El agua como criterio rector

Ninguna actividad productiva en la República Dominicana puede sostenerse sin agua, y la minería no es la excepción. Lo sabemos porque dependemos de ella, igual que el productor que riega su parcela, la planta que genera electricidad o el municipio que abastece a sus barrios. Por eso el Plan Hidrológico Nacional 2025-2045 acierta al plantear que el reto ya no es buscar más agua, sino usar mejor la que tenemos. Esa tarea nos involucra a todos, y desde el sector minero queremos asumirla con una convicción clara: el agua debe ser un criterio rector en las decisiones mineras.

Reconocemos, primero, que las preocupaciones de las comunidades sobre el agua son legítimas. Detrás de cada cuestionamiento a la minería hay una pregunta razonable: qué pasará con el río, con el pozo, con la cuenca de la que depende una familia. Ninguna cifra sustituye esa respuesta, pero las cifras sí ayudan a dimensionarla. Según autoridades del sector, la minería utiliza alrededor del 2 % del agua del país —cerca del 3 % del uso industrial—, mientras la agricultura concentra entre el 76 % y el 86 %. Las operaciones formales, además, recirculan el agua varias veces, hasta diez en algunos procesos.

Compartimos estos datos no para restarnos responsabilidad, sino para ubicar la conversación. Consumir poco no nos exime de rendir cuentas por cada litro; al contrario, nos obliga a demostrar que lo usamos bien. Reconocemos también que el estrés hídrico tiene causas que ningún sector resuelve solo: la variabilidad climática, la deforestación de las cuencas altas, la sedimentación de los embalses y las pérdidas en el riego y en las redes urbanas.

Diálogo sobre minería

La conversación sobre el agua, trae una pregunta que el país todavía no ha respondido: qué tipo de minería queremos en la República Dominicana. No basta con discutir proyecto por proyecto ni con reaccionar a cada conflicto cuando ya ha estallado. Hace falta un diálogo nacional, permanente y de buena fe, en el que comunidades, empresas, autoridades y academia definan juntas las reglas del juego antes de que se tome cualquier decisión. La propia Constitución ya traza el punto de partida: una minería bajo criterios ambientales sostenibles, cuyos beneficios lleguen a las provincias donde se extrae.

En el sector minero creemos —y así lo ha planteado la Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana (CAMIPE)— que ese diálogo debe partir de una idea sencilla: la minería que el país necesita es una que se deja ver. Eso significa cuencas monitoreadas en tiempo real, con datos abiertos a cualquier ciudadano, para que la discusión se apoye en la misma evidencia y no en la sospecha. Significa también una minería que acepta límites: hay territorios donde, por su sensibilidad hidrogeológica o ambiental, no se debe operar, y definirlos con criterio científico da certeza a todos. Y significa una minería que se hace cargo de su huella desde el primer día, con garantías financieras para el cierre y la remediación sometidas a auditoría pública independiente. La confianza no se pide; se gana.

Ese diálogo debería desembocar en una Ley Minera a la altura de este tiempo. La vigente data de 1971. Una ley moderna podría recoger estos acuerdos y asegurar que el 5 % que reciben los municipios se traduzca en agua potable, saneamiento, reforestación de cuencas y desarrollo local que la gente pueda ver y verificar. No llegamos a esa mesa con todas las respuestas, sino con la disposición de construirlas.

Impacto de la minería

La minería formal aporta al país. Entre enero y septiembre, la explotación de minas y canteras creció 5.2 %, por encima del 4.6 % de la economía nacional, y en septiembre registró un salto interanual del 17.9 %. El oro sigue entre los principales generadores de divisas, y el sector sostiene decenas de miles de empleos directos e indirectos, además de ingresos fiscales y actividad en transporte, energía y servicios locales.

Pero ese aporte solo tiene sentido si se construye sobre agua segura para las comunidades. La Constitución define el agua como patrimonio nacional estratégico y da prioridad al consumo humano sobre cualquier otro uso, y el Gobierno ha sido claro en que ningún proyecto que ponga en riesgo el agua de las comunidades debe avanzar sin los estudios de impacto ambiental que exige la Ley 64-00. Para el sector minero formal, ese mandato no es solo una exigencia legal; es un compromiso moral y ético que asumimos como propio. Por eso sostenemos que un proyecto que no pueda demostrar con evidencia verificable que protege el agua no debe operar.

El camino que traza el Plan Hidrológico —mejor gobernanza, eficiencia en la demanda, protección de las fuentes y participación informada— es también el nuestro. Recorrerlo exige ese diálogo que proponemos, con las comunidades, las autoridades, la academia y los demás sectores productivos sentados a la misma mesa. El agua no es un obstáculo para el desarrollo; es la condición que lo hace posible. Protejámosla juntos, con evidencia y con diálogo.