Haití, el país que se encoge

Hay países que no se pierden de golpe. Se van retirando de la vida cotidiana, calle tras calle, trayecto tras trayecto, hasta que el mapa oficial permanece intacto mientras el mapa de la vida real se desgarra. En Haití, en el departamento del Oeste, esta contracción del territorio se mide por el miedo a desplazarse, las viviendas que se han vuelto inaccesibles, las universidades obligadas a trasladarse y el horizonte de posibilidades que se estrecha. La crisis no es, por tanto, solamente una batalla por el Estado: es una desposesión de la vida cotidiana.

El mapa ya no basta para describir el país

Hablar de "territorios perdidos" no es una fórmula cómoda. Los informes internacionales describen la expansión de grupos armados en varias comunas del departamento del Oeste y el control que ejercen sobre carreteras estratégicas, mientras que el informe del Grupo de Expertos de la ONU, publicado en septiembre de 2026, subraya la fragilidad de los avances en materia de seguridad y el control de las principales vías nacionales.

Pero la pérdida territorial no se reduce a un color sobre un mapa. Comienza cuando un mercado, una escuela, un hospital o una vivienda dejan de ser libremente accesibles; cuando un desplazamiento ordinario exige cálculos, desvíos, dinero y suerte.

La capital parece entonces contraerse hasta quedar reducida a unos pocos islotes donde todavía es relativamente posible circular, identificados frecuentemente en las conversaciones cotidianas con Delmas y Pétion-Ville. Esta simplificación no describe una frontera administrativa: expresa una geografía del miedo.

La capital no es solamente menos extensa; es también menos compartible. Las calles, como escribe Henri Lefebvre en El derecho a la ciudad, son también espacios donde se construye el acceso a la vida urbana. Cuando desplazarse se convierte en un privilegio, la ciudad deja de ser un mundo común y se transforma en un archipiélago de permisos.

El exilio interior y el precio del refugio

Huir de una zona amenazada no significa recuperar la seguridad. Puede significar alquilar una habitación demasiado cara, hacinarse en casa de familiares, comenzar de nuevo en otro lugar sin escuela ni empleo y, finalmente, dedicar una proporción cada vez mayor de los ingresos al simple derecho de permanecer allí.

En marzo de 2025, Le Nouvelliste informaba de aumentos de los alquileres que, en algunos casos, llegaban a duplicarse en Puerto Príncipe, en medio del éxodo de familias que abandonaban los sectores bajo control de grupos armados.

Este testimonio periodístico no constituye un índice general de precios, pero permite visualizar un mecanismo social: el miedo desplaza la demanda y el desplazamiento puede convertirse en una fuente de rentas para quienes poseen una vivienda.

Karl Polanyi nos ayuda a comprender lo que ocurre cuando la vivienda, condición indispensable para la vida, queda abandonada exclusivamente a la lógica del mercado: la sociedad termina pagando el precio de su propio desarraigo.

Amartya Sen, por su parte, nos invita a evaluar el desarrollo a partir de las libertades reales de las que disponen las personas.

Ahora bien, ¿de qué sirve la libertad formal de elegir dónde vivir si la inseguridad, el costo del alquiler y la escasez del transporte reducen esa elección a un imperativo de supervivencia?

Los recorridos que se acortan son libertades mutiladas: ir al trabajo, llevar a un niño a la escuela o visitar a un familiar se convierten en posibilidades condicionadas.

Mirebalais, Saut-d’Eau y el desplazamiento hacia Hinche

La crisis no se detiene en los límites del departamento del Oeste. En el departamento del Centro, el ataque contra Mirebalais y Saut-d’Eau, el 31 de marzo de 2025, desplazó brutalmente el centro de gravedad del miedo.

La Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh) todavía señalaba, durante el primer trimestre de 2026, la presencia de grupos armados en ambas comunas.

Unicef había descrito, desde mayo de 2025, cómo las carreteras estratégicas que conectan Hinche con Mirebalais, Lascahobas y Belladère se habían vuelto intransitables, retrasando las operaciones de socorro y restringiendo los desplazamientos.

Una carretera cortada no se limita a prolongar un trayecto: separa familias, dificulta el abastecimiento y convierte el acceso a una escuela o a la atención médica en una prueba de resultado incierto.

Hinche se convierte, simultáneamente, en refugio y punto de saturación.

En septiembre de 2025, la Organización de Ciudadanos por un Nuevo Haití informaba que ocho escuelas de la ciudad, cinco públicas y tres privadas, seguían acogiendo a familias desplazadas de Mirebalais y Saut-d’Eau cuando se aproximaba el inicio del año escolar.

Este refugio necesario revela el costo del desplazamiento para dos derechos que no deberían entrar en conflicto: las familias necesitan un techo y los niños necesitan una escuela.

Cuando un edificio escolar se convierte en albergue por falta de otros espacios, una emergencia termina trasladándose a otra.

La experiencia de la Escuela Destined for Grace pone rostro a estas estadísticas.

Tras el cierre de su sede en Mirebalais, el establecimiento reanudó las clases en un inmueble alquilado en Hinche. En agosto de 2026, informaba que treinta alumnos habían logrado completar el año escolar, a pesar del inicio tardío de las clases y del traslado forzoso.

La distancia también impedía que algunas familias pudieran llegar a las nuevas instalaciones.

Este caso no representa la situación de todas las escuelas, pero hace tangible la cadena de pérdidas: abandonar un edificio, alquilar un espacio provisional, perder tiempo de enseñanza y comprobar que una parte de los alumnos ha quedado fuera de alcance.

