestas improvisadas al crecimiento urbano.

Pero las leyes adquieren significado cuando transforman las decisiones cotidianas, y en materia territorial buena parte de esas decisiones se materializa en los municipios. Los ayuntamientos tienen una responsabilidad esencial en la regulación del uso del suelo, dentro de sus competencias y en coordinación con las autoridades nacionales: definir dónde puede crecer una ciudad, qué espacios proteger y bajo qué condiciones desarrollarse. Esa responsabilidad exige algo más que tramitar permisos de construcción; exige una visión de futuro. En Moca encontré una oportunidad para reflexionar sobre esto: el municipio ha venido trabajando en instrumentos de ordenamiento territorial, un esfuerzo que merece continuidad y participación ciudadana, para que sus resultados se traduzcan en reglas claras y mecanismos de seguimiento.

Hay una diferencia entre conocer el valor comercial de un terreno y comprender su valor estratégico para una nación. El mercado determina cuánto cuesta una parcela hoy. Pero su capacidad agrícola, su disponibilidad de agua y su contribución a la producción de alimentos requieren una valoración más amplia. Una hectárea de tierra fértil puede transformarse en urbanización; recuperar después sus condiciones originales puede resultar extraordinariamente difícil o imposible. Esa asimetría debería obligarnos a examinar con mayor rigor las decisiones que modifican permanentemente nuestros mejores suelos — sobre todo pensando en la seguridad alimentaria, que depende de un factor que no podemos fabricar a voluntad: el suelo con aptitud agrícola.

Protegerlo no significa desconocer el derecho de propiedad, sino reconocer que la propiedad, en nuestro orden constitucional, tiene también una función social que debe armonizarse con el interés general — con fundamento legal, criterios objetivos y procedimientos transparentes. Tampoco sería correcto plantear una confrontación entre agricultura y construcción: ambas generan empleo y bienestar. Lo que necesitamos es determinar, con información y participación social, dónde cada una puede desarrollarse mejor. El problema no es construir, sino hacerlo sin considerar suficientemente las consecuencias de dónde construimos.

Esto conecta con una preocupación que vengo desarrollando en mis recorridos por el país: construir un Estado que no solo funcione, sino que aprenda y se anticipe. En demasiadas ocasiones la gestión pública interviene cuando los problemas ya se han producido. El ordenamiento territorial ofrece la posibilidad de invertir esa lógica: planificar antes de autorizar, prevenir antes de reparar, preservar antes de lamentar.

Por eso considero que el ordenamiento territorial debe ocupar un lugar central en la conversación sobre la República Dominicana que aspiramos a construir hacia 2044. No basta con imaginar un país con mejores carreteras e industrias competitivas; también debemos preguntarnos qué tierras estarán produciendo nuestros alimentos y qué fuentes de agua habremos protegido. El futuro de un país también se decide en sus mapas de uso del suelo.

No podemos detener el tiempo ni impedir que las ciudades evolucionen. Lo que sí podemos hacer es asegurarnos de que esa evolución responda a decisiones conscientes, sustentadas en evidencia y orientadas por una visión de largo plazo — porque una nación que crece sin ordenar su territorio corre el riesgo de descubrir demasiado tarde que parte de aquello que sacrificó era precisamente lo que necesitaba conservar.

El ordenamiento territorial es, en el fondo, un compromiso entre generaciones: la capacidad de decidir hoy qué debemos preservar para que quienes vengan mañana todavía tengan oportunidades de elegir.

Vamos por lo que nos une. Hoy nos une la tierra que debemos preservar.