El hambre en el mundo, un fantasma difícil de erradicar

A pesar de los esfuerzos realizados durante décadas por los gobiernos, los organismos internacionales y la sociedad civil, el hambre continúa siendo uno de los problemas más persistentes de la humanidad. Millones de personas carecen de los alimentos necesarios para llevar una vida saludable, mientras que otros sectores de la población, incluso en países con suficiente producción agrícola, no pueden adquirir una dieta adecuada debido a sus bajos ingresos y al elevado costo de la vida.

En este contexto, la República Dominicana acaba de alcanzar un hito importante. En julio de 2026, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) confirmó que el país redujo la prevalencia de la subalimentación por debajo del 2.5 %, umbral internacional utilizado para determinar la salida del Mapa del Hambre. Este reconocimiento constituye un avance significativo y merece ser celebrado, pero también exige una reflexión sobre la sostenibilidad de los resultados y las tareas pendientes para garantizar que todos los dominicanos puedan alimentarse dignamente.

La distinción no debe interpretarse como la desaparición absoluta del hambre ni como una certificación de que todos los hogares disponen de una alimentación suficiente, variada y nutritiva. La subalimentación es un indicador estadístico específico, mientras que la inseguridad alimentaria también comprende las dificultades para adquirir alimentos saludables, la reducción de las porciones, la omisión de comidas y el deterioro de la calidad nutricional de la dieta. Por eso, el éxito debe medirse tanto por los avances nacionales como por la situación de los hogares más vulnerables.

De los Objetivos del Milenio a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

En el año 2000, la comunidad internacional adoptó los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), cuya vigencia se extendió hasta 2015. Su primer objetivo consistía en erradicar la pobreza extrema y el hambre. Entre sus metas figuraba reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas que padecían hambre y de aquellas cuyos ingresos eran inferiores a un dólar diario, según los parámetros internacionales utilizados en aquel momento.

La República Dominicana participó en este compromiso internacional y logró avances en diversas áreas del desarrollo humano. Sin embargo, los resultados no fueron uniformes. La reducción de la pobreza y la ampliación de los servicios sociales no eliminaron todas las desigualdades, ni garantizaron que cada familia pudiera adquirir regularmente una canasta alimentaria suficiente. La experiencia dejó una lección fundamental: el crecimiento económico, aunque necesario, no se traduce automáticamente en una reducción proporcional del hambre.

En septiembre de 2015, los ODM dieron paso a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), una agenda más amplia que compromete a los países hasta 2030. El segundo objetivo, denominado Hambre Cero, plantea poner fin al hambre, garantizar la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible. A diferencia del enfoque anterior, incorpora expresamente la productividad de los pequeños productores, la resiliencia de los sistemas alimentarios y la necesidad de conservar los recursos naturales.

Para la República Dominicana, la transición entre ambas agendas supone pasar de reducir la prevalencia del hambre a construir un sistema alimentario que garantice disponibilidad, acceso económico, calidad nutricional y estabilidad a largo plazo. No basta con producir más alimentos: es indispensable que estos lleguen a precios razonables a los hogares, que los agricultores reciban una remuneración justa y que la producción pueda mantenerse frente a sequías, inundaciones, plagas y perturbaciones internacionales.

La agricultura y su aporte a la economía dominicana

La producción agropecuaria constituye una actividad estratégica para la economía nacional. Además de generar empleos rurales, suministra materias primas a la industria alimentaria, abastece los mercados locales, contribuye a la estabilidad de los precios y genera divisas mediante las exportaciones.

Según el Ministerio de Agricultura, el sector agropecuario registró un crecimiento real de 4.9 % en 2024, mientras que la actividad agrícola avanzó 4.1 %. En términos nominales, el valor agregado agropecuario alcanzó aproximadamente RD$329,723.5 millones, equivalentes a alrededor del 4.5 % del producto interno bruto (PIB) nacional. Estas cifras muestran que su importancia no se limita a su participación directa en el producto: también influye sobre el empleo, el comercio, la industria y el costo de la alimentación.

Cuadro 1. Evolución del PIB agropecuario dominicano, 2020-2024

Fuente: Ministerio de Agricultura, Desempeño del Sector Agropecuario 2020-2024, con datos del Banco Central. Los valores están expresados a precios corrientes; por tanto, su aumento nominal no equivale íntegramente a crecimiento real de la producción.

La expansión del valor nominal refleja el aumento de la actividad, los precios y otros factores económicos. Para evaluar la productividad real es necesario observar los volúmenes cosechados, los rendimientos por tarea o hectárea y los costos de los insumos. Esta distinción resulta fundamental, pues una finca puede vender su cosecha a un precio mayor y, aun así, obtener menos beneficios si sus gastos aumentan todavía más.