Una investigación específica del Fondo Nacional de Educación, realizada sobre 187 escuelas reubicadas a causa de la inseguridad, permite medir la precariedad económica de estos establecimientos dentro de la muestra estudiada.

De los 118 centros instalados en edificios alquilados, 112, equivalentes al 94.92 %, declararon tener dificultades para pagar el alquiler.

El informe también señala que 163 establecimientos habían perdido al menos una cuarta parte de sus alumnos después del desplazamiento.

Estos resultados no constituyen estadísticas específicas de Hinche, pero ayudan a comprender el mecanismo al que se enfrentan las escuelas desplazadas hacia esa ciudad.

La reubicación no significa volver a la normalidad, sino asumir una nueva factura que se suma a trayectos más largos, alumnos dispersos y recursos educativos ya debilitados.

La universidad convertida en refugio

La Universidad Estatal de Haití lleva esta contradicción inscrita en sus instalaciones desplazadas.

Su rectorado indica que la mayoría de sus dependencias en el departamento del Oeste han sufrido vandalismo, saqueos o incendios. Alrededor de diez habían perdido el acceso a sus edificios y algunas fueron reubicadas provisionalmente para mantener las actividades administrativas, docentes y de investigación.

En octubre de 2026, la Facultad de Ciencias había encontrado refugio en la Oficina de Minas y Energía, en un espacio donde intenta continuar su misión a pesar de las limitaciones impuestas por el desplazamiento.

Hay que reconocer esta perseverancia sin confundirla con una solución.

Una facultad no es un letrero que simplemente pueda colgarse en otro lugar.

Necesita laboratorios, bibliotecas, electricidad, internet, horas de enseñanza, espacios de encuentro y esa continuidad que transforma un aula en una institución.

Reducida a un refugio provisional y a actividades fragmentadas, corre el riesgo de sobrevivir administrativamente mientras pierde parte de su capacidad para formar profesionales y producir conocimientos.

Para Bourdieu, la escuela también distribuye oportunidades y títulos que estructuran el futuro social. Cuando el acceso al conocimiento se debilita, la desigualdad presente comienza a adquirir los rasgos de la desigualdad futura.

El silencio de los gobernantes como ausencia de respuesta

El silencio denunciado por los ciudadanos no siempre significa una ausencia literal de discursos.

Los gobiernos publican comunicados, prometen seguridad, anuncian pactos y establecen calendarios.

El silencio político es algo más profundo: es la distancia persistente entre la palabra institucional y una respuesta verificable al sufrimiento de la población.

En febrero de 2026, el Poder Ejecutivo presentó el restablecimiento de la seguridad y la organización de elecciones como las principales misiones de la transición.

Sin embargo, el informe del Grupo de Expertos de la ONU constata que varios objetivos de seguridad del pacto nacional avanzaban lentamente, mientras que el desplazamiento interno alcanzaba los 1.5 millones de personas en la primavera de 2026.

No se trata de atribuir cada episodio de violencia a un dirigente ni de simplificar una crisis arraigada en décadas de instituciones frágiles, desigualdades, tráficos transnacionales e injerencias extranjeras.

Michel-Rolph Trouillot nos recuerda hasta qué punto la historia haitiana está atravesada por silencios construidos, por aquello que los relatos del poder vuelven invisible.

Pero reconocer la complejidad no puede servir para diluir la responsabilidad.

En Max Weber, la ética de la responsabilidad exige que el dirigente político responda por las consecuencias previsibles de sus decisiones y omisiones.

Por tanto, una promesa de seguridad debe poder medirse por la libertad recuperada para circular, la reapertura de los servicios, el regreso de los estudiantes a espacios dignos de aprendizaje y la protección de las personas desplazadas.

Reconstruir un mundo común

Hobbes escribió que la primera función del poder político consiste en liberar a los seres humanos del miedo a una muerte violenta.

Pero un Estado no se reduce a la fuerza capaz de expulsar a los hombres armados; debe hacer posible una vida en común, libre del miedo arbitrario.

Hannah Arendt denomina política a ese espacio donde las personas comparecen ante los demás, hablan y actúan conjuntamente.

Cuando las calles se cierran y la universidad se dispersa, ese mundo común desaparece materialmente antes de desaparecer de las palabras.

La respuesta, por tanto, no puede limitarse a la seguridad.

Debe combinar la protección de los civiles con el control democrático de las operaciones, la lucha contra los circuitos de armas y su financiamiento, el acceso humanitario, una política de vivienda que proteja a los desplazados frente a los abusos y un plan público para la reinstalación duradera de las facultades universitarias.

Debe rendir cuentas, territorio por territorio, de lo que resulta accesible, de aquello que permanece fuera de alcance y de los recursos comprometidos.

La seguridad sin justicia puede sustituir un miedo por otro; la ayuda sin instituciones no reconstruye la ciudadanía; las elecciones sin espacio cívico no bastan para devolverle la soberanía al pueblo.

A Haití no le faltan palabras ni coraje.

Lo que le falta, demasiado a menudo, son espacios donde esas palabras se conviertan en garantías.

Una capital no se sostiene únicamente por las avenidas que todavía permanecen abiertas, del mismo modo que una universidad no se sostiene solamente por un edificio provisional.

Ambas se sostienen en la posibilidad de encontrarse, aprender, trabajar y regresar a casa.

El país se encoge cada vez que un ciudadano debe renunciar a un barrio, a una clase o a un recorrido.

Devolver el país a sus habitantes exige algo más que reconquistar sus calles: exige restituir a cada persona el derecho a habitar su territorio, circular por él e imaginar allí su futuro. (Publicado originalmente en Le Nouvelliste)