¿Fue constitucional el gobierno de Caamaño?

A  Julio Martínez Pozo debo el interés por dilucidar el tema que hoy someto a la consideración de amantes de nuestra historia, al igual que de los especialistas en Derecho y temas constitucionales. Hace algún tiempo, durante una breve comparecencia que tuve en el programa radial “El Sol de la Mañana”, se me formuló una pregunta similar a la que intitula el presente artículo. 

Mi respuesta fue afirmativa, como si se tratara de un acto reflejo.  Sin embargo, tanto Martínez Pozo como Nayib Chahede hicieron pertinentes comentarios y aportaron una perspectiva diferente sobre la interrogante que, evidentemente, concitó mi atención al punto de que decidí posteriormente indagar sobre una cuestión de indudable significación histórica, política y jurídica.

El estallido cívico-militar en 1965, conocido como Revolución de Abril, fue consecuencia de la fatídica asonada militar del 25 de septiembre de 1963, que derrocó al régimen democrático presidido por Juan Bosch para sustituirlo por un gobierno de facto, llamado Triunvirato.

Ese gobierno, impopular desde su origen, obró con todas las características de una dictadura, pues no solo suprimió la Constitución de 1963, sino también las instituciones democráticas surgidas del certamen comicial de diciembre de 1962. Durante el breve período en que el Triunvirato desgobernó la nación, ejerció las funciones de Poder Ejecutivo y Poder Legislativo a la vez.

Refiere Bonaparte Gautreaux Piñeyro, en su libro El gobierno de Caamaño (1988), que a principios de 1965 en el país se conspiraba contra el Triunvirato desde diferentes litorales. Esas conspiraciones, añade,  tenían objetivos a un mismo tiempo coincidentes y diferentes.

Por un lado, el Partido Reformista, entonces de reciente creación, con el respaldo del grupo militar conocido como “clan de San Cristóbal”, procuraba deponer a Donald Reid Cabral y conformar un gobierno de transición que organizara nuevas elecciones. Naturalmente, Joaquín Balaguer, principal líder de esa formación política, confiaba en que ganaría la nueva consulta electoral con el apoyo de Washington.

Por otro lado, también conspiraba la cúpula política del PRD, unida a un grupo militar integrado por jóvenes oficiales del Ejército, liderados por el coronel Rafael Fernández Domínguez, cuyo objetivo fundamental era propiciar el retorno al poder de Juan Bosch con el fin de que se concluyera el período constitucional para el que había sido electo en diciembre de 1962.

Finalmente, existía otro sector encabezado por el propio triunviro Donald Reid Cabral, quien contaba con el apoyo del grupo militar con asiento en la base aérea de San Isidro, y se proponía convocar a elecciones sin la participación de los dos líderes de la oposición -Bosch y Balaguer- y así permanecer al frente de la cosa pública.

Tal era, en síntesis, la coyuntura política nacional cuando el 24 de abril de 1965 eclosionó el movimiento revolucionario cívico-militar promovido por el PRD y por los militares partidarios del retorno a la Constitución de 1963. El descrédito del Triunvirato era de tal magnitud (por los excesos cometidos en todos los órdenes y por la incesante represión política contra los sectores populares), que ninguna fuerza militar importante -ni siquiera el grupo de San Isidro- se preocupó por defenderlo.

Las diferencias irreconciliables sobrevinieron inmediatamente después del coup d’État del 24 de abril, porque entonces afloró una disyuntiva respecto de cuál fórmula política seguir. ¿Un período de transición hacia nuevas elecciones presidenciales o restablecer el gobierno constitucional de Juan Bosch suprimido a raíz del golpe septembrino de 1963?