La producción nacional comprende rubros esenciales para la dieta dominicana, como arroz, plátano, yuca, batata, habichuelas, vegetales, frutas, huevos, leche, carne de pollo y otros productos pecuarios. También incluye cultivos destinados a la exportación, entre ellos cacao, banano, aguacate y tabaco. La combinación de ambos grupos es indispensable: los productos de consumo interno sostienen el abastecimiento, mientras que los exportables contribuyen a generar divisas y diversificar la economía rural.

La prioridad debe ser fortalecer la producción con criterios de rentabilidad, seguridad alimentaria y sostenibilidad ambiental. Defender al agricultor dominicano no significa proteger indefinidamente cualquier actividad sin evaluar sus resultados, sino crear las condiciones para que los productores eficientes puedan competir, los pequeños agricultores mejoren sus rendimientos y los consumidores tengan acceso a alimentos seguros y asequibles.

Producción nacional y exportaciones: oportunidades y dependencias

Las exportaciones agropecuarias representan una fuente importante de ingresos externos. El informe sectorial del Ministerio de Agricultura correspondiente a 2020-2024 registró exportaciones por aproximadamente US$3,364.6 millones en 2024 para los capítulos arancelarios 01 al 24, que incluyen productos agropecuarios y alimentarios. Estados Unidos fue el principal destino, con cerca del 48 % de ese total, seguido de Haití y los Países Bajos.

En 2025, los registros aduaneros mostraron un desempeño destacado del cacao, el tabaco y otros productos agrícolas. El cacao en grano alcanzó un valor exportado de US$668.9 millones; el tabaco, alrededor de US$275.9 millones bajo la clasificación utilizada en el boletín; los guineos, US$196.7 millones; y los aguacates, US$91.3 millones. Estas cifras evidencian oportunidades para diversificar las exportaciones, ampliar los mercados y aumentar el valor agregado de la producción nacional.

Cuadro 2. Principales productos agropecuarios exportados en 2025

Fuente: Boletín de Estadísticas Agropecuarias, enero-diciembre de 2025, elaborado por la Oficina Nacional de Estadística con datos de la Dirección General de Aduanas. Los valores corresponden a productos seleccionados y no representan el total de las exportaciones agropecuarias.

El desempeño exportador, sin embargo, debe analizarse junto con las importaciones. Durante 2025, el país importó aproximadamente 1.88 millones de toneladas métricas de maíz, por un valor de US$400.7 millones, y 673,481.6 toneladas de trigo, por US$174.7 millones. También registró importaciones considerables de aceite de soya y carnes. Estas compras responden, en parte, a las necesidades de la industria alimentaria y de la producción pecuaria, por lo que no todas pueden sustituirse de inmediato con oferta local.

El objetivo no debe ser perseguir una autosuficiencia absoluta, económica o agronómicamente inviable en cada producto. La estrategia adecuada consiste en identificar los rubros en los que la producción nacional puede competir, reducir vulnerabilidades excesivas frente a proveedores externos y asegurar fuentes diversificadas de abastecimiento para los bienes que convenga importar.

La experiencia del cacao y el banano demuestra que la agricultura dominicana puede conquistar mercados internacionales. Para reproducir ese éxito en otros rubros se necesitan mejores semillas, sistemas de riego, certificaciones sanitarias, cadenas de frío, transporte eficiente, almacenamiento y acceso estable al crédito. Sin estos elementos, el productor puede cosechar un producto de calidad y perder parte importante de sus ingresos por deterioro, intermediación o dificultades para colocarlo en el mercado.

El aumento de los costos de producción: una amenaza para la rentabilidad

Uno de los principales problemas de la agricultura dominicana es el aumento y la volatilidad de los costos de producción. Los fertilizantes, los plaguicidas, las semillas, los combustibles, la electricidad, el alquiler de equipos, el transporte y la mano de obra inciden directamente en el costo final de los alimentos. Muchos de estos insumos dependen de mercados internacionales y están expuestos a las variaciones del petróleo, los fletes, el tipo de cambio y los conflictos geopolíticos.

La presión se hizo especialmente visible durante los años de la pandemia y la posterior disrupción de las cadenas de suministro. A partir de 2022, los precios internacionales de la energía y de numerosos insumos agrícolas aumentaron con fuerza. Aunque las cotizaciones internacionales han mostrado variaciones posteriores, el alivio no siempre se transmite de forma inmediata a las fincas, debido a los inventarios adquiridos a precios anteriores, los costos de distribución y las condiciones de comercialización.

El problema no se limita a los fertilizantes. Una finca que depende del riego mediante bombas de combustible o electricidad enfrenta una estructura de gastos distinta de la de una explotación con acceso a agua por gravedad. De igual forma, los agricultores situados lejos de los mercados mayoristas soportan mayores costos de transporte y pueden recibir menores precios por sus cosechas.

Cuadro 3. Evolución de los costos de producción agropecuaria, 2016-2026

Fuente: Ministerio de Agricultura, informes de costos de producción, estadísticas de precios de insumos y comunicaciones oficiales sobre el subsidio a fertilizantes. La tabla describe la evolución de los factores de costo; no constituye una serie de índices porcentuales anuales. Para calcular variaciones comparables entre 2016 y 2026 se requiere disponer de costos por cultivo, unidad de superficie y tecnología, expresados en una misma metodología y con datos anuales homogéneos. No debe interpretarse 2026 como un año cerrado.

En junio de 2026, el Gobierno anunció que los recursos destinados al subsidio de fertilizantes superarían los RD$2,151 millones, incluida una asignación adicional de más de RD$1,090 millones. La medida representa un instrumento de apoyo ante las presiones de los mercados internacionales. Sin embargo, para determinar su efectividad es necesario evaluar cuánto del subsidio llega efectivamente al productor, qué cultivos beneficia, cómo modifica el costo por unidad producida y si se traduce en mayor rentabilidad o en precios más estables para el consumidor.

Una política agropecuaria moderna requiere estadísticas periódicas de costos y márgenes por rubro. Sin esa información, resulta difícil establecer cuáles actividades necesitan asistencia temporal, cuáles pueden aumentar su productividad y cuáles presentan desventajas estructurales que exigen reconversión productiva.

Las dificultades que enfrentan los agricultores

El agricultor dominicano trabaja bajo riesgos que no siempre puede controlar. Las sequías prolongadas, las lluvias intensas, las inundaciones, los huracanes y las plagas pueden destruir una cosecha en cuestión de horas, después de meses de inversión. El cambio climático añade incertidumbre a los calendarios de siembra y aumenta la importancia de los sistemas de riego, el drenaje y los seguros agropecuarios.

A esos riesgos se suman las limitaciones de financiamiento. Muchos pequeños productores carecen de garantías suficientes para acceder a préstamos bancarios en condiciones favorables. Cuando consiguen recursos, deben afrontar obligaciones financieras aun cuando una cosecha se pierde o los precios caen. El crédito rural debe adaptarse a los ciclos agrícolas y contemplar períodos de gracia, seguros y mecanismos de reestructuración ante pérdidas extraordinarias debidamente comprobadas.

La fragmentación de la tierra constituye otra dificultad. Las explotaciones pequeñas pueden enfrentar costos unitarios elevados para adquirir maquinaria, instalar riego tecnificado o contratar asistencia profesional. No obstante, la modernización no tiene por qué limitarse a los grandes propietarios. Las cooperativas, asociaciones de productores, centros de servicios compartidos y empresas de maquinaria por contrato pueden permitir que agricultores familiares accedan a equipos modernos sin tener que comprarlos individualmente.

También existen deficiencias en el almacenamiento, el transporte, la refrigeración y la comercialización. La falta de instalaciones apropiadas genera pérdidas poscosecha y obliga a vender rápidamente productos perecederos, incluso cuando los precios son desfavorables. Una política de centros de acopio, mercados regionales y contratos transparentes podría mejorar la posición negociadora del agricultor y reducir el margen entre el precio recibido en la finca y el pagado por el consumidor.

La asistencia técnica necesita mayor continuidad. La mecanización, la agricultura de precisión, el uso eficiente del agua, el control integrado de plagas y la mejora de semillas pueden elevar los rendimientos, pero requieren capacitación y adaptación a cada región. No se trata de importar tecnología indiscriminadamente, sino de introducir soluciones apropiadas para el tamaño de las fincas, los cultivos y las condiciones ambientales del país.

Por último, debe abordarse el problema del relevo generacional. Si la actividad agrícola ofrece ingresos inciertos, servicios rurales insuficientes y pocas oportunidades de progreso, los jóvenes buscarán empleo en otros sectores. Mejorar las escuelas rurales, la conectividad digital, los caminos, la atención sanitaria y las posibilidades de emprendimiento agroindustrial es también una política de seguridad alimentaria.

La importación de arroz y el desafío de la competitividad

La apertura comercial constituye uno de los debates más delicados para la agricultura dominicana. El arroz ocupa un lugar central en la alimentación nacional y en la economía de numerosas comunidades rurales. Por esa razón, las disposiciones comerciales que modifican su protección arancelaria tienen consecuencias económicas y sociales que trascienden el precio de una mercancía.

El Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA) fue firmado en 2004 y entró en vigor para la República Dominicana en 2007. Su calendario de desgravación contempla compromisos progresivos y la eliminación de determinadas restricciones comerciales conforme a las condiciones negociadas. Por tanto, la situación arancelaria del arroz debe explicarse con precisión: no es correcto reducir el acuerdo a una decisión aislada de importar sin aranceles desde 2007, porque el calendario de transición y las condiciones aplicables al producto son esenciales para comprender el proceso.

La apertura puede beneficiar a los consumidores si amplía la oferta y reduce los precios, pero también puede perjudicar a productores locales cuando existe una diferencia importante de productividad, financiamiento, infraestructura o escala. La respuesta no debe consistir en desconocer los compromisos internacionales, sino en utilizar el tiempo y los instrumentos legítimos de política pública para mejorar la competitividad del cultivo.

El arroz necesita semillas de alto rendimiento, mecanización apropiada, manejo eficiente del agua, investigación agronómica y reducción de pérdidas. Además, la política comercial debe ser previsible. Los agricultores no pueden organizar la siembra ni invertir en tecnología si desconocen las condiciones bajo las cuales venderán su cosecha. La transición debe acompañarse de información transparente, diálogo con las asociaciones productivas y medidas de adaptación compatibles con los compromisos comerciales.

La protección de la producción nacional tampoco debe convertirse en una justificación para mantener indefinidamente costos elevados o prácticas ineficientes. El objetivo consiste en lograr que el productor pueda competir, que el consumidor pague un precio razonable y que el país conserve una capacidad estratégica de abastecimiento ante las crisis internacionales.

El hambre dominicana: salir del mapa no significa resolverlo todo

La reducción de la subalimentación por debajo del 2.5 % constituye un logro histórico para la República Dominicana. La información difundida por la FAO en julio de 2026 confirma que el país superó el umbral estadístico utilizado para salir del Mapa del Hambre. El avance es considerable si se compara con el 8.7 % reportado para 2020 y el 3.6 % divulgado en 2025.

Sin embargo, estas cifras deben interpretarse con cuidado. Los indicadores internacionales se calculan a partir de estimaciones y períodos de referencia específicos; no equivalen a un conteo de cada persona que pasa hambre diariamente. Tampoco deben confundirse con la inseguridad alimentaria moderada o grave, que puede afectar a personas que consumen alimentos de forma irregular, reducen la calidad de su dieta o carecen de recursos para comprar una canasta nutritiva.

En consecuencia, no resulta metodológicamente correcto afirmar, sin una fuente y un período definidos, que alrededor de un millón de dominicanos padecen hambre en el sentido estricto de subalimentación. Esa cifra podría referirse a una medición más amplia de inseguridad alimentaria, pero tendría que verificarse con la encuesta, el indicador y el año correspondientes. La distinción es importante para evitar que una buena noticia estadística oculte problemas sociales que todavía necesitan atención.

La pobreza, el empleo informal, los bajos salarios, el costo de la vivienda y el encarecimiento de los alimentos pueden obligar a numerosas familias a sacrificar la calidad nutricional de su dieta. Un hogar puede disponer de suficientes calorías y, al mismo tiempo, consumir pocas frutas, vegetales, proteínas y micronutrientes. Los niños, las mujeres embarazadas, las personas mayores y los hogares con ingresos inestables son especialmente vulnerables a las consecuencias de una alimentación deficiente.

La seguridad alimentaria tiene cuatro dimensiones fundamentales: disponibilidad de alimentos, acceso físico y económico, utilización nutricional y estabilidad en el tiempo. El país puede contar con mercados abastecidos, pero si una familia no tiene ingresos suficientes, el alimento no se convierte automáticamente en una posibilidad real. De ahí la importancia de combinar políticas agropecuarias con empleo digno, protección social, alimentación escolar, atención primaria de salud y educación nutricional.

Los programas públicos de alimentación, incluidos los dirigidos a estudiantes, pueden contribuir a proteger a la población vulnerable y mejorar su nutrición. No obstante, deben operar con controles de calidad, compras transparentes y, cuando resulte viable y competitivo, participación de productores nacionales. Vincular la alimentación escolar con la agricultura familiar puede generar mercados estables para los agricultores y alimentos frescos para los estudiantes.

La meta de Hambre Cero exige mantener vigilancia sobre la evolución de los precios de la canasta básica y sobre la capacidad adquisitiva de los hogares. El indicador nacional debe complementarse con datos desagregados por provincia, nivel de ingreso, edad y zona de residencia. Solo así se podrá identificar dónde persisten las mayores dificultades y orientar los recursos públicos hacia quienes más los necesitan.

ODM y ODS: balance dominicano de 2000 a 2026

La experiencia dominicana con los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los Objetivos de Desarrollo Sostenible muestra una evolución desde metas más delimitadas hacia una visión integral del desarrollo. Los ODM contribuyeron a colocar la pobreza y el hambre en el centro de la agenda internacional. Los ODS ampliaron ese compromiso al incluir la sostenibilidad ambiental, la productividad de los pequeños agricultores, la nutrición y la resiliencia de los sistemas alimentarios.

Balance comparativo de los compromisos

Fuente: Naciones Unidas, FAO, Oficina Nacional de Estadística y publicaciones oficiales de la República Dominicana. El cuadro es una síntesis cualitativa del progreso, no una evaluación oficial de cumplimiento de todas las metas ODM y ODS.

El principal avance cuantificable en 2026 es la reducción de la subalimentación por debajo del umbral internacional. Sin embargo, no puede concluirse que el país haya cumplido integralmente el ODS 2, cuyo horizonte es 2030 y que incluye objetivos adicionales sobre malnutrición, productividad agrícola, ingresos de los pequeños productores, sistemas de producción sostenibles y diversidad genética de semillas y animales.

Tampoco sería riguroso declarar que todos los ODM fueron cumplidos o incumplidos en bloque. Cada objetivo comprendía metas e indicadores diferentes. Para valorar el desempeño histórico con precisión se necesitan las series nacionales correspondientes, las metas originales y las revisiones metodológicas aplicadas. La reducción del hambre es un resultado central, pero no sustituye la evaluación de pobreza, salud, educación, igualdad y sostenibilidad.

La diferencia más importante entre ambas agendas es que el ODS 2 exige transformar las condiciones que producen inseguridad alimentaria. Esto implica elevar la productividad sin degradar los suelos, reducir las pérdidas, proteger el agua, fortalecer la investigación agrícola y mejorar los ingresos rurales. La lucha contra el hambre deja de ser únicamente una política asistencial y se convierte en una estrategia de desarrollo económico y social.

Conclusiones

La República Dominicana ha conseguido un avance significativo al reducir la prevalencia de la subalimentación por debajo del umbral internacional de la FAO. Este resultado demuestra que las políticas públicas sostenidas, la expansión de la producción y los programas de protección social pueden generar cambios importantes. Sin embargo, la salida del Mapa del Hambre debe considerarse un punto de partida para consolidar el derecho a la alimentación, no una razón para disminuir la vigilancia sobre los hogares que todavía enfrentan dificultades económicas y nutricionales.

En segundo lugar, la seguridad alimentaria depende de la fortaleza del productor nacional. Es necesario mejorar el acceso al crédito, la mecanización compartida, el riego, la asistencia técnica, los seguros agrícolas y la comercialización. También se requiere una política de costos transparente que permita medir la evolución de los insumos y determinar qué apoyos producen mejores resultados. La modernización debe beneficiar tanto a las grandes explotaciones como a los pequeños agricultores, sin descuidar la sostenibilidad ambiental ni la competitividad internacional.

Finalmente, cumplir el ODS 2 antes de 2030 exige coordinar la producción agropecuaria con las políticas de empleo, nutrición, educación y protección social. El país debe mantener estadísticas confiables sobre subalimentación, inseguridad alimentaria y costos de una dieta saludable, al tiempo que fortalece los mercados internos y las exportaciones. El verdadero triunfo contra el hambre llegará cuando ningún dominicano tenga que sacrificar la cantidad o la calidad de sus alimentos por falta de ingresos, y cuando producir alimentos en el campo sea una actividad rentable, digna y sostenible.

Bibliografía y fuentes de consulta

1. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). (2026). El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo (SOFI 2026). Consultar informe y comunicado oficial.

FAOHome

2. Ministerio de Agricultura de la República Dominicana. (2026). Desempeño del sector agropecuario 2020-2024. Consultar informe estadístico.

Ministerio de Agricultura

3. Oficina Nacional de Estadística (ONE). (2026). Boletín de Estadísticas Agropecuarias, enero-diciembre de 2025. Consultar boletín.

diciembre 2025

4. Oficina Nacional de Estadística (ONE). Objetivos de Desarrollo del Milenio y Objetivos de Desarrollo Sostenible en la República Dominicana. Consultar portal oficial